Bukele emula a Ortega: más de 70 organizaciones sociales acosadas por el Estado en cuatro años

Un informe elaborado por la oenegé Cristosal registra que 71 organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, de 11 departamentos del país, han sufrido afectaciones “sistemáticas” hacia sus colectivos e individuos desde 2019, cuando Bukele llegó al poder.

El estudio “Sociedad Civil en Alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación” identifica patrones de amenazas contra la vida y la integridad física de líderes y lideresas de las organizaciones, criminalización, vigilancia policial y militar, acoso físico y virtual, y espionaje e intervención de dispositivos electrónicos. 

En los casos más graves, los bloqueos administrativos de las entidades que regulan la operatividad de las organizaciones y fundaciones apuntan hacia la extinción de las mismas, según los denunciantes. 

El informe ha registrado el hostigamiento administrativo a través de la instrumentalización de las instituciones del Gobierno que se ha traducido, por ejemplo, en dificultades para inscribir o renovar las personerías jurídicas de las organizaciones o no aceptar sus balances financieros ante el Ministerio de Gobernación.

Este ha sido el caso de Cristosal, oenegé que lidera el estudio, quien reveló que desde junio de 2022, Gobernación ha notificado reiteradamente que rechaza los registros de sus estados financieros de 2014 a 2022 a pesar de haberlos presentado en tiempo y forma en diversas ocasiones.

“Al rechazar nuestros registros, según Gobernación no hemos cumplido con la ley, a pesar que sí lo hemos hecho, esto puede llevar a que decidan cancelar el permiso de operaciones a Cristosal”, dijo Salvador Novellino, director financiero de la entidad.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda, les notificó en diciembre de 2022 que la exención del pago del impuesto sobre la renta del que gozaban desde 2014 había sido revocada.

A juicio de Novellino, esto busca amedrentarlos. “Nos manda un mensaje para que no continuemos trabajando en la defensa de los derechos humanos en El Salvador y o al menos, que nos convirtamos en un actor silencioso”, dijo.

Rina Montti, la investigadora del estudio, dijo a FOCOS que el caso de Cristosal no es aislado y tiene certeza que al menos la mitad de las 71 organizaciones que participaron en el análisis ha sufrido algún obstáculo que amenaza sus operaciones en el país.

Estas prácticas, consideradas por organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, como lesivas contra las organizaciones de la sociedad civil fueron un punto de quiebre para el Gobierno Bukele en noviembre de 2021, cuando la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas intentó aprobar una Ley de Agentes Extranjeros contra estas organizaciones.

Sin embargo, la campaña contra las oenegés empezó desde mayo de 2021 con la llegada de la Asamblea oficialista que apostó por crear una comisión especial para “investigar fondos otorgados a organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro” donde se apuntó a Cristosal y a otras organizaciones críticas mezclándolas con organizaciones cuestionadas por recibir fondos del presupuesto del Estado en anteriores legislaturas bajo un mecanismo discrecional avalado por la Asamblea Legislativa.

Un mes después, luego que la Asamblea bukelista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, Bukele apuntó en su discurso a la nación a las fundaciones, tanques de pensamiento, oenegés y organizaciones de la sociedad civil y anunció “un quinto paso” para combatir el “aparato ideológico” de la oposición.

Para noviembre, los diputados oficialistas barajaban la propuesta de ley que exigía a las personas naturales o jurídicas que reciben financiamiento del exterior que se inscriban como agentes extranjeros y que pagaran un impuesto del 40% sobre sus movimientos financieros, así como otros obstáculos que haría imposible las operaciones de las organizaciones sociales en el país. La ley, a juicio de expertos, emulaba sin matices a las leyes con las que el régimen de Daniel Ortega ha logrado aniquilar las entidades jurídicas de 3,500 de organizaciones perseguidas por ser críticas con el Gobierno nicaragüense.

En El Salvador, la aprobación de la ley quedó en suspenso debido a la presión de la comunidad internacional. En específico, la Embajada de Alemania en El Salvador condicionó sus apoyos al país si el oficialismo aprobaba la normativa. La iniciativa fue engavetada, pero no desechada. 

No obstante, para la investigadora Montti, estos obstáculos y acoso administrativo de parte del Estado hacia las organizaciones que revela el estudio “es una forma de aplicar algunos elementos de la ley (de Agentes Extranjeros) sin tenerla vigente”.

Perseguidas por ser voces críticas

Las acciones del Estado apuntan contra entidades que se han convertido en protagonistas de la defensa de los derechos humanos o por ser voces críticas contra la políticas del gobierno Bukele que golpean a los más vulnerables. 

“Cuando hacemos las Asambleas siempre hay debate de lo que estamos de acuerdo y que no, pero siempre hay ejército cerca tomando fotos, escuchando todo lo que decimos”, dijo una participante del estudio miembro de una organización comunitaria.

“He notado algunas características como que estuviera interferido. Por ejemplo, cuando yo realizo llamadas se escucha un eco (…) una compañera mía recibió una llamada de mi número de teléfono y yo estaba allí, yo no la estaba llamando”, también dijo un miembro defensor de derechos humanos.

En las entrevistas y grupos focales participaron 11 organizaciones de la zona occidental; 27 de la zona central, 13 de la zona paracentral y 20 organizaciones de la zona oriental.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, una de esas organizaciones confirmó a Focos que han sufrido acoso digital por parte de diputados del partido oficial y que mientras realizan su trabajo en el territorio son vigilados y monitoreados por fuerzas de seguridad del Estado.

“Ha existido vigilancia comunitaria de la Policía, sobre todo conocer qué es lo que hacemos, de preguntar por lo que hacemos. Esto ha generado miedo por la población de trabajar con nosotros. Asimismo casos de acoso y violencia en redes sociales hacia mi persona por mi condición de mujer”, explicó Reyna.

El régimen de excepción como agravante

El estudio también registra que el régimen de excepción vigente ha sido también un instrumento que ha utilizado el Estado para afectar a las organizaciones sociales. La política de seguridad del régimen ha afectado principalmente a los y las jóvenes salvadoreñas, en la forma en cómo se expresan, asocian y participan en la vida política del país. 

Datos de Cristosal registraron que el 57.6% de los casos recibidos por violaciones a derechos en el marco del régimen de excepción son de personas entre 18 y 30 años.

“Como trabajamos con voluntarios, hay voluntarios que dijeron que ya no [participarían] porque hay cercos en sus comunidades o por temor al régimen. A ellos les encantaba trabajar presencial y pues ahora ya no”, relató un joven participante del estudio.

Sin embargo, también otras organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que tiene a su base sectores sindicales de Educación, Salud, Justicia y Seguridad, registran vulneraciones por defender derechos.

“Tenemos 17 sindicalistas que han sido procesados en el marco del régimen, unos acusados por asociaciones ilícitas y otros por desórdenes públicos, pero así le llaman a sacar un megáfono y denunciar que no les han pagado la nocturnidad a los compañeros de una institución. Todos esos espacios cívicos que son fundamentales para expresarnos se han venido cerrando”, dijo a Focos, Ingrid Escobar, directora del SJH.

Escobar denunció que recientemente han arreciado las afectaciones a la oficina que dirige y que han recibido amenazas por su apoyo a las familias de detenidos injustamente en la Isla Espíritu Santo, en Puerto El Triunfo, Usulután por militares.

“Estamos en un momento muy difícil. A partir de nuestras denuncias contra elementos de la Fuerza Armada se han arreciado las amenazas de muerte, de encarcelamiento, y contra nuestro honor”, denunció la directora la organización.