Las condenas que pagan los inocentes detenidos por el régimen
Solo en abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción, la Policía y el Ejército salvadoreños detuvieron a alrededor de 18 mil personas. Simón fue una de ellas. Su breve paso por la cárcel de Mariona casi le cuesta la vida. Sobrevivió y fue liberado. Y aunque cada recuerdo de esos meses le duele como una herida abierta, quiere contar su historia y quizá la de cientos más: la de los justos que pagan por los pecadores.
El día de su detención, Simón pensó que era buena idea acompañar a su hermano Daniel a la estación de policía. Los agentes lo estaban buscando y quería aclarar la situación. Según Simón y vecinos que respaldaron esta versión, ninguno de los dos tenía nada que temer, porque no tenían relación con las pandillas. Eran ambos agricultores y trabajadores conocidos por la comunidad.
En la estación no hubo tiempo para exponer su inocencia. Los policías detuvieron a Daniel, y de paso, a Simón, sin explicar las razones para acusarlos a ambos por agrupaciones ilícitas. Les dijeron que estarían 72 horas detenidos, pero luego los llevaron a las bartolinas y después al penal de Mariona, donde Simón pasó un mes antes de que la diabetes complicara su salud. Daniel sigue detenido.
El Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután, la zona en que viven ambos, ha reportado en el último año al menos 111 detenciones arbitrarias de vecinos durante el régimen de excepción. Estos números son parte de las 4,564 violaciones a derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil han recogido en este periodo.
Ilustración: Mariana Matal
Simón no alcanza a calcular con certeza cuántas de las personas con las que convivió en Mariona aseguraban ser inocentes.“Quizá el 30%”, estima. “Ahí lloraban diciendo: De mi trabajo me sacaron; yo, con mi hija estaba descansando; había llegado a trabajar, cuando me agarraron”, explica.
A pesar de las denuncias públicas de organizaciones y medios de comunicación, con respecto a la captura de personas inocentes durante el régimen de excepción, el Gobierno salvadoreño mantiene la versión de que el número de personas capturadas representan un “margen de error” mínimo.
El ministro de Seguridad dijo en una entrevista televisiva en enero de este año que al menos 3 mil 313 personas han sido liberadas por falta de pruebas. Sin embargo, el Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen (MOVIR) ha puesto en duda estas cifras, pues su monitoreo apunta a que menos de 2 mil personas han sido puestas en libertad.
En cualquier caso, en las bartolinas y dentro de la cárcel, dice Simón, no existe la presunción de inocencia. “Ellos — los custodios — nunca aceptaron que éramos civiles”, señala. Las torturas que vive la población carcelaria en los centros penitenciarios son un castigo que recae sobre todos por igual: “Ahí los agarran a golpes, a algunos los han golpeado como animales”, dice.
Ilustración: Mariana Matal
La denuncia de Simón coincide con la de otras dos personas liberadas del penal de Mariona que fueron entrevistadas por Focos. Todos los testimonios señalan, por ejemplo, que la bienvenida a los recién llegados es una golpiza por parte de los custodios.
Cuando Simón entró a la prisión apenas podía caminar por el dolor que le provocaba una llaga en uno de sus pies, provocada por la diabetes que padece desde hace 23 años. “Hey, caminá medio, si no te vamos a matar”, le gritó un custodio cuando lo vio gateando por el suelo.
“A todos los tenían hincados y con las manos en los pies. Yo no podía hincarme, por el pie. Llegó una custodia y me dijo: Vos, marero ¿por qué no te hincas?— Por que no aguanto señorita — le dije yo. Me pegó una patada con la bota y levanté la cabeza del golpe. Vi que los demás iban corriendo y que les estaban dando con el garrote”, relata Simón.
Después, le cortaron el pelo y lo enviaron a una celda donde, en un inicio había cerca de 50 personas y luego, más de 100. A partir de entonces, se hizo imposible dormir acostado, incluso en el suelo, y los reos tuvieron que comenzar a turnarse para poder descansar un poco.
Mariona es uno de los centros penitenciarios donde más personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido privadas de libertad. En abril, a un mes de decretada la medida, sin ningún tipo de planificación previa y con más de 600 personas detenidas cada día, en promedio, la crisis dentro de la cárcel era grave.
Los ex reos coinciden en que los tiempos de comida eran solo dos y “un rancho” o plato de comida, consistente en dos tortillas delgadas, una cucharada de frijoles y otra de arroz, debía ser compartido entre dos personas. Unos meses después, se regularizó la alimentación a tres tiempos, pero las cantidades siguieron siendo insuficientes.
El agua para tomar o asearse era escasa y estaba contaminada. “Tenía unos animalitos chiquitos”, dice Simón, quien comenzó a ver su salud deteriorarse rápidamente bajo estas condiciones. La mala alimentación, la falta de medicamentos y la llaga del pie que estaba haciéndose cada vez más grande debido a los grilletes y los golpes que le dieron, lo llevaron a descompensarse hasta casi perder el conocimiento.
“Le dije a los compañeros allí que yo estaba bien mal, que me sacaran de ahí, si no me iba a morir. Los compañeros comenzaron a tocar el candado de la puerta, le pegaron contra el hierro. Corrí con la suerte de que el custodio me sacó de momento, si no, no hubiera no hubiera amanecido”, cuenta.
Para ese momento, Simón afirma que ya había visto a dos compañeros de celda morir. Pensó que, en su caso, sucedería igual.
“Milagrosamente”, dice, las autoridades del centro penitenciario decidieron enviarlo al Hospital Rosales, donde estuvo en cuidados intensivos por tres días. Pero ahí, mientras se recuperaba, los custodios se encargaron de hacer su estadía otra tortura. Lo golpeaban en el pie herido y le prohibieron recibir las frutas y galletas que las enfermeras le daban. “No te olvidés que sos del régimen, no tenés derecho a nada”, le decían.
Ilustración: Mariana Matal
Permaneció en el hospital por al menos un mes, esposado a la cama y sin poder recibir visitas. Durante este tiempo su familia no supo nada sobre el progreso de su estado de salud. El centro penitenciario les llamó únicamente para informarles que Simón requería urgentemente de donaciones de sangre.
Simón terminó de recuperarse en el Hospital de Quezaltepeque y, estando ahí, asistió a la audiencia especial solicitada por la defensa para su caso. El juez ordenó que continuara el proceso en libertad, pero todavía tuvo que esperar 26 días para salir.
Cuatro meses pasó detenido, entre la cárcel y el hospital, un tiempo que le duele en el cuerpo, por las cicatrices que le dejó, y en la memoria, por los tormentos que sufrió. Daniel, su hermano, continúa privado de libertad. La familia no sabe nada sobre su situación.
“A mí no me gusta recordar estos momentos porque es difícil para uno, bien duro, pero son cosas que hay que decirlas y es la realidad de lo que hemos sufrido. Las autoridades podrían decir que a uno lo tratan bien o cualquier cosa bonita, pero no es la realidad”, dice Simón.
En diciembre del 2022, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” por las violaciones a derechos humanos registradas durante el régimen de excepción.
Un informe elaborado por esta entidad muestra preocupación por las detenciones colectivas, la falta de garantías para el debido proceso, la falta un registro completo de las personas privadas de libertad, y la carencia de información sobre las investigaciones o medidas disciplinarias adoptadas contra “agentes de las fuerzas del orden por incumplimiento de las salvaguardias procesales para prevenir la tortura y los malos tratos”.