Nuevas Ideas elige a siete piezas del bukelismo como magistrados de la CSJ
Entre los siete magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay magistrados y funcionarios de la CSJ que respaldan el régimen de excepción, avalaron la reelección de Nayib Bukele en contra de la Constitución de la República, y hasta asesores de Casa Presidencial. Con esta elección, Nuevas Ideas consolida su control total sobre el Órgano Judicial.
Por Gabriela Villarroel / Claudia Palacios.
La Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas eligió este 23 de septiembre a siete de los 15 magistrados propietarios que componen la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, en un proceso cuestionado por la falta de transparencia en los perfiles de los candidatos, de filtros y criterios adecuados para la elección. Estos nombramientos consolidan el control absoluto del oficialismo sobre el Órgano Judicial.
Entre los magistrados electos por el partido de Nayib Bukele se encuentran jueces, funcionarios de la CSJ y asesores cercanos a la Presidencia de la República. En sus decisiones, además, han abierto las puertas a la reelección presidencial inmediata en contra de la Constitución de la República, participaron en la implementación del régimen de excepción, e incluso retiraron medidas para preservar áreas naturales protegidas.
Tras esta elección, Nuevas Ideas consumará el control total de la CSJ, donde quedaban sólo cinco magistrados electos por legislaturas anteriores, antes que el oficialismo llegara a la Asamblea y cooptara los tres Órganos del Estado, mediante la destitución de funcionarios judiciales.
Los siete magistrados electos fueron propuestos por diputados del oficialismo y apoyados por sus aliados del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los opositores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos se abstuvieron en las votaciones.
De estos jueces, cinco cumplirán un período de nueve años, del 2024-2033, y los dos restantes se juramentaron para llenar las magistraturas correspondientes al periodo 2021-2030, que quedaron vacantes tras la renuncia de Enrique Alberto Portillo Peña y el fallecimiento del magistrado Miguel Ángel Flores Durel.
Los diputados oficialistas eligieron con 57 votos a Henry Alexander Mejía, un abogado de 49 años, como magistrado propietario hasta 2033, y como nuevo presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional por un periodo de tres años: del 24 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2027.
Minutos antes de ser juramentado, Mejía renunció al cargo de magistrado en funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que fungió desde 2022 para sustituir a Portillo Peña. La Asamblea Legislativa incluso declaró receso en la sesión plenaria, ya que Mejía y Alejandro Quinteros debían renunciar de sus cargos como suplentes de la CSJ para ser electos como propietarios.
El nuevo presidente de la CSJ sustituirá a Óscar López Jerez, quien presidió el Órgano Judicial desde el golpe al poder judicial ocurrido el 1 de mayo de 2021, cuando el oficialismo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde ese cargo, López Jerez avaló la reelección presidencial inmediata junto a otros cinco jueces impuestos, dando luz verde a un segundo mandato de Bukele en contra de lo establecido en la Constitución de la República.
La lealtad de López Jerez le permitirá continuar en la Corte Suprema, luego de que fue reelecto por los diputados como magistrado propietario.
López Jerez concluye su periodo el 23 de septiembre de 2024, pero iniciará una nueva etapa como magistrado propietario hasta 2033, cuando sumará un total de 18 años como magistrado de la Corte Suprema.
Antes de haber dado sus votos por la resolución que habilitó el segundo mandato de Bukele, -decisión que le valió ser incluido en la lista Engel junto a otros cuatro magistrados- López Jerez ya tenía un historial cuestionado. En 2017, mientras era investigado por tener indicios de lavado de dinero, votó para ocultar la información de funcionarios investigados por la Sección de Probidad, como el expresidente Mauricio Funes y el exfiscal de la República, Luis Martínez. Además, en 2021 votó para que pandilleros salvadoreños no sean extraditados a Estados Unidos.
El nuevo presidente de la CSJ
El nuevo presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, fungía hasta ahora como magistrado en funciones en la Sala de lo Contencioso, debido a la renuncia de Portillo Peña. Según su currículo, es doctor en derecho graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2006 y es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).
También ha sido consultor del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas, de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y en la elaboración de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley de Ética Gubernamental.
Durante su participación en la Comisión Política, Mejía se mostró a favor de las limitaciones al derecho de movilidad impulsadas por el Ejecutivo durante la pandemia del Covid-19 en 2020; e incluso afirmó que la Sala de lo Constitucional removida por el oficialismo “se precipitó en declarar inconstitucional” el cuerpo normativo.
Según reportes de Voz Pública, además, en junio pasado Mejía se manifestó a favor de reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo, e incluso una “nueva Constitución” de la República.
Un magistrado que desprotegió el medio ambiente
También fue electo como propietario Miguel Elías Martínez Cortez, quien actualmente funge como magistrado presidente de la Cámara Ambiental de Santa Tecla, cargo que ocupa desde el 26 de septiembre de 2021, tras la destitución masiva de jueces aprobada por Nuevas Ideas con reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Durante su periodo como juez ambiental, votó por archivar el caso de la cuenca Sensunapán y dar por cumplidas las medidas cautelares que habían adoptado los magistrados removidos, Samuel Lizama y Cesia Romero. Estas medidas impedían que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitiera permisos ambientales para obras en el río Sensunapán, donde comunidades indígenas luchan por detener la construcción de una presa hidroeléctrica.
También votó en febrero de 2022 por remover el freno a la construcción de una carretera en el área natural protegida de El Espino, en San Salvador.
Una empleada de CAPRES
Entre los magistrados electos, además, está Lidia Patricia Castillo Amaya, quien se desempeña actualmente como subsecretaria de la Secretaría de Cumplimiento y Mejora Continua de la Presidencia de la República.
Además, ha sido asesora jurídica en la Secretaría de Auditoría de la Presidencia de la República, e integrante del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor entre 2019 y 2020.
Según reconoció ante la Comisión Política, también fue asesora de la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); pero dijo que esa relación laboral no significó vinculación partidaria.
“Esta fue una relación laboral, no fue algo que pudiera ser partidaria”, dijo, señalando además que la jurisprudencia “no establece que esto pueda considerarse una vinculación material”.
No obstante, Castillo Amaya sí tiene vinculación material como donante del FMLN en 2017, año en que donó $2,494.96 a ese partido político, en concepto de cuotas partidarias.
A favor del régimen
Los diputados oficialistas también eligieron como magistrados a entrevistados que mostraron posturas a favor de las políticas oficialistas, como el régimen de excepción, la reelección presidencial y la destitución de los magistrados del 1 de mayo de 2021.
Uno de ellos fue Vicente Alexander Rivas Romero, quien desde julio de 2022 ha fungido como primer magistrado de la Cámara 2ª de lo Contencioso Administrativo de San Salvador, y llegó a ese puesto después de ocupar por seis meses el cargo de magistrado presidente en funciones de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla.
Durante su participación en la Comisión Política, Rivas Romero negó tener vínculos materiales y formales con partidos políticos y se mostró a favor de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, argumentando que “se trató de un control constitucional político” por parte de la Asamblea.
“Si lo enfocamos desde el punto de vista social y político, yo estaría de acuerdo, porque fue un control de constitucionalidad político, que está permitido por el mismo constitucionalismo”, afirmó, al ser cuestionado por Reynaldo Carballo, diputado oficialista del PDC que votó a favor de la destitución de los magistrados.
Los diputados también votaron por Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, quien renunció a su cargo como magistrado en funciones de Sala de lo Penal, minutos antes de ser juramentado.
Quinteros Espinoza fue elegido como suplente de la Sala de lo Penal para el periodo 2021-2030, y fungió como presidente de la misma entre 2023 y 2024, tras el fallecimiento de Flores Durel.
En su administración frente a la Sala, según reconoció en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, impulsó la conversión de sedes judiciales en Tribunales del Crimen Organizado, un instrumento creado por la Asamblea Legislativa en el marco del régimen de excepción para enfrentar la creciente demanda de personas detenidas. Los tribunales especializados han sido señalados por su falta de transparencia por organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso, que ha denunciado la figura de los jueces sin rostro y la falta de garantías para juicios justos.
Hasta el 4 de septiembre de 2024, autoridades del Gabinete de Seguridad reportaron al menos 81,900 capturados durante el régimen de excepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado salvadoreño que ponga fin a esta medida, por la denuncia de violaciones a derechos humanos y la muerte de más de 261 personas bajo custodia del Estado.
Otro de los magistrados electos, José Fernando Marroquín Galo, es también asistente de la Sala de lo Penal desde 2021, pero también fue magistrado de la Sala de lo Civil desde septiembre de 2015 hasta abril de 2021.
Al ser consultado sobre el régimen de excepción, Marroquín Galo aseguró que es “una medida de política criminal políticamente legítima y jurídicamente válida”.
“Sobre la legitimidad política, basta ver el nivel de aceptación popular que tiene. El régimen no habría sido posible de aplicar sin la aceptación popular que tiene”, agregó.
Además, aclaró que no tiene vinculación partidaria pero “esto no significa que uno carezca de una visión política”.
“Creo que el juez es independiente de la Constitución y las leyes, pero la Constitución de las leyes están sujetas a la voluntad popular porque son creadas por los representantes políticos del pueblo. El juez tiene que aplicarlas siempre con deferencia hacia la voluntad del legislador”, dijo.
