HACIA UN NUEVO LUGAR
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Hace dos años un grupo de excombatientes comenzó a romper el silencio y contar cómo la guerrilla torturó y asesinó a sus familiares. Este 3 de diciembre alcanzan un hito en su lucha por salir de la impunidad: por primera vez llevan sus testimonios ante una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No todos cargaron un fusil cuando fueron cuadros de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las organizaciones armadas que formaron el FMLN en 1980. Hay enfermeros, una cocinera, un explosivista, un instructor, varios excombatientes y cuadros políticos.
Para llegar esta mañana hasta el centro escolar del cantón Las Anonas, en Tecoluca, donde se encontrarán con Antonia Urrejola y Edison Lanza, de la CIDH; primero han tenido que entender que también son víctimas de la guerra, y de los dos bandos. Sobre todo de la guerrilla.
En 2017 comenzaron a formar este grupo, al que se refieren como “grupo de víctimas”. Las reuniones de la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) hacían las veces de sesiones de catarsis y así se dieron cuenta que los unía algo más que la militancia en la guerrilla. En este proceso no estuvieron solos. El abogado Pablo Parada Andino, Goyo, quien les sigue hablando como en sus tiempos de jefe militar de las FPL, les animó a romper el silencio. Les animó a romper cerco.
Goyo es el último en tomar la palabra en ese encuentro con la CIDH, donde también participan otras organizaciones de sobrevivientes de la guerra. El lugar que recibe a la Comisión es muy simbólico para el “grupo de víctimas”. Tecoluca es la tierra natal de Goyo y donde varios de sus compañeros de las FPL estuvieron destacados y Las Anonas fue testigo de los ajusticiamientos que ocurrieron dentro de la guerrilla.
“A testimonios que aquí se han oído, como el de Silverio, cuando lo dice en su comunidad no falta miembro del partido que le dice ‘callate Silverio, te podemos matar’. Es grave. Y así es en mi comunidad Las Pampas. Si diste alguna declaración en algún medio de comunicación, como que sos repelente, ‘es que este anda viendo cómo daña al partido’. ‘Es que ese se está prestando al enemigo’. ‘Es que a él ya lo compraron’. Y así, las mismas razones por las cuales te ahorcaron, te torturaron a tus familiares”. Goyo lo sabe bien. Lleva más de tres décadas en esta lucha.
En enero de 2018, un grupo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a Las Pampas buscando a Pablo Parada Andino. Se retiraron sin obtener respuesta.
Durante dos meses insistieron en localizarlo, dejando mensajes para que se comunicara con ellos. En marzo, Parada aceptó reunirse con ellos. Lo buscaban porque lo refirieron como testigo en el caso de Ethel Pocasangre, asesinada por sus mismos compañeros de las FPL, en septiembre de 1986.
Parada se negó a conversar con los agentes de la PNC. Quería hablar directamente con los fiscales porque su objetivo era demostrar que el de Ethel no es el único caso: son muchos los que exigen justicia por los muertos y desaparecidos que dejó la guerrilla.
Goyo conoce de cerca los casos de ajusticiamientos dentro de las FPL porque en 1987, el comandante Leonel González le encomendó indagar qué sucedía en el frente paracentral, que estaba bajo el mando de Mayo Sibrián. Leonel era entonces el máximo dirigente de las FPL y varias décadas más tarde se convirtió en el presidente de la República. Leonel era el seudónimo de Salvador Sánchez Cerén.
Los ajusticiamientos dentro de la guerrilla eran una política. Así lo sostiene Goyo y con él coincide el investigador académico Julio Juárez. Este docente de la Universidad de El Salvador (UES) formó parte de las FPL durante la guerra y ha investigado estos pasajes de la historia de la guerrilla.
Juárez considera un error atribuir los ajusticiamientos solo a Mayo Sibrián, a quien las FPL señalaron como responsable único de estos asesinatos y por eso lo ejecutó en 1990. “(Salvador) Sánchez Cerén sabía, toda la dirección sabía; unos más, otros menos, pero sabían. Gente de otras organizaciones del FMLN sabían. Hay que ir aprendiendo a enfocarlo como un fenómeno dentro de la guerrilla, no solo de las FPL”, afirma.
El asesinato de Ethel Pocasangre, catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se considera uno de los primeros casos de ajusticiamiento dentro de de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). También formó parte del movimiento Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de julio (FUR-30). Pocasangre fue ajusticiada en septiembre de 1986, en el frente paracentral comandado en ese entonces por Mayo Sibrián.
René Oswaldo Oviedo Canales fue uno de los tres fundadores del movimiento FUR-30 en 1975. Se incorporó a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y estuvo en el frente de la zona paracentral, cuando Mayo Sibrián era comandante. Sus padres no volvieron a saber de él desde junio de 1986, cuando les envió la que sería su última carta. La familia sospecha que fue asesinado en septiembre de 1986, por los mismos días de Ethel Pocasangre.
Refugio del Tránsito Alférez denuncia el asesinato de su hijo Baltazar Alberto Panameño, ocurrido en 1987 en el frente paracentral de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Los cinco hijos de Refugio vivieron desde temprana edad en los campamentos guerrilleros de las FPL. Tres de ellos fallecieron en combate, pero Baltazar fue ajusticiado porque lo acusaron de ser infiltrado.
Óscar Genovés formó parte de las FPL. Tres de sus compañeros más cercanos fueron ajusticiados, acusados de ser infiltrados. “Yo empecé a escuchar ‘es que fulano era infiltre’. Pero yo le voy a hablar de los compañeros que fueron ajusticiados: no eran lo que ellos decían”, asegura.
La CIDH está en El Salvador para una visita in loco por primera vez en 32 años. Del 2 al 4 de diciembre de 2019 se ha reunido con representantes del Estado y la sociedad civil para conocer la situación de los derechos humanos en el país.
Este 3 de diciembre es su segundo día en el país. El día 4 termina su agenda, en donde incluye la situación de la memoria, verdad y acceso a la justicia en El Salvador.
Después de revelar sus casos ante la CIDH, los sobrevivientes de los crímenes de la guerrilla advierten que no hay marcha atrás. Se están preparando para presentar denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR).
Incluso el escenario político les beneficia, afirma Goyo. “Políticamente la historia nos da la oportunidad porque ahorita no tiene nada que perder el FMLN, si ya perdió todo. Solo le falta perder la mitad de los diputados que tiene o un poco más dentro de un año exactamente, y el cuento se terminó. Y vamos a aclarar este asunto”, sentencia.
Y concluye: “Un amigo me decía que al FMLN y a (Salvador) Sánchez Cerén no se le puede acusar de ser criminal. Para empezar nunca se le ha mostrado una tumba donde hay cadáveres. Hoy les anunciamos a ustedes, y a los que nos acompañan, que de aquí a diciembre que viene les hemos enseñado bastantes tumbas donde hay decenas de personas enterradas”.
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