Decenas de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción despiertan los peores miedos de las familias de reos
El caso de José pone en perspectiva las afectaciones que cientos de familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción viven al no tener información sobre sus seres queridos. La negativa del Estado salvadoreño a proporcionar datos sobre el paradero y las condiciones de vida de cientos de personas podría acarrear condenas internacionales, advierten organizaciones de derechos humanos, que registran más de 100 denuncias por desaparición forzada desde que se implementó la medida.
“La desaparición forzada es uno de los actos más atroces que un Estado puede cometer”. Sonia Rubio, abogada de la Fundación contra el Debido Proceso (DPLF), es enfática cuando señala la gravedad de esta y otras violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
Desde el 26 de marzo de 2022, fecha en que se aprobó la medida, Centros Penales y el resto de instituciones de seguridad han mantenido una política de reserva total con respecto a la situación de las personas detenidas.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad ni siquiera comunican a las familias el paradero de los capturados, lo que obliga a cientos de personas a peregrinar entre las bartolinas y los centros penitenciarios buscando información. Esta situación constituye una desaparición forzada de corto plazo, según el derecho internacional.
Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, la organización Cristosal registró 189 denuncias por desaparición forzada de corto plazo de personas detenidas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción.
Estos expedientes corresponden a personas que no fueron informadas sobre el lugar donde estaban recluidos sus familiares y se enteraron semanas o incluso meses después. En al menos 10 de esos casos, los familiares todavía desconocen el paradero de sus seres queridos.
Esto se suma al contexto de detenciones arbitrarias que ha ocurrido durante la vigencia de la medida. Alrededor del 80% de las 4,564 denuncias recibidas por entidades de la sociedad civil en ese periodo son por detenciones arbitrarias.
Ilustración: Mariana Matal
Las personas detenidas están completamente aisladas del mundo exterior. Desde que, en marzo de 2020, Centros Penales adoptó una política de hermetismo, las familias ya no pueden visitar a los privados de libertad ni comunicarse con ellos. La única información que sale de los penales son largos listados de reos en los que las personas pueden buscar a sus seres queridos.
Mientras, desde el interior de las cárceles se filtran denuncias con respecto a los altos niveles de hacinamiento, falta de alimentación, acceso a servicios de salud, torturas y malos tratos. Hasta noviembre del año pasado, 90 personas murieron en centros penales, según el Ministerio de Seguridad.
Los casos más graves de desaparición registrados por las organizaciones tienen que ver con personas detenidas injustamente que han fallecido en centros penales y que han sido enterradas en fosas comunes sin notificar a la familia.
Uno de esos casos es el de Rafael López Castellón, quien murió dos meses después de su detención el 8 de abril de 2021. En ese periodo su familia solicitó información sobre su paradero y solo recibió respuestas negativas.
El 31 de mayo finalmente Rafael fue localizado en el penal de Mariona, pero una semana después, cuando su hermano solicitó sus antecedentes para entregarlos al abogado defensor, la Dirección de Centros Penales le indicó que no podía entregarlos, porque su hermano había fallecido.
De acuerdo con el registro de Medicina Legal, Rafael, de 53 años, murió el 1 de junio en el hospital Zacamil, en San Salvador. La causa de muerte, según el certificado, fue una cardiomiopatía.
Este tipo de situaciones podrían considerarse desapariciones forzadas permanentes y acarrear graves condenas internacionales para el Estado, señala Rubio.
Ilustración: Mariana Matal
El castigo a las familias
Desde el momento que una persona es detenida, y pasa a estar bajo custodia del Estado, es obligación de este informar sobre su paradero. Si esto no ocurre, las personas desaparecidas quedan totalmente indefensas y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son abusivos e inhumanos, afirma Humans Right Watch.
Ivy Gutiérrez es psicóloga de Azul Originario, una organización que brinda acompañamiento a víctimas de detenciones arbitrarias desde 2018. Según su experiencia profesional, el trastorno por estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, la depresión y la ansiedad son los principales diagnósticos clínicos identificados en familiares de personas capturadas injustamente.
“Genera un estado de confusión, de temor y frustración” — dice con respecto a lo que ya atravesaban las familias víctimas de ese flagelo, antes del régimen de excepción —. “Ahora que las personas que están siendo detenidas, no pueden verlas, y en ocasiones ni los abogados pueden obtener información sobre ellos, las familias están viviendo un duelo porque es una pérdida de libertad y hay una ruptura del vínculo familiar”, señala.
La psicóloga señala que las consecuencias de esta situación dependen de distintos factores, pero destaca que las condiciones socioeconómicas precarias de las familias afectadas por las detenciones ilegales son un elemento que agrega más presión a las víctimas.
En muchos casos, las detenciones arbitrarias de quienes eran el principal sostén de sus familias provocan crisis económicas que pueden generar el empobrecimiento de muchas personas,
El Servicio Social Pasionista, que hasta enero pasado registraba 181 casos de violaciones a derechos humanos por el régimen, indicó que el 71.8% de las víctimas de capturas arbitrarias eran los principales proveedores de su familia. Debido a esa situación, las personas afectadas indirectamente por estos hechos suman 922 personas.
Ilustración: Mariana Matal
Un sistema judicial sin garantías
“Las familias de los detenidos solo piden saber cómo están sus familiares y que se agilicen los procesos judiciales”, afirma Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
Sólo entre el 27 de marzo y el 28 de agosto, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) registró al menos 1,824 habeas corpus presentados a la Corte Suprema de Justicia y en algunas Cámaras por personas que denuncian que sus familiares fueron detenidos de forma arbitraria.
El hábeas corpus es un procedimiento que protege la libertad de una persona cuando es privada de ella, de forma ilegal, por una autoridad. También aplica para garantizar la integridad física de las personas detenidas si se agravan sus condiciones de encierro. Para poder garantizar ambos derechos, una autoridad judicial debe verificar las condiciones en que se encuentra la persona aludida en un periodo de tiempo corto.
Pese a ello, hasta agosto, más del 80 % de las peticiones de habeas corpus no habían sido resueltas.
Rubio reclama la ausencia de un sistema judicial robusto e independiente en momentos en que la ciudadanía requiere de funcionarios judiciales que garanticen los principios del debido proceso y la independencia judicial. Sin embargo, desde la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021 y la posterior sustitución de un tercio de los jueces en septiembre de ese mismo año por la Asamblea Legislativa, la institucionalidad judicial se ha visto gravemente comprometida, señala.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está sujeto El Salvador, señala que los Estados firmantes deben comprometerse a no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI), además tipifica la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad.
El 1 de marzo del 2005, El Salvador fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de las niñas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, quienes desaparecieron durante uno de los operativos militares de mayor envergadura llevados a cabo por el Ejército en la guerra civil: la “Guinda de Mayo”.