Acceso inédito a 427 denuncias a la Comisión de la Verdad revelan nueva información sobre crímenes de la guerra
FOCOS y LA PRENSA GRÁFICA tuvieron en sus manos 427 testimonios recabados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en los que se denuncian graves violaciones a los derechos humanos contra 5,034 víctimas. Los denunciantes revelan masacres del Ejército salvadoreño no contadas por el informe sobre la guerra civil y redimensionan la crueldad con la que actuaron los escuadrones de la muerte, la exguerrilla y las defensas civiles creadas por el Estado.
Por: Daniel Valencia, Andrés Dimas, Nelson Rauda, Claudia Palacios, Laura Flores
Base de datos: Rodrigo Baires Quezada
En 1980, en un montañoso pueblo de la zona paracentral del país, un grupo de campesinos armados con machetes sacó de su casa a Octaviano Pérez, exalcalde del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los campesinos integraban una patrulla de la defensa civil organizada por el Estado. Habían resuelto que aquel agricultor y catequista de 71 años era un enemigo que tenía que ser neutralizado y por eso lo vapulearon enfrente de uno de sus hijos, de su esposa y sus nietos. Sus verdugos le pegaban en la espalda con el canto de los machetes, lacerándola. Su mujer pidió clemencia, pero esta solo alcanzó para que le permitieran vestirse antes de llevárselo, encaminado.
Aquella madrugada, desde lejos, las últimas palabras que Bárbaro Pérez le escuchó a su padre fueron un grito agónico: ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbarooo!
40 años después, a Bárbaro aquella madrugada todavía lo atormenta. Llora al recordar cómo secuestraron a su padre, al recordar cómo lo asesinaron. Pero él nunca denunció. Ni él ni nadie en el pueblo. La guerra recién iniciaba; y en Monte San Juan, Cuscatlán, a 35 kilómetros de la capital del país, la represión había dejado un mensaje claro.
“En esa época había mucho miedo”, dice Bárbaro, que se sorprende cuando se entera, 40 años después, que un vecino intentó hacer justicia por su padre en 1992, ocho meses después de que se firmaran los Acuerdos de Paz.

De pie, a la derecha, con pantalón Blanco, aparece Octaviano Severo Pérez, asesinado el 23 de junio de 1980.
Hace 30 años, los firmantes de la paz acordaron la creación de una Comisión de la Verdad que, designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo como misión contar la cruda verdad de la guerra. Para ello, organizó una campaña de recolección de denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 1992. Pero durante seis meses no fueron muchos los que se atrevieron a denunciar. Pese a la firma de la Paz, en el país aún había temor.
De forma directa, la Comisión logró entrevistar a 2 mil denunciantes que respondieron al llamado de forma anónima. Esta es la primera vez en 30 años que una cuarta parte de las denuncias recabadas salen a la luz pública. Hasta ahora, estas 427 denuncias, junto al resto de la información obtenida por la Comisión, permanecen resguardadas y sin acceso al público en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
El 30 de octubre de 1992, uno de estos testigos dijo a la Comisión: “(A Octaviano) lo sacaron de su casa en la noche en presencia de su esposa e hijos. Lo llevaron hasta una ceiba en el límite del cantón Concepción y el Barrio El Centro (en el mero pueblo de Monte San Juan) y ahí lo mataron degollándolo con un corvo. También le hicieron puyones en el estómago. No bastándoles asesinarlo, le quitaron el cuero de la cara para que no lo conocieran”, narra la denuncia a la que tuvieron acceso LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS.
En esa denuncia también se narran otros crímenes cometidos por distintos grupos de la defensa civil, que patrullaban a lo largo y ancho del municipio. También se narran los asesinatos a quemarropa ejecutados por una célula guerrillera de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) contra un grupo de estos patrulleros. Como este caso, las denuncias redimensionan la violencia a la que estuvieron expuestas poblaciones del interior del país, en medio de un fuego cruzado y, en muchos casos, bajo sospecha o como blanco de tres bandos en conflicto: el Ejército, la guerrilla y las defensas civiles.

Parte de las 427 denuncias recopiladas por la Comisión de la Verdad que narran crímenes en 108 municipios de El Salvador.
Un compendio que redimensiona la guerra
Los testimonios ocultos de la Comisión de la Verdad datan desde 1992. Son 427 denuncias recabadas entre agosto y octubre de ese año y narran crímenes cometidos en 108 municipios de los 14 departamentos del país.
En su informe sobre la guerra civil, divulgado en marzo de 1993, la Comisión consignó que “recibió 2 mil testimonios de fuente primaria que suponen más de 7 mil víctimas; e información de fuente secundaria que suponen más de 20 mil víctimas”.
Los testimonios son transcripciones de las denuncias que testigos de crímenes o sobrevivientes declararon bajo condición de anonimato ante la Comisión. La copia de esos testimonios fue entregada por exmiembros de esa misión a un grupo de periodistas y medios de comunicación de El Salvador en 2019.
A cambio, las fuentes pidieron el resguardo de su identidad, pero sobre todo que la información estuviera al alcance de las víctimas, de la población salvadoreña, de los académicos y de historiadores para que “esas historias no se repitan”.
“Yo interpreté que el mandato de la Comisión era contar para ayudar a la gente a entender. Y algunos fuimos de la idea que tenía que contarse todo. Conocer todo lo qué pasó es importante para crear conciencia de la necesidad de cambiar la manera de vivir, cambiar la cultura, nada menos, salvadoreña”, dice una de las fuentes.

Información desconocida
En las 427 denuncias hay un universo de 5, 034 víctimas. Como el expediente en el que se narra la tortura y asesinato de Octaviano Pérez, hay otros crímenes desplegados en 377 folios que han resistido al paso del tiempo.
Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS procesaron la información y la convirtieron en una base de datos que permite ubicar víctimas con nombre y apellido, presuntos victimarios, municipios afectados y unidades militares y paramilitares señaladas.
Del análisis de las denuncias se ha logrado establecer que los testimonios que nutren esos casos, y las víctimas ahí descritas, se corresponden con las denuncias sistematizadas en un compendio estadístico elaborado por Naciones Unidas en 1993 en los anexos 1 y 2 del Informe de la Comisión de la Verdad.
Además, se investigaron una veintena de casos para confirmar la autenticidad de las denuncias según los siguientes criterios: número de víctimas afectadas, trascendencia, patrones de violencia y grupos victimarios señalados. Luego de dos años de investigaciones, todos los casos fueron confirmados y se ubicó, además, a siete denunciantes que reconocieron haber acudido, entre agosto y octubre de 1992, al llamado de la Comisión para brindar su testimonio. 30 años después, estos denunciantes validan palabra por palabra su relato.
En los testimonios se cuentan masacres hasta ahora desconocidas por la mayoría de la población salvadoreña, ocurridas en el primer trienio de la guerra, considerado el más violento según el mismo informe de la Comisión. Estas masacres guardan similitudes a las ocurridas en El Mozote (alrededor de mil víctimas) o en el río Sumpul (alrededor de 600 víctimas). En los documentos también hay denuncias que cuentan episodios de estas dos masacres.
Uno de los testimonios describe con detalles la masacre del río Lempa, ocurrida en el municipio de Victoria, Cabañas, y en las riberas fronterizas con Honduras, entre el 17 y el 18 de marzo de 1981.
El informe de la Comisión solo dedicó tres líneas a este crimen:“El 17 de marzo, al intentar cruzar el Río Lempa hacia Honduras, un grupo de miles de campesinos es atacado por aire y tierra, a consecuencia del ataque se reportan entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas”.
En la denuncia original, sin embargo, el testigo se explaya y narra los operativos cometidos contra la población civil a lo largo de 1981. En 2019, una investigación de FOCOS y El Faro reveló que, 40 años después, los sobrevivientes calculan casi 500 víctimas, entre muertes y desapariciones, y denuncian la participación del ejército hondureño en el asesinato de campesinos en la ribera del río Lempa. En una sentencia simbólica de un Tribunal de Justicia Restaurativa de la UCA, celebrado en 2014, se revalidaron las cifras y los hechos denunciados.
En otras denuncias, además, se narran asesinatos selectivos contra sindicalistas, maestros, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos. Los testimonios también narran la violencia ejercida contra las mujeres, contra quienes se identifican patrones de violencia por su condición de género.

La mayoría de los hechos denunciados ocurrieron entre 1980 y 1991, un dato coherente con la lógica del conflicto armado. Como victimarios, los denunciantes señalan en 319 casos a agentes del Estado. En estos, en el 90 % de los casos está involucrado al menos un elemento del Ejército o de algún cuerpo de seguridad en compañía de ‘defensas civiles’ o ‘patrulleros’. En las denuncias también hay 27 menciones en casos relativos a ‘escuadrones de la muerte’. 33 de los casos son atribuidos a células de la exguerrilla.
Las denuncias contra las defensas civiles o patrulleros destacan por la descripción de las barbaries cometidas por estos grupos, unas células perfiladas por los denunciantes como cuerpos armados paramilitares que tenían presencia y ejercían como una seguridad paralela a la del Estado en el interior del país.
Las defensas civiles, según se desprende de las denuncias, actuaban como espías, investigadores, jueces y verdugos. Y, en casos extremos, no importaba si el denunciado era un hijo de vecino o un propio familiar, como ocurrió con el padre de Bárbaro.
“Entre los que asesinaron a mi padre iba un tío y uno de mis primos”, dice.

Portada del formulario de recolección de información de las denuncias. Los 427 testimonios fueron recabados entre agosto y octubre de 1992.
Un informe “incompleto”
El 15 de marzo de 1993, hace 30 años, la Comisión de la Verdad presentó su informe final sobre la guerra civil salvadoreña. La bautizó con el título “De la locura a la esperanza”. Las denuncias originales aportan coherencia a ese titular.
Del análisis de las 427 denuncias se desprende que en el interior del país ocurrió una guerra fratricida, alimentada por la propaganda política del Estado y de la insurgencia, que se llevó de encuentro a más de 5 mil salvadoreños, según los documentos.
El nombre de la ‘Comisión de la Verdad’ fue otorgado en los acuerdos celebrados el 2 de abril de 1991, en México, “porque su vocación y su esencia eran la búsqueda, el encuentro y la publicación de esa verdad en los hechos de violencia realizados por tirios y troyanos”, reseña la entidad en su informe.
En ese documento, la Comisión planteó su interés de hacer pública toda la información recabada durante los seis meses que duró la misión, bajo las reservas necesarias que garantizaran el anonimato y resguardo de los denunciantes, y con apoyo de una organización no gubernamental y una universidad estadounidense. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Y en El Salvador, la derecha política que gobernaba en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo torpedeó el informe una semana después de su lanzamiento, con la aprobación de una ley de amnistía que sirvió de obstáculo por 23 años para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Imagen de la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, México, en enero de 1992. Los Acuerdos dieron vida a la Comisión de la Verdad, pero el informe que produjo la misión fue boicoteado por la derecha política que gobernaba el país para 1993.
Según la Comisión, la información que recabaron “representa un acervo –patrimonio de El Salvador, por ser (aún con la lacerante realidad que recoge), parte de la historia contemporánea del país- enriquecedor para los historiadores y analistas de este trayecto desgarrador, y para quienes quieran asomarse a esa realidad a fin de fortalecer la pedagogía del ‘nunca más’”.
Sin embargo, durante 30 años, la información que permitió construir el Informe ha permanecido oculta. Las fuentes que compartieron las denuncias para esta investigación consideran que esa reserva fue un error.
“Le hubiera servido más a El Salvador tener más profundidad con algunos testimonios y algunos casos más típicos de la vida social y política salvadoreña y no casos paradigmáticos, como terminó estableciéndose el informe. Pero en aquel momento se tomaron esas decisiones”, dice una de las fuentes.
Lo mismo opina Kate Doyle, analista sénior de política estadounidense en Latinoamérica del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), un instituto de investigación sin fines de lucro que aboga por el derecho a la información y que mantiene un depósito de más de 10 millones de documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos, gracias a la ley de libertad de información de ese país. Doyle ha investigado información sobre El Salvador y en 2016, justo después de la eliminación de la ley de Amnistía, empezó un proceso de indagación sobre el destino de los archivos de la Comisión de la Verdad.
Doyle lo describe como “una aventura frustrante” en la que, tras hablar con contactos y archivistas dentro y fuera de Naciones Unidas, descubrió que sí hay una colección de cajas dentro de los archivos de la ONU donde están alojados todos los archivos de la Comisión.
Son 124 cajas. 46 de ellas, según las notas que Doyle obtuvo de una fuente archivista, “contienen material muy confidencial y sensible como por ejemplo los expedientes de víctimas, una base de datos de denuncias, mapas y fotografías”. Las otras 78 cajas contienen material menos sensible: “fuentes secundarias, informes de derechos humanos, materiales de referencia, cronologías”.
La experta plantea que junto con los archivos había dos memorandos, uno de ellos con fecha 20 de mayo de 1993, y ambos firmados por Mary Beth Spurlock, de la Oficina Ejecutiva de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Spurlock dirigió uno de ellos a Lisa Fagerlun, la entonces jefa de los archivos de la ONU, simplemente describiendo el contenido de las cajas. El segundo memorando fue enviado a Álvaro de Soto, ex secretario general adjunto y mediador clave de los Acuerdos de Paz salvadoreños, donde le indicó que las 46 cajas de información confidencial iban a estar almacenadas en un cuarto de “requerimiento especial de acceso”.
“Sabemos cuántas cajas hay, sabemos cuántos archivos confidenciales hay. Sabemos dónde fueron colocados hace 30 años. Y sabemos quiénes tenían conocimiento”, dice Doyle.
LA PRENSA GRÁFICA y FOCOS intentaron obtener una reacción de la ONU, y respuestas sobre el paradero y el estado de los archivos recogidos por la Comisión de la Verdad. Al cierre de esta investigación no hubo respuesta.

Mujeres campesinas cargan ataúdes con osamentas de sus familiares quienes fueron víctimas de la "Masacre de El Mozote" cometida por el ejército en 1981, durante un entierro simbólico, en diciembre de 2001. Durante años, los procesos de exhumación son la única salida que da el sistema de justicia da para los familiares de víctimas de la guerra. Foto archivo/LPG.
Información invaluable
“Esta información significa un parteaguas para el alcance de la verdad. Sin duda es un rico acervo que permitirá estudiar a profundidad la guerra y aportará nuevos insumos en la lucha de las víctimas contra la impunidad”, dice David Morales, querellante en el juicio por las masacres de El Mozote y exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
No se equivoca. En la documentación hay información que puede llegar a significar un antes y un después para dar con pistas que acerquen al paradero de salvadoreños desaparecidos durante la guerra. Como le pasó en Monte San Juan a la familia de Miguel Ángel Fernández, un patrullero que un día salió de casa y nunca más regresó. En los archivos, hay pistas que conducen a un posible paradero de su cadáver, o al menos a posibles testigos que podrían aportar pistas sobre su asesinato.
Los documentos también podrían ser útiles para robustecer procesos de exhumaciones o las denuncias por violaciones a derechos humanos a los familiares de las masacres ocurridas en Tecoluca, San Vicente. En esa zona de la paracentral del país, como parte de operativos de “tierra arrasada”, el Ejército masacró a pobladores civiles de una decena de poblados en el transcurso de un año, entre junio de 1981 y junio de 1982. Los sobrevivientes, ahora ancianos, continúan con una demanda de justicia que nunca fue escuchada por el Estado.
Para Kate Doyle, “lo que frustra” sobre la situación con los archivos de la Comisión de la verdad es que “no hay una persona ni una autoridad dispuesta a empezar este proceso”.
Los archivos estuvieron en la mira del Estado. En 2018, el gobierno de El Salvador y la Fiscalía anunciaron su interés en recuperar la documentación recopilada por la Comisión, pero a la fecha se desconoce en qué finalizaron esas iniciativas ante Naciones Unidas.
Para esta investigación se intentó obtener una reacción de la Fiscalía a través de sus delegados de prensa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
“Ese tesoro de información fuerte y doloroso pertenece a la sociedad y a El Salvador. Las sensibilidades y la información confidencial no son una traba para eventualmente dar acceso a esa información. Pero sin pensarlo, sin discutirlo, sin empezar el proceso no hay ninguna posibilidad”, dice Doyle.
*Con reportes de Verónica Martínez, Michelle Recinos, Wendy Urbina, Gabriela Villarroel y Doris Rosales