«Se ha creado un ambiente de terror sobre la judicatura”: Juez Durán
Tres expertos coinciden en que el sistema judicial salvadoreño ha sido capturado por el partido de Gobierno, lo que afecta gravemente su independencia y capacidad para proteger los derechos humanos. El juez de Sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, advierte que incluso hay “temor” entre los jueces y abogados, que prefieren el silencio para evitar represalias.
La elección de siete nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todos afines al oficialismo, afianza el control del partido Nuevas Ideas sobre el sistema judicial salvadoreño, según coinciden tres expertos consultados por FOCOS, quienes advierten, además, ataques a la independencia judicial y “terror” entre la comunidad jurídica.
En esta entrevista con FOCOS, la directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea; el juez de Sentencia de Zacatecoluca Antonio Durán, y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, analizan las implicaciones de la última elección de magistrados de la CSJ, que incluyó a exempleados de la Presidencia y jueces afines al oficialismo.
De acuerdo con Úrsula Indacochea, DPLF ha documentado que los ataques a la independencia judicial en El Salvador iniciaron “mucho antes” del 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró a abogados afines a Casa Presidencial.
“Los ataques iniciaron incluso desde la campaña presidencial de Nayib Bukele, y luego se manifestaron en el uso de la palestra pública, del discurso público, para atacar a los magistrados de una forma permanente, constante, y crear un ambiente favorable para que al ser destituidos, la ciudadanía no reaccionara”, afirmó.
Luego de nombrar inconstitucionalmente a los cinco magistrados, recordó, Nuevas Ideas eligió en octubre de ese año otras cinco vacantes de las 15 que totalizan la CSJ. Los cinco restantes fueron electos este 23 de septiembre, completando la representación total de Nuevas Ideas en la Corte.
Una elección cuestionada
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, aseguró que los candidatos electos por la Asamblea Legislativa “son magistrados de la dictadura” porque “tanto el procedimiento de elección como la toma de decisión me parecen inconstitucionales, anticonvencionales y políticamente nefastas”.
“La elección de los magistrados de la CSJ fue mediante un procedimiento opaco, políticamente cínico, en tanto que los diputados decían que estaban cumpliendo con la Constitución y jurisprudencia constitucional, y en realidad la estaban violando”, indicó.
Anaya señaló que los diputados están “obligados a documentar no solamente el cumplimiento de los requisitos, si no también verificar y motivar por qué selecciona a esta persona” a pesar de incumplir requisitos, indicó.
Pero la elección, dijo, “se hizo única y exclusivamente en razón de conveniencias políticas”, colocando a magistrados que “han demostrado la lealtad al régimen, ya sea con hechos o con palabras”.
Entre los magistrados electos por el partido de Nayib Bukele se encuentran jueces, funcionarios de la CSJ y asesores cercanos a la Presidencia de la República. Óscar López Jerez, expresidente de la CSJ ahora magistrado de la Sala de lo Civil; avaló la reelección presidencial de Bukele, y otros como Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, exmagistrado de la Sala de lo Penal, implementaron el régimen de excepción.
Un “ambiente de terror” entre jueces
Para el juez de Sentencia de Zacatecoluca, Antonio Durán, esta “captura” del Órgano Judicial en manos del oficialismo ha resultado en un ambiente de “terror” entre abogados y jueces, que temen ser removidos o perseguidos por sus posturas.
“La realidad jurídica actual es que estamos viviendo una dictadura, con la remoción de la Sala de lo Constitucional y los ataques previos (…) Hay una ruptura del orden constitucional, no solo por el nombramiento inconstitucional de magistrados, si no la posterior remoción de la tercera parte de los jueces”, afirmó.
Una reforma a la Ley Orgánica Judicial aprobada en septiembre de 2021, impulsó la destitución masiva de jueces mayores de 60 años de edad y con 30 años de servicio. Los jueces que quedaron, además, fueron puestos “a disposición” de la Corte, y muchos han sido ya cesados o trasladados de forma arbitraria, indicó Durán.
Así, mientras “hay muchos jueces que han sido puestos por cherada, por llamadas telefónicas”, otros son perseguidos. “Se ha creado un ambiente de miedo, un ambiente de terror sobre la judicatura. Los jueces tienen hasta temor de opinar en los espacios privados”, indicó.
