En diciembre de 1992, con la excusa de las festividades navideñas, los integrantes de la Comisión de la Verdad huyeron de El Salvador. Salieron de urgencia, sin tantos avisos, luego de pasar dos meses recibiendo amenazas en la sede de la misión y seguimientos en sus casas que no fueron tomados a la ligera.

“Desde octubre estábamos recibiendo amenazas de muerte por fax”, cuenta Douglas Cassel, uno de los cuatro asesores legales de la Comisión nombrada por Naciones Unidas, la entidad encargada de contar la historia oficial de la guerra civil de El Salvador.

Para finales de 1992 la Comisión también se enfrentaba a un problema interno. Con la mayor parte del trabajo culminado y con la entrega de su informe en ciernes, un grupo de investigadores pedía que se incluyera el análisis de otros casos denunciados por víctimas o testigos de atrocidades cometidas en el interior del país. Para ellos, esa información ayudaba a redimensionar patrones de violencia y sumaba al diseño final del informe.

Pero ya no había tiempo. “Para finales de noviembre, nuestros investigadores nos estaban informando que estaban siendo seguidos, vigilados por carros sin placas, con ventanas oscuras que se aparcaban afuera de sus casas o en sus mismas cuadras, personas que no eran de la zona caminando por ahí”, dice Cassel.

En la imagen, la carátula de una de las 427 denuncias inéditas resguardadas por un grupo de investigadores y ahora puestas al público por La Prensa Gráfica y Focos.

Al riesgo que corrían los integrantes de la misión se sumaba que la entrega de su reporte estaba fechada para enero de 1993. Sin más espacio para indagar a fondo en otros casos, la Comisión decidió sistematizar la mayoría de esa otra información en un compendio estadístico cuya apuesta sería mostrar esos otros patrones de la violencia. Esta decisión no satisfizo a todos, y eventualmente un grupo decidiría, mientras armaban maletas, llevarse consigo 427 copias de las denuncias para, con suerte, promover un debate más adelante.

Contrario a cómo llegó, con pompa y ofrecimientos de las partes para colaborar, la comisión se fue sin recibir apoyo de la comandancia de la exguerrilla y en medio de una campaña de desprestigio proveniente de altos funcionarios del Gobierno de la época.

“Decidimos hacerlo con la casualidad de la temporada navideña, porque los investigadores internacionales querían salir del país para pasar unos días con sus familias”, dice Cassel. Todos los archivos fueron traslados a New York, a la sede de las Naciones Unidas, y desde allá, a contrarreloj, “pasamos enero y hasta el 15 de marzo, cuando salió el informe, escribiendo, editando y llenando vacíos con entrevistas en el exterior”.

Firma del acta previa de los Acuerdos de Paz, cerca de la medianoche del 31 de diciembre de 1991 en Nueva York, Estados Unidos.)))

Conformada el 15 de julio de 1992, la Comisión era dirigida por tres comisionados con reconocida trayectoria internacional: al frente estaba el expresidente colombiano Belisario Betancourt; acompañado por Reinaldo Figueredo, exministro de relaciones exteriores de Venezuela y Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Juntos nombraron un equipo de 35 miembros entre abogados, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La misión encomendada por los Acuerdos de paz era contar los “graves hechos de violencia”, “cuya huella sobre la sociedad reclama con urgencia el conocimiento público de la verdad”.

Debajo de los comisionados estaban los asesores legales, en los que Cassel destaca en el informe como el primero de la lista. 30 años después de publicado, él asegura que fungió como “editor principal del texto del informe final”.

Para finales de 1992, El Salvador recién cumplía 11 meses sin guerra, gracias a la paz firmada el 16 de enero, en México. Sin embargo, en el último trimestre del año se vivía un ambiente de alta tensión debido al cumplimiento de dos puntos que significaron un parteaguas político.

Noticia publicada en 1992 sobre los avances de la Comisión ad hoc, creada también por los Acuerdos de paz para la depuración de oficiales del Ejército.

La comisión ad hoc, creada para garantizar la depuración de oficiales del Ejército señalados en graves crímenes durante la guerra, había culminado con su tarea, y había entregado una lista de depuración de 103 oficiales al Gobierno del presidente Alfredo Cristiani y a las Naciones Unidas. Sumado a esto, el cierre del trabajo de la Comisión de la Verdad era inminente y la información que contendría en su informe amenazaba a aquellos que temían aparecer señalados como perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

“La postura del gobierno empezó a cambiar de manera dramática cuando se supo que la Comisión había recogido pruebas incriminatorias contra funcionarios gubernamentales del más alto nivel, en especial el general René Emilio Ponce, Ministro de Defensa, y el general Juan Orlando Zepeda, su viceministro, así como contra otros miembros del estamento militar”, relató el comisionado Thomas Buergenthal en un ensayo publicado por la revista ECA de la Universidad Centroamericana, en 1995.

LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS intentaron obtener una entrevista con el excomisionado para esta investigación, pero allegados a su entorno señalaron que fue imposible contactarlo debido a que este enfrenta problemas de salud. Tampoco fue posible obtener una respuesta del ex comisionado Reinaldo Figueredo.

Delegación negociadora de la paz por parte del Gobierno.

Para 1995, Buergenthal tenía claro cuál era el principal riesgo para una parte del ala militar y para el propio presidente Cristiani, quien también llegó a ser amenazado. “Si bien muchos de estos mismos oficiales ya habían sido nombrados por la Comisión ad hoc, ésta se había limitado a preparar una lista, sin especificar los crímenes cometidos. La Comisión de la verdad, por el contrario, iba a presentar pruebas y a divulgar su Informe, lo cual representaba una amenaza mucho más seria”, escribió.

LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS buscaron una reacción del expresidente Cristiani y del excanciller Óscar Santamaría, pero no hubo respuesta.

Para finales de 1992, en el seno de la Comisión ya se había discutido la importancia de revelar los nombres de los señalados. Algo que, no se explicaban, llegó a ser del conocimiento público, lo cual reforzaba la idea de espionajes contra la Comisión.

“El Gobierno envió una delegación a New York para pedir que la ONU prohibiera que publiquemos nuestro informe hasta después de las elecciones de 1994. Todo eso nos dio la convicción, la conclusión de que ya no era seguro quedarse en El Salvador, ni para nuestros investigadores, ni para los archivos”, dice Cassel.

El general en retiro Mauricio Ernesto Vargas, miembro del equipo negociador de los Acuerdos por parte del Gobierno, confirma la postura que había respecto a lo que él llama ‘extralimitaciones’ de la Comisión. Señalar a presuntos responsables de crímenes y atribuirles delitos era algo, dice, que estaba fuera de su misión. “El planteamiento de la Comisión de la Verdad estaba en función de la verdad histórica y ahí no tenía nada que ver la jurisdiccionalidad”, dice.

Pero no solo el Gobierno se incomodó con el trabajo de la Comisión. “El FMLN tampoco se mostró muy dispuesto a brindar información acerca de los nombres y el despliegue específico de sus oficiales superiores u otros datos que hubiera ayudado a identificar a los responsables de dar determinadas órdenes militares”, escribió el comisionado Buergenthal.

Para el 16 de diciembre, de hecho, una veintena de comandantes del FMLN seguían sin acudir a la Comisión para brindar sus testimonios y esclarecer los hechos denunciados. Entre estos se encontraban el expresidente Salvador Sánchez Cerén (comandante de las FPL).

Para esta investigación se intentó obtener una reacción del partido FMLN y de los excomandantes de la guerrilla y firmantes de la paz Nidia Díaz, Ana Guadalupe Martínez, Eduardo Sancho, Francisco Jovel y Salvador Samayoa. Tampoco hubo respuesta.

Excomandantes del FMLN en un retrato tras los Acuerdos de paz.

Pese a las trabas, los investigadores avanzaron. E incluso se citó a militares señalados en crímenes para que expusieran su versión de los hechos por los que habían sido denunciados. La mayoría de ellos, recuerda uno de los investigadores, respondían lo mínimo. Otros, según otros miembros de la Comisión, rompían el libreto con el que habían llegado e incluso aportaron información.

En la sede de la misión, una casa amplia en la colonia Escalón, los investigadores se reunían a puerta cerrada. De fondo, una radio sonaba sin parar. Así intentaron prevenir cualquier intento de espionaje, hasta que la mejor opción fue salir del país.

El equipo de la Comisión llegó a El Salvador a finales julio de 1992, inmediatamente después de que Naciones Unidas nombrara a los comisionados. Con este grupo llegaron los investigadores, expertos en derechos humanos y recolección de información en campo a los que se les encargó “investigar graves hechos de violencia cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el esclarecimiento de la verdad”.

Sin embargo, “la comisión no tenía un mandato claro”, dice Patricia Tappatá Valdez, una experta argentina en derechos humanos y quien fuera la directora ejecutiva de la Comisión. Y ese fue un primer reto por resolver. “Pusieron un texto absolutamente vago, que se refería a los graves hechos de violencia que generaron particular conmoción. ¿Cuáles son los hechos graves? ¿Cuáles son los casos que causan particular conmoción? ¿Los más conocidos? ¿Los que más difunden los medios de comunicación? ¿Los que abarcan más víctimas? Muy difícil. Muy arbitraria podría llegar a ser la selección, pero eso es como un poco inevitable”, añade.

Apenas llegaron al país, hubo que buscar entre las cenizas de un conflicto en el que se había guardado mucho silencio. Así, el equipo inició un trabajo de reconstrucción histórica sobre la guerra. Esto es lo que se refleja en las primeras páginas del informe.

Según Buergenthal, al inicio, el Gobierno y la guerrilla querían que la lista se construyera a partir de sus propios intereses. “Durante las negociaciones, las dos partes en conflicto entregaron listas de atrocidades específicas o de casos que deseaban fueran investigados. Por lo general, cada lista presentada por una de las partes suscitaba una lista similar o más extensa de la otra parte”, escribió.

Ese camino no llegaba a ningún lado, así que la Comisión definió una metodología independiente. “La primera tarea fue acordar qué entendíamos como hechos de violencia”, dice Tappatá Valdez.

Portada de La Prensa Gráfica del 2 de enero de 1992.

La misión hizo un rastreo en medios de comunicación, con casos que le dieron la vuelta al mundo, y de informes que Naciones Unidas había recogido o que habían recibido de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Según Douglas Cassel, la Comisión llegó a definir “un listado de 60-80 casos de gran interés, porque una de nuestras misiones era investigar casos que hubieran conmovido profundamente a la sociedad”. Luego redujeron la muestra “para asegurar que tuvimos una diversidad de casos: desapariciones, tortura, etc. No sabíamos de antemano cuáles tendrían pruebas disponibles para afirmar la verdad”.

De una lista preliminar de 80 casos, la Comisión al final se quedó solo con 32.

En los primeros meses de trabajo, junto a la definición de los casos a investigar, la Comisión abrió las puertas para recolectar testimonios de víctimas directas de una violencia que, aunque bajo las sombras, ocurrió de manera cotidiana y sistemática a lo largo y ancho del país.

Estos testimonios fueron recolectados por los investigadores, que llegaron a jugar un doble rol: nutrir de información y confirmaciones para los casos seleccionados, y procesar la información recabada en la recepción de las denuncias directas. De los resultados de este segundo proceso, un grupo de investigadores se convenció de una idea contracorriente: la necesidad de evidenciar patrones de conducta del Ejército en masacres y crímenes que iban a quedar fuera del informe, crímenes de las defensas civiles, de células guerrilleras y escuadrones de la muerte en el interior del país.

Era información que, además, aportaba luz allá en donde el Gobierno y la guerrilla intentaron mantener solo sombras. Las denuncias directas, en cambio, permitían acercarse a otras realidades que habían estado sepultadas alrededor de 12 años, como las masacres no contadas del Ejército en el río Lempa (Cabañas), Llano de la Raya (San Vicente) o Nombre de Jesús (Morazán). O, por el contrario, casos de ajusticiamientos, torturas y desapariciones cometidas por células guerrilleras contra poblaciones civiles o, incluso, entre sus propias filas.

El presidente Alfredo Cristiani estrecha la mano de los comandantes del FMLN tras la firma de la paz, el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México.

“Íbamos investigando en dos carriles, simultáneamente. Uno fue la recepción de pruebas. Tuvimos un equipo de personas que recibieron a las personas que llegaron a la oficina, que los entrevistaron con un formulario de preguntas. Mientras pasa esto, otro equipo está saliendo al campo para entrevistar a las personas relevantes de cada caso en el listado inicial y a veces los dos equipos platicaron entre sí. Es decir, si llega en la recepción una víctima que tiene un testimonio relevante para la masacre de El Mozote, eso se pasa a los investigadores”, explica Cassel.

Mientras avanzaban las investigaciones, algunos investigadores reiteraron su inconformidad por la prioridad que se le dio a unos casos sobre otros. Este fue un tema que ocasionó un debate interno al interior de la Comisión. “Creo que le hubiera servido más a El Salvador tener más profundidad con algunos testimonios y algunos casos más típicos de la vida social y política salvadoreña, y no casos paradigmáticos, según un paradigma jurídico”, dice una de las fuentes.

Patricia Tappatá Valdez matiza la discusión. “No podría decir ni cuántos quedaron fuera, ni cuán encendidos fueron esos debates, porque francamente no recuerdo debates dificilísimos”. Para ella, un criterio clave para ponderar unos casos sobre otros fue el nivel de certeza que la Comisión logró recabar sobre los hechos denunciados. “Una de las cosas que uno quisiera que una comisión de la verdad haga es incluir la información de todos los casos y las denuncias que le llegan, pero como digo, hay criterios. Si no hay suficiente evidencia para la comisión, no se puede. Esto no quiere decir que no habrá evidencia 25 años después, o que no existe (una verdad) para la comunidad o la familia, pero la comisión tiene que tener la posibilidad de, con sus propios ojos, evaluar la prueba”, añade.

Sobrevivientes y testigos de la masacre de Nombre de Jesús, en El Divisadero, Morazán, posan frente al monumento bajo el cual yacen sus familiares asesinados por el Ejército.

Para noviembre del 92, la mayoría de los testimonios ya habían sido recopilados y cada investigador había entregado sus reportes al equipo. Además, cada uno había profundizado en la investigación de alguno de los casos seleccionados para el informe final. Fue entonces cuando un grupo de investigadores cayó en cuenta que la recolección de testimonios de cientos de fuentes directas que denunciaban casos ajenos a la lista oficial tendría pocas posibilidades de entrar en el informe.

La inminencia de un informe contado solo a partir de una lista corta provocó una ruptura. Así, cuando la misión se despidió de El Salvador, ese grupo se quedó con copias de los testimonios originales en un intento por mantener el debate para que estos fueran del conocimiento público. Se trata de las 427 denuncias reveladas por LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS.

Cuando se presentó el 15 de marzo de 1993, el informe se enfocó solo en los casos seleccionados para ilustrar la guerra, pero dejó afuera otros cientos de denuncias que para esos investigadores permitían mirar por otras ventanas al conflicto.

“Fue trabajo terminado a medio camino”, dice una de las fuentes, cuándo se le pide que defina qué pensó cuándo se dio cuenta de la presentación del informe.

Para Alfredo Forti, uno de los integrantes del equipo de investigadores, el problema en la Comisión no fue tanto en la selección de casos sino en la posibilidad de llegar a todos los casos. “No fue una selección caprichosa de casos, fue en base a impacto, evidencia, denuncias que le dieron la categoría de graves hechos de violencia que impactaron a la sociedad salvadoreña y yo diría, también, a la comunidad internacional”, dice este experto en derechos humanos y relaciones internacionales.

Además, añade que la comisión tuvo distintas limitaciones que sortear. “La comisión tuvo que apelar a esta metodología por todas las limitaciones de tiempo, de capacidad, de información. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Comisión nunca fue aclarar en todos sus aspectos todos los casos de El Salvador, sino mostrar los principales hechos de violencia con sus características, sus responsabilidades y con todo lo que hace a un caso representativo de un patrón de violencia que afectó a muchísimos otros”, sostiene.

Cassel, que asegura haber sido el editor final del documento, acepta que hubo omisiones. “Si, en absoluto, por falta de tiempo. No hay duda que no pudimos. Hay varias masacres que no publicamos, pero fue necesario por la falta de tiempo y la decisión de la Comisión de no enfocarse en una sola clase de violación de derechos humanos”, plantea.

Tappatá Valdez insiste en la importancia de las certezas. Una certeza que debía comprobarse no en 5 o 7 años que pueda durar un proceso penal, sino en los seis meses que tenía la misión como mandato. “Los otros casos pueden ser mencionados, pero si la Comisión no va tener la capacidad de recoger prueba y evidencia que le permita sostener que esos hechos sucedieron como los testigos dicen, la comisión no asume el caso”, plantea.

“Nada de esto pretende justificar las ausencias que, sin duda, seguramente, tuvo el trabajo de la Comisión. Como siempre decimos, varios años después, y con el diario del lunes, es más fácil saberlo”, añade.

Imagen tomada del Libro Azul de las Naciones Unidas, y en la que se transcribe una carta enviada por el presidente Alfredo Cristiani al secretario general de la ONU en marzo de 1993, días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad.

Para los investigadores que revelan un cuarto de las denuncias inéditas, se pudo haber hecho más. “Nos perdimos de conocer sobre grandes masacres, pero también de hechos que muestren la violencia desenfrenada e irracional, fruto de la desconfianza y el miedo entre la misma gente”, dice una de las fuentes.

Si en algo coinciden todos los entrevistados, es que la falta de tiempo y los bloqueos de las autoridades y las partes impactaron. Su mandato, de seis meses, “era demasiado corto”.

Para Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, para ser uno de los primeros informes de una comisión de la verdad en el mundo, “fue importante en la medida que no tenía mayores precedentes. Tenía la cronología de la violencia, los patrones de violencia, incluía ambos bandos, los 32 casos, las conclusiones y las recomendaciones, aunque se pueden criticar algunas conclusiones y recomendaciones”, dice.

Cuando el informe se hizo público, la respuesta de la derecha política que controlaba la Asamblea fue la promulgación de la Ley de amnistía, que tuvo vigencia durante 23 años. Pero hubo un cuestionamiento más, relacionado con una de las apuestas de la Comisión a la hora de señalar con nombre y apellido a responsables de graves violaciones a derechos humanos.

En 1994, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas publicó el libro “Las Naciones Unidas y El Salvador, 1990-1995”. El documento es una revisión al trabajo de la ONU durante el proceso de paz, e incluye copias de las correspondencias entre el organismo y las partes. El 30 de marzo, el entonces presidente Cristiani envió una carta al secretario general, en la que exponía una inconformidad sobre el informe, ya que la Comisión no tenía “facultades de juzgar e imponer sanciones y estaba inhibida de establecer hechos delictivos; valoraciones sobre evidencias o elementos probatorios; así como establecer grados de participación en los mismos, pues estas atribuciones son privativas de los Tribunales de Justicia”.

Cristiani, dice Vargas, aludía en esa misiva a unas recomendaciones de la Comisión para que aquellos señalados del cometimiento de crímenes fueran inhabilitados de sus cargos (si es que actuaban como funcionarios) y vetados a participar a futuro en puestos públicos. Otra de las recomendaciones, además, incluía la depuración del sistema de justicia, algo que para Vargas estaba fuera del mandato. Para junio de 1993, tanto el Gobierno como el FMLN cuestionaban estas recomendaciones, y Naciones Unidas terminó aceptando que no cumplir con ellas no significaría un incumplimiento a los Acuerdos de paz.

En su reporte de 1995, Naciones Unidas no llega a dirimir qué ocurrió con los archivos de la Comisión. Lo que se sabe hasta ahora es que fueron resguardados y, algunos, con membretes de confidencialidad. Según Tappatá Valdez, “es momento de que los archivos completos de la comisión de la verdad tengan un nivel de acceso en El Salvador”, aunque ella plantea un posible impedimento: “Las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo con el gobierno de El Salvador, con el presidente Cristiani, en un embargo de la información. No recuerdo si por 50 años”, plantea.

LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS solicitaron reacciones a Naciones Unidas para esta investigación, pero al cierre de este material no hubo respuesta.