Una sindicalista denuncia que usaron el régimen de excepción para censurar su labor

“Yo nunca sospeché que me fueran a traer a mi casa…”, cuenta Dolores Almendares en la pequeña sala de su casa, ubicada en Majucla, una comunidad entre el límite de Cuscatancingo y Apopa, estigmatizada durante años por la presencia de pandillas. El 6 de mayo de 2022, la capturaron en el marco del régimen de excepción y fue acusada de agrupaciones ilícitas.

Eran las 9:35 de la mañana, cuando cinco policías llegaron a la casa de Loly, como la llaman de cariño sus amigos y familiares. Revisaron la casa, donde aún dormían cinco de sus seis hijos, entre 5 y 17 años, y aunque no encontraron nada ilícito, le informaron que debía acompañarlos para responder unas preguntas.

Dolores ha dedicado buena parte de su vida a defender derechos laborales y asegura que, como muchas personas que viven en zonas controladas por las pandillas, ella conoce a varios pandilleros, pero no tiene ninguna relación con estas estructuras.

Focos conversó con personas cercanas a Dolores para hablar sobre la acusación de “agrupaciones ilícitas” y coinciden en que ella se ha mantenido siempre al margen de cualquier tipo de relación con personas allegadas o que integren alguna pandilla.

Su inclinación por defender derechos laborales nació en 1998, cuando tenía 24 años. Al ser víctima del cierre de una maquila de ropa, motivó a sus compañeras y compañeros a no permitir que pisotearan sus derechos y tomar acciones de presión.

“La vocación nace al ver tanto atropello. Ya se trae en la sangre. Yo siempre en la escuela tuve problemas porque, cuando han tratado de humillar a una persona, yo siempre estaba ahí, desde antes de ser sindicalista”, señala.

En el 2009, luego de varios años de presenciar atropellos laborales, formó junto a otros compañeros el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo, del que actualmente es la secretaria general.

La captura la tomó por sorpresa, porque desde hacía varios días había permanecido en casa, con incapacidad, debido a una fractura de mano que sufrió al bajarse del bus. Su sindicato tampoco había realizado actividades de protesta por esos días.

Sin embargo, el ambiente de temor ante el contexto de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción ya había alcanzado a su sindicato, debido a las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos ocurridas en ese marco.

La Federación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de El Salvador (Fesitram), que aglutina a sindicatos de 18 municipalidades, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños y otras instancias relacionadas registran al menos 16 capturas de sindicalistas, en el marco del régimen.

Dolores sospecha que lo que motivó su captura debió ser una llamada anónima. Unos meses después de la entrada en vigencia del régimen de excepción (marzo de 2022), la Policía Nacional Civil habilitó un número de teléfono para que las personas denunciaran a otras bajo anonimato. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que este mecanismo era un riesgo, porque los señalamientos podrían ser considerados como pruebas para realizar detenciones.

Dolores, además, sospecha que la llamada fue una represalia contra su labor sindical. “Un día antes de la captura, fui a la alcaldía a dejar una incapacidad. El gerente financiero, con quien hemos tenido diferencias, me dijo: ‘Que le vaya bien… que le aproveche’, con una sonrisa burlona”, recuerda.

En esos días, en la comuna había cobrado fuerza un rumor sobre el posible cierre de las instalaciones, organizado por el sindicato de Dolores, debido a que la alcaldía no había pagado los bonos del Día del Empleado de 2021 y el de junio de 2022, además de que los trabajadores estaban molestos por la falta de uniformes y herramientas de trabajo.

Dolores recuerda que en una reunión anterior a su captura se habló de tomar medidas como el cierre de las instalaciones de la alcaldía, pero niega que se haya concretado un acuerdo al respecto.

“Les dije yo: no nos queda más que cerrar. Pero no se hicieron comisiones, no se hizo ni acta ni nada; eso fue todo lo que yo dije al finalizar la reunión. No dejamos ni acuerdo – sobre el cierre – ni nada”, dice.

Ilustración: Mariana Matal

Desde la creación del sindicato en 2009, todas las gestiones municipales han enfrentado cierres de parte de la organización, como mecanismo de presión para el cumplimiento de derechos laborales. La actual administración, liderada por Nuevas Ideas, es la única que no ha sido cerrada, aunque el sindicato de Dolores sí ha realizado actividades de protesta contra medidas que consideran injustas para los trabajadores.

Las palabras del gerente y su actitud burlona siguen en la memoria de Dolores, quien asegura que el régimen de excepción se ha convertido en una amenaza para quienes defienden derechos, por temor a una detención bajo la figura de “agrupaciones ilícitas”.

Organizaciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones que la figura del régimen de excepción abre una puerta a vulneraciones por parte de policías y militares contra grandes sectores de la población que viven en pobreza y en zonas estigmatizadas, pero también contra figuras de perfil público, como líderes comunitarios, defensores de derechos y activistas.

“Muchas personas que son defensoras de derechos humanos viven en comunidades que han sido estigmatizadas; entonces, proceder en contra de estos liderazgos comunitarios es fácil. El contexto del régimen, junto con las leyes que se han modificado, da la facilidad de detener arbitrariamente a cualquier persona”, señala Nataly Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Según esta red de organizaciones, al menos 35 mujeres defensoras de derechos humanos fueron capturadas de manera arbitraria hasta el 31 de diciembre de 2022, en el marco del régimen de excepción. Sin embargo, el número de liderazgos comunitarios o activistas es incierto.

Aunque la Red señala que en los expedientes y los antecedentes no aparece su labor de defender derechos como motivación de la captura, al realizar las entrevistas sobre cada caso registrado, sí encontraron elementos que apuntan a que su trabajo incomodaba a otros sectores de la comunidad y, en ocasiones, las víctimas habían sufrido amenazas indirectas.

Celia Medrano, especialista en derechos humanos, asegura que “las y los sindicalistas que exigen derechos son descalificados y se aplica contra ellos el poder del régimen actual de suspensión de garantías constitucionales. Esto es aplicable también contra cualquier otro sector crítico”. Además, agrega que, “bajo un régimen en el que no hay garantía de un juez imparcial, la actuación policial y militar arbitraria goza de impunidad”.

“Es duro querer levantar la bandera y estar todas agobiadas”

Los cinco policías que capturaron a Dolores el 6 de mayo la subieron a un pick up y la llevaron a las bartolinas de Ciudad Futura, donde pasó la noche. Luego, la trasladaron a la delegación de Zacamil, donde la revisaron en busca de tatuajes. Fue hasta ahí que le informaron que sería procesada por agrupaciones ilícitas.

“Es bien duro que un policía, cuando está obligado a resguardar y a cuidar a la población, venga y lo etiquétale de que usted es — parte de una pandilla -–; sin tener pruebas, ninguna. Tal vez antes del año 90 que pudiera hacer esas cosas, pero ya de los 90 para acá ya no era permitido eso, y hoy se está permitiendo”, señala.

Fue trasladada casi de inmediato a Cárcel de Mujeres, donde estuvo recluida cuatro meses. Las condiciones eran malas, el hacinamiento y los agujeros y piedras en el suelo no permitían que ninguna de las mujeres pudiera descansar o dormir; permanecían de pie casi todo el tiempo. Además, los malos tratos agudizaban la situación.

Ilustración: Mariana Matal

Cuando sus compañeras de encierro supieron sobre su vocación de defensora, no tardaron en pedir apoyo a Dolores para hacer llegar sus demandas a las autoridades. “Si defiende a la gente allá afuera, hoy defiéndanos a nosotros”, recuerda que le decían las mujeres.

Ella dice que rehuía de tomar las riendas como “encargada”, a pesar de las peticiones, porque cada día se decía a sí misma que ella sólo estaba de paso y que pronto recuperaría su libertad.

Sin embargo, tras ver muchas injusticias, no pudo mantenerse al margen. “No nos dejaban cruzar palabras con nadie, ni con los custodios. Pero cuando llegaron los de la Cruz Roja Internacional y los de la PDDH, las mujeres me eligieron para hablar. '¿Qué necesitan?', me dijeron. 'Primeramente, la libertad', les dije. Luego pedimos agua potable, toallas sanitarias, medicamentos, papel higiénico...”, relata. Algunas de sus peticiones fueron cumplidas.

Pero las condiciones seguían siendo difíciles y, a medida pasaba el tiempo, las posibilidades reales de recuperar su libertad parecían más escasas. Dolores intentaba mantener viva la esperanza de que pronto saldría y se reuniría con sus hijos.

“No lloraba porque, donde veía a todas llorar, decía yo: no es de llorar. Yo rezaba: Señor, dame fuerza, esta gente no tiene que ver que uno, que allá afuera es líder, aquí está derrotado. No se me salió una lágrima y pasé la audiencia y seguía firme, solo pidiéndole fuerzas a Dios…”, dice.

A los cuatro meses, y luego de que le negaran el pago de una fianza para salir, fue trasladada a Apanteos. Allí la situación era “mejor”. “Habíamos 160 reclusas en un espacio para 70, pero estábamos un poco mejor. Nos daban una hora de sol, pero solo las que pasábamos más de 45 años, las menores no. O sea que aquí el delito es ser joven”, cuenta.

Mientras Dolores permanecía privada de libertad, su hija mayor de 24 años, quien asumió el cuidado de sus hermanos y la labor de realizar los trámites necesarios para recuperar su libertad, buscó a los sindicatos de los que es parte, el de Cuscatancingo, a la Confederación y a Fesitram.

Desde el inicio del régimen, varios de sus compañeros sindicalistas le dijeron que había temor para manifestarse, por las capturas arbitrarias que eran denunciadas constantemente por organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Sin embargo, y luego de pensar detenidamente en la petición de la hija de Loly, decidieron alzar la voz y realizaron diversas actividades para pedir su libertad y la de otros sindicalistas capturados por el régimen.

Según la Mesa por el Derechos a Defender Derechos, que presentó un informe Ejecutivo sobre agresiones a personas defensoras entre 2021 y 2022, el contexto actual de El Salvador no permite que se pueda realizar esta labor de una manera segura, sin que su integridad se vea amenazada.

Las organizaciones que integran la Mesa registraron que, de enero de 2021 a mayo de 2022, el derecho más vulnerado a esa población, fue el derecho a la libertad de expresión. Al menos el 23.6 % de personas tomadas en cuenta para el estudio fueron limitadas en este derecho.

Asimismo, el informe señala que el régimen de excepción ha agudizado las amenazas y que “la vulnerabilidad se debe, en buena medida, a que en el país no se cuenta con una ley o marcos normativos de protección para las personas defensoras”.

Ilustración: Mariana Matal

“Hay miedo y zozobra. Pero es importante defender derechos”

Medrano asegura que la falta de garantías para un debido proceso genera la autocensura de diversos sectores.

“El exigir derechos es considerado contrario al control oficial; por lo tanto, quienes exigen derechos son calificados como enemigos y, en la propaganda gubernamental, señalados de favorecer a pandillas, con el objeto de deslegitimar cualquier protesta o pensamiento crítico”, dice.

Asimismo, hace énfasis en que, al atacar a personas defensoras de derechos humanos, se busca intimidarles, “puesto que un ambiente de libertad de expresión evidenciaría hechos de corrupción, violaciones y abusos, así como desmiente la propaganda contrastándola con hechos reales”.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, señala que el discurso oficialista y las medidas represivas del régimen dificultan que la población tenga mayor conciencia y acción sobre la labor de las personas defensoras y liderazgos comunitarios.

“Visibilizar este tipo de casos y cómo se utiliza de manera arbitraria la normativa que se tiene en este momento, y en un amplio sentido del régimen de excepción para atacar a estos liderazgos, es clave para que la gente vaya teniendo conciencia de que se está utilizando de manera inadecuada y que, entre más permisos y más libertad se le da a un Estado represivo, pues más consecuencias vamos a tener”, dice.

Las organizaciones de derechos humanos enfatizan en que las capturas de líderes comunales, activistas y sindicalistas generan un deterioro peligroso para la garantía de los derechos humanos y constitucionales en el país.

“En el caso de personas sindicalistas que son capturadas, pues eso facilita a las empresas seguir abusando y violentando los derechos de los trabajadores. Si se les desarticulan los sindicatos, no hay ninguna entidad con la cual el trabajador o trabajadora puede respaldarse y exigir que se respeten sus derechos por parte de patronos”, agrega Nataly Paz.

Dolores es consciente de las dificultades que enfrentan quienes alzan la voz ante vulneraciones e injusticias, pero se mantiene firme en que es importante defender derechos.

Luego de siete meses de prisión, finalmente recuperó su libertad en diciembre de 2022, luego de una audiencia especial de revisión de medidas, en la que un juez autorizó que enfrentara su proceso judicial fuera de prisión.

“Cuando usted viene para afuera, usted lo que menos quiere saber es cómo va para afuera; usted sólo va enfocada en que va a ver a su familia. Se siente una felicidad tan grande y una tristeza, a la vez, porque dice usted: púchica, cuántas personas se quedan atrás”, dice.

A pesar de todo lo que vivió, y de su sospecha de que fue su labor sindical la que la puso en esa situación, Dolores sigue al frente del sindicato y sigue siendo parte de la Federación y de la Confederación. Sin embargo, ha solicitado permisos para poder tener tiempo de recuperar su vida junto a sus hijos.

Pero la defensa de los derechos no para y es por ello que señala que el trabajo sindical y el de las personas defensoras debe fortalecerse y no callar ante los atropellos del Estado.

“Hay miedo y zozobra. Los compañeros me dicen: no podemos estar haciendo protestas, cierres o comunicados, porque nos van a venir a traer. ¡Nombre!, les digo yo. Es importante defender derechos. Si se levanta la gente, es culpa del Estado. No es culpa de nadie más”, asegura.