A un año del régimen de excepción, ¿hacia dónde vamos El Salvador?

“Los ciudadanos están más dispuestos a tolerar, e incluso respaldar, medidas autoritarias cuando temen por su seguridad.” –

 “Cómo las democracias mueren” de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.

La democracia, como régimen político, es entendida por diversos autores como un tipo ideal, un estadio por alcanzar, una quimera. Pocas naciones alrededor del mundo han logrado consolidar un tipo de gobierno que satisfaga, desde el aspecto formal (instituciones, procesos, normas) y real (calidad de vida e igualdad), la democracia como un modelo y, aquellas sociedades que lo han alcanzado, gozan de estabilidad política, igualdad social y bienestar económico.

Evidentemente, El Salvador no ha sido, ni es, una de estas naciones ejemplares. Por el contrario, el nuestro, es un país con grandes brechas de pobreza y desigualdad, en permanente conflicto político y vulnerable económicamente. Como sabemos, estas condiciones no son nuevas, son un lastre que cargamos desde la constitución misma de la República, pero que lejos de superar, nos hemos encargado de consolidarlas.

Desde su llegada al poder, Nayib Bukele ha logrado atender el asunto de mayor trascendencia en el debate público de El Salvador en su historia reciente: la seguridad pública. Objetivamente, el progreso de su gestión ha coincidido con una caída drástica de la criminalidad en el país. Desde los asesinatos hasta las extorsiones, la delincuencia ha cedido en un país sometido por años al terror de las pandillas. Esto parece haber cambiado en el último trienio.

¿Importa analizar y entender cómo sucedió el milagro? Lógicamente sí, un tema transcendental y que impacta directamente en la vida de las personas necesita ser estudiado, comprendido y analizado abierta, pública y transparentemente. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder prever su estabilidad en el tiempo. No es lo mismo haber desarticulado desde su origen a las pandillas que haber negociado su mutación con ellas. No es lo mismo. ¿Importa? Sí, porque de eso depende entender si este momento de aparente “paz” es una conquista ganada e irreversible o, por el contrario, es un acuerdo frágil entre políticos y criminales, que nos mantiene en una fina burbuja a punto de estallar. 

Pero asumir este pensamiento crítico no es tan intuitivo como se lee. La sociedad salvadoreña ha dejado claro no estar interesada, por ahora, en el debate de las causas, le importa, el beneficio de las consecuencias, y es lógico, un país sometido por décadas a un permanente acoso y asedio del crimen vive ahora en una aparente “tranquilidad” que le correspondía, por derecho, desde siempre a sus ciudadanos. 

Es tan profundo el bienestar inmediato del impacto de la reducción del crimen en El Salvador que esto se ha traducido en hacer de Bukele una de las figuras políticas más populares del continente, en el actor más determinante del debate nacional y en un referente de gestión para gobiernos de corte conservador en toda la región. Bukele gobierna por hoy con una amplia legitimidad gracias a sus decisiones en materia de seguridad.

¿Hasta dónde?

En su libro, “Cómo las democracias mueren”, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, explican, a partir de diferentes estudios de casos alrededor del mundo, cómo las crisis de seguridad se convierten en momentos de inminente peligro para la democracia, son precisamente esas circunstancias las que le otorgan a los líderes las atribuciones para hacer “lo que ellos quieran” en nombre de la seguridad pública, poniendo en graves aprietos al resto de las instituciones que, en principio, deberían estar velando por la correcta aplicación de la ley: jueces, fiscales, procuradores, policías y militares.

Desde hace exactamente un año, en nombre de la seguridad pública, El Salvador vive muy lejos de una democracia. El gobierno del presidente Bukele ha restringido 4 derechos fundamentales de la Constitución, y ha desmantelando con ello el régimen de libertades. Al haber suspendido estas garantías, nuestro país está, desde hace doce meses, gobernado por el autoritarismo. ¿Qué significa esto? Que no es la ley la que nos gobierna, es la arbitrariedad de una persona y de su proyecto político la que define las reglas de cómo vivir en El Salvador, día con día.

Sí, la seguridad es, por ahora, mejor, pero bajo ese régimen, más de 60 mil personas han sido capturadas, de estas, miles han sido detenidas injustificadamente, han padecido violaciones a sus derechos humanos, y otras tantas, han muerto en una prisión que no les correspondía. 

Todo esto ha ocurrido frente a nuestros ojos y ante nuestro total conocimiento. Nadie que viva en El Salvador puede ignorar que durante el régimen de excepción se han cometido violaciones a los derechos humanos, pero aún, y conscientes de eso, hemos decidido, mayoritariamente, cerrar los ojos a lo evidente y seguir hacia adelante.

¿Hasta cuándo?

Desde Focos comprendemos el beneficio que ha traído para el país esta aparente paz, pero nos negamos a dejar de preguntar. Por el contrario, es en este contexto cuando se hace más importante cuestionar las arbitrariedades del régimen de excepción, y a respaldar con evidencia y rigor la violación sistemática contra los derechos de miles de personas inocentes ignoradas por el sistema.

Somos conscientes también que la seguridad nacional es un bien fundamental, pero nos negamos a pensar en soluciones autoritarias como la única vía para resolver los complejos problemas de nuestra sociedad. Creemos en la democracia, por eso, nos resistimos a someternos ante un gobierno que cierra las puertas a la información, agrede e intimida a periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y a toda persona que pone entredicho sus abusos. 

Entendemos el rechazo mayoritario de la sociedad a los partidos políticos de la post-guerra, la crítica a su gestión, a la corrupción y a la incapacidad de resolver en los últimos 30 años los asuntos más urgentes, como la seguridad pública, pero también entendemos que, ante la ausencia de controles por el dominio absoluto de Bukele sobre las instituciones, nuestra labor en la sociedad es más importante que nunca. No podemos ser en estas condiciones una plataforma más de propaganda que trabaja a conveniencia de un gobierno que gestiona, al igual que sus antecesores, con abuso y prepotencia y que se lleva por encima los pocos, pero significativos, avances de una democracia que construimos luego de una guerra y en memoria de miles de víctimas.

La sociedad salvadoreña ha decidido darle su confianza al presidente Bukele y a su proyecto político, a tolerar el autoritarismo como forma de gobierno a cambio de seguridad. Nosotros, por nuestra parte, y al igual que muchos otros de nuestros colegas, hemos decidido seguir haciendo periodismo, cuestionando y complejizando lo que hay detrás de los resultados, y a preguntarnos día con día, qué tan perdurable en el tiempo será este momento.  

Por hoy, nuestras audiencias pueden estar seguras que seguiremos aportando desde el periodismo a una sociedad con información y pensamiento crítico, al menos, hasta que las condiciones dictadas por este régimen nos permitan seguir ejerciendo por el bien de una democracia por la cual apostamos seguir creyendo.