Muertes de reos bajo custodia del Estado: entre la opacidad y la indolencia

La vida de cualquier persona vale, dice Luis, con un nudo en la garganta que le entrecorta la voz. La vida de su hermano valía.

Miguel murió a inicios de mayo del 2022, sólo 17 días después de ser detenido y acusado de agrupaciones ilícitas. Hasta ahora, la familia no ha obtenido respuestas sobre las razones detrás de su muerte. Tampoco insistieron mucho, explica Luis, no vaya a ser que tanta pregunta los meta en problemas.

La información sobre las personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción es casi inexistente, incluso para las familias que viven el duelo. En noviembre de 2022, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que al menos 90 personas murieron en las prisiones del sistema desde el 27 de marzo que inició la medida represiva.

La cifra es cercana a la que organizaciones de derechos humanos habían manejado en esa fecha, haciendo el cálculo con base en publicaciones de prensa y casos reportados por los familiares directamente. Sin embargo, el número no es verificable. Medicina Legal y Centros Penales niegan tener competencia para entregar datos sobre las muertes de reos, mientras que la Fiscalía ha reservado toda la información relacionada con el régimen de excepción.

Recientemente, Humans Right Watch y Cristosal hicieron público el análisis de una base de datos oficial sobre detenidos en el marco del régimen. De acuerdo con ese informe, hasta agosto del año pasado, cuando el régimen tenía cinco meses de vigencia, oficialmente estaba registrada la muerte de 32 personas.

Los centros penitenciarios con mayor número de muertes son el penal de Izalco y Mariona, donde han sido enviadas la mayoría de personas detenidas por el régimen. Según la base obtenida por las organizaciones, en Mariona, la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33 mil; mientras que en el penal de Izalco, pasó de 8,500 a 23,300.

“El encarcelamiento masivo durante el régimen de excepción ha agravado las condiciones históricamente precarias de detención, incluidos el hacinamiento extremo, la violencia y el acceso deficiente a bienes y servicios esenciales para el ejercicio de derechos humanos, como alimentos, agua potable, medicamentos”.

Contradicciones, vacíos e irregularidades en las razones de muerte de reos

Miguel murió en Mariona, en el momento en que los operativos de captura ingresaban cientos de personas cada día a celdas que, incluso antes del régimen, ya estaban sobrepobladas.

Datos de la Dirección General de Centros Penales indican que en 2021 el total de privados de libertad era de 36 mil 515, aunque la capacidad instalada era de 32 mil personas. Desde marzo de 2022, se han sumado a esos números más de 60 mil detenidos.

Una persona que estuvo detenida en Mariona por delitos no relacionados con el régimen y que posteriormente fue liberada, explicó a Focos que los capturados durante la vigencia de esta medida fueron ubicados en recintos separados de aquellas personas consideradas “civiles”. En estos recintos el hacinamiento era todavía peor y los servicios básicos todavía más difíciles de acceder.

En el caso de la comida, por ejemplo, una vez entró en vigencia la medida, los presos comenzaron a tener que compartir un rancho, que consiste en dos tortillas delgaditas “como de taco”, una cucharada de frijoles y una de arroz.

Las condiciones de salud y los maltratos que enfrentaban las personas detenidas por la medida también eran peores, dice la fuente. Los medicamentos y las atenciones médicas, que ya eran limitadas a los civiles, para los del régimen eran inaccesibles.

“Esos pobrecitos sí que daban lástima — dice el ex reo. Si nosotros la comenzamos a pasar mal cuando comenzó el régimen, ellos la pasaron peor”, señala.

Otro hombre, también liberado de Mariona, pero cuya detención sí ocurrió por el régimen de excepción, confirmó que los medicamentos que los familiares envían no llegan a los detenidos. En los 8 meses que estuvo detenido, sólo recibió en una ocasión una crema para lesiones en la piel. Al salir, se enteró que su familia había enviado el paquete con ropa, artículos personales y medicamentos, al menos una vez al mes.

Un tercer ex reo de Mariona, también detenido por el régimen, señaló que vio a varias personas descompensarse dentro de las celdas, sin recibir atención médica. “Hubo personas que no las sacaron a tiempo. Sacaban los cadáveres ya muertos”, afirmó.

Luis continúa teniendo dudas sobre las razones por las que murió su hermano. Sospecha que tuvo que ver con la diabetes que padecía, pero la rapidez de su deterioro le parece incomprensible.

Dos médicos del sistema público dijeron a Focos que las condiciones en las que llegan las personas del régimen a los hospitales son delicadas. Algunas situaciones frecuentes son: deshidratación, desnutrición, lesiones en la piel provocadas por hongos, infecciones, heridas y golpes no tratados, así como niveles de azúcar elevados o muy bajos, hipertensión y otros problemas cardiacos.

Todos estas situaciones pueden complicar la salud de una persona sana, y en el caso de una persona con enfermedades crónicas, pueden llevarla a un estado de gravedad que requiere de atención médica urgente, coincidieron los doctores.

Ilustración: Mariana Matal

La violencia en las cárceles

Al menos dos ex reos consultados por Focos confirmaron la violencia a que son sujetas las personas dentro de las prisiones, por parte de custodios penitenciarios. Patadas, golpes y empujones son comunes en el trato diario.

Uno de ellos relata uno de estos sucesos en los cuales, aseguró, murió una persona. “Hubo uno que no alcanzaba a entrar (en la celda). Lo llevaban así, con las manos en la nuca, y le dijeron: dale para dentro, y como él iba agachado y lo iban golpeando atrás, no se fijó en la puerta donde iba a entrar. Donde vieron que se había pasado, le dijeron que se había fugado. Vos fugarte querés, le dijeron. Y lo agarraron a garrotazos. Ahí lo terminaron. Ahí murió”.

La Revista Factum obtuvo acceso a documentos internos de la Policía Nacional Civil (PNC) que revelan que, entre el 30 de marzo y el 8 de mayo, murieron al menos 24 reos en instalaciones de detención. Entre estos casos, al menos 6 se reportaron por causas relacionadas a actos de violencia. “Sobreaveriguar homicidio”, indican los informes.

Un informe de HRW y Cristosal sobre las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción documenta varias muertes ocurridas bajo custodia policial en circunstancias que sugieren que hubo violencia. En al menos 4 de los 11 casos investigados para el informe, se observaron lesiones en las fotografías de los cuerpos.

Las organizaciones sometieron estas imágenes al análisis de Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IFEG), quienes revisaron las fotografías y otras evidencias. De acuerdo con su criterio, los cuerpos “presentan múltiples lesiones traumáticas que podrían haber sido provocadas por torturas o maltratos, lo que podría haber contribuido a la muerte de esas personas bajo custodia”.

Pese a ello, en algunos casos las autoridades médicas informaron que algunas de esas muertes habían sido causadas por “edema pulmonar” o “edema cerebral”, mientras que en otros ni siquiera se realizó autopsia.

Los expertos forenses observaron que los certificados de defunción “no cumplen con la práctica médica internacionalmente aceptada ni con los estándares legales que exigen registrar no solo las causas de muerte inmediatas, sino también todas las causas subyacentes y otras condiciones significativas que contribuyeron a la muerte”.

En opinión de los expertos, las autoridades salvadoreñas “no cumplieron con prácticas médicas aceptadas internacionalmente ni con los estándares legales establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas al investigar las muertes sospechosas”.

Ilustración: Mariana Matal

Investigaciones pendientes

Las autoridades de seguridad afirman que se están realizando investigaciones sobre las muertes de reos durante el régimen de excepción, pero hasta la fecha no se ha admitido la responsabilidad del Estado en ninguna de ellas.

Zaira Navas, abogada de Cristosal, señaló que los expedientes abiertos por la Fiscalía son aquellos en los cuales Medicina Legal certificó que la causa de muerte no fue natural. Sin embargo, el avance de estas indagaciones es desconocido y hasta la fecha se desconoce que haya imputados identificados.

En otros casos, familiares de las víctimas se han acercado a interponer una denuncia, pero tampoco han recibido respuesta. “La Fiscalía es muy hermética, incluso con la familia”, señala.

Navas indicó que a la fecha Cristosal ha hecho un recuento de más de 100 personas fallecidas durante el régimen y agrega que el número puede quedarse corto. “Creemos que hay un subregistro de personas que han muerto y que las entierran en fosas comunes”, explica.

Tal como ocurrió en el caso de Miguel, muchas familias se han enterado sobre la muerte de sus familiares a través de servicios funerarios y no por parte de las autoridades. No existe un protocolo del sistema penitenciario para notificar adecuadamente a los familiares en estos casos. En un caso conocido por Focos, la familia fue notificada al consultar en el centro penitenciario y en otro caso, fue la policía la encargada de notificar.

Medios de comunicación han reportado también casos de familiares que han sabido de la muerte de sus seres queridos cuando ya estaban enterrados en fosas comunes. Ese fue el caso de Henry Joya, de 45 años, y Rafael López Castellón, de 53 años. Ambos estaban recluidos en Mariona.

Los muertos no pueden probar su inocencia

Luis reclama que la muerte de su hermano es una injusticia, y que las autoridades deben respuestas a su familia. “Él era un trabajador, él no debía nada”, dice. “Yo no digo que estoy en contra del régimen, pero está bien que lo hagan con las personas que son culpables, pero mi hermano no era culpable, no tuvo ni un juicio. Para mí eso no es justo”, agrega.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, explica que el Estado es responsable por todas las personas bajo su custodia, y tiene la obligación de brindarles condiciones básicas a las personas privadas de libertad para que tengan una vida digna. “El único derecho restringido por el proceso penal es la libertad, pero todos los demás derechos de la persona deben ser protegidos”, señala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado salvadoreño a implementar acciones para prevenir actos de violencia en los centros penitenciarios e investigar los casos de muertes de reos con la diligencia requerida, así como a reparar integralmente a las víctimas. Pero a la fecha, ningún funcionario se ha responsabilizado de estos hechos.