Rompiendo el cerco de la impunidad

El olvido, dice el poder, es el precio de la paz, mientras nos impone una paz fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad cotidiana
- Fragmento de Patas Arriba, de Eduardo Galeano

Ovidio tenía 21 años cuando lo mataron. “Quieren carne quemada”, dijeron sus asesinos al verlo aparecer de las entrañas del cañal en llamas. Minutos antes se había escondido ahí de la balacera que armaron los sujetos cuando perseguían a un grupo de muchachos. Para obligarlo a salir, le prendieron fuego a la plantación.

Cuando salió del cañal, ya tenía quemado el 65 % de su cuerpo. Pero así lo agarraron de la nuca y le pegaron. Le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza y siguió la paliza. Le quitaron la bolsa y continuaron la tortura. Ovidio gritaba de dolor. Lo tiraron luego a la cama de la patrulla y lo llevaron al hospital. Ahí murió por la asfixia y las quemaduras.

El asesinato de Ovidio no pasó en los años de la guerra. Sucedió en El Salvador de los Acuerdos de Paz. Esta es una de las denuncias de ejecuciones extralegales atribuidas a la Policía Nacional Civil (PNC), recogidas en un informe publicado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2019.

Este y otros casos son un ejemplo que las violaciones a derechos humanos que no se detienen en el pasado, vuelven a repetirse. "El que mata una vez y queda impune, vuelve a matar", dice Benjamín Cuéllar, abogado y un defensor de derechos humanos de larga data en El Salvador. Parafrasea a Gloria Giralt, madre de Ramón Mauricio García-Prieto Giralt, asesinado el 10 de junio de 1994 en San Salvador. El crimen fue similar a los perpetrados por los escuadrones de la muerte, un grupo vinculado a la derecha que operó antes y durante la guerra salvadoreña.

Cuéllar afirma que la impunidad es “la base de todos los males” en El Salvador. Explica que si no hay castigo para quien cometió crímenes de guerra o de lesa humanidad en el pasado, el Estado le abre la puerta para que violente la ley de otras formas porque sabe que no habrá consecuencias.

Los ejemplos de cómo El Salvador repite los momentos más oscuros de su historia son varios. Las masacres de población civil campesina, en los primeros años de la guerra, son un símil del exterminio de población indígena de 1932, señala David Morales, ex procurador de Derechos Humanos y actual director de Litigio Estratégico de Cristosal.

Así como en 1932, tampoco hubo justicia ni verdad para los crímenes del Sumpul, río Lempa, El Mozote y otros tantos. “El Estado cometió las violaciones, las encubrió y el sistema judicial fue su cómplice”, indica. "El conocer la historia, el investigarla, el rechazar los graves abusos, los graves atropellos a los derechos humanos que ocurrieron, es una de las mayores garantías que tienen las sociedades para no repetir la historia", reflexiona.

Justicia para los crímenes de la guerra, un reto del presente

Morales advierte que en El Salvador se ha promovido desde el Estado una política negacionista de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra. Además, ha impedido el acceso a la justicia para los sobrevivientes de estos crímenes.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía que solo permitía juzgar los crímenes incluidos en el Informe de la Comisión de la Verdad. Cinco días después de publicado el documento, en marzo de 1993, la Asamblea se apresuró a reformar la ley para que la amnistía también cubriera los casos dentro del informe.

"Cuando el informe se publica en marzo de 1993 y se denuncia (...) que Roberto d’Aubuisson Arrieta, fundador de ARENA, es el asesino intelectual de Monseñor (Óscar) Romero; que la cúpula militar más poderosa de aquel momento es responsable de la matanza del padre (Ignacio) Ellacuría y sus compañeros jesuitas, Elba y Celina, entre otros casos, apenas cinco días después y sin mayores debates, se dicta la amnistía del año 93”, explica Morales.

En el año 2000 comenzó a tambalearse la amnistía de 1993 con una primera sentencia de inconstitucionalidad, pero es hasta el fallo de 2016 que la expulsan del marco legal del país. La Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea diseñar y aprobar una nueva ley de reconciliación. Los diputados tenían hasta el 13 de noviembre de 2019, pero incumplieron el plazo. La Sala les ha dado una nueva prórroga, que vence en febrero de 2020.

Cuéllar es uno de los ciudadanos que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la amnistía de 1993 y que propició el fallo de 2016. La sentencia ordena crear una nueva ley que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero la reconciliación no se logra por decreto, afirma, al tiempo que se declara un detractor de usar esa palabra para describir lo que necesita El Salvador de la posguerra. “No se puede reconciliar lo que nunca se ha conciliado”, afirma. El primer paso, entonces, debe ser que las víctimas conozcan la verdad, un aspecto que la Asamblea no ha contemplado en esta nueva ley que debe aprobar.