Empresas de “Chepe Diablo” y exalcalde de Metapán ganaron $26.6 millones en contratos durante el gobierno de Bukele

Por Claudia Palacios, Andrés Dimas y Jaime Quintanilla

Seis sociedades vinculadas a dos empresarios salvadoreños acusados por lavado de dinero en 2017, y que continúan embargadas en medio de un proceso de extinción de dominio, ganaron contratos por al menos $26,617,996.15 durante el primer gobierno de Nayib Bukele, según portales de compras públicas y documentos oficiales a los que tuvo acceso Focos.  El 68% de los fondos otorgados a las empresas ($17,996,967.84) ha sido objeto de cuestionamientos por la Corte de Cuentas de la República, que señaló adquisiciones a sobreprecio y falta de documentos para comprobar la prestación de los servicios. 

Las compañías beneficiadas por el gobierno Bukele forman parte de un entramado de empresas que son el foco del que, según fuentes fiscales, es el caso de lavado de dinero más grande y complejo que investigó la Fiscalía salvadoreña antes de la imposición de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general. En mayo de 2021, los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele,  destituyeron de manera irregular a su antecesor y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. En diciembre de ese mismo año, Delgado fue ratificado por esa misma Asamblea hasta enero de 2025.

Según el expediente fiscal, José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, y su socio, Juan Umaña Samayoa, ex alcalde de Metapán, crearon y movieron dinero a través de 32 sociedades para lavar $508 millones entre 2013 y 2017. Al menos desde el inicio del nuevo siglo, los empresarios venían siendo investigados por la Policía y oficinas de inteligencia del Estado como líderes de una estructura de narcotráfico llamada El Cártel de Texis que opera en el occidente del país, según han revelado numerosas investigaciones periodísticas. En 2014, Salazar Umaña incluso fue designado por el gobierno de Estados Unidos como un ‘capo’ relevante del tráfico de drogas internacional.

Sin embargo, a la fecha, nunca se les ha acusado por delitos relativos al tráfico de sustancias ilícitas. La Fiscalía General de la República ha procesado a Salazar Umaña y a Umaña Samayoa únicamente por evasión de impuestos y lavado de dinero.

A pesar de contar con este proceso abierto, los empresarios lograron ganar la libertad condicional bajo la mirada de una fiscalía y un sistema de justicia cooptados por el oficialismo, mientras se resuelve el proceso judicial en su contra. Uno de ellos, Umaña Samayoa, incluso volvió a la política en las últimas elecciones, como parte del equipo de campaña de Carlos Landaverde, alcalde electo por Nuevas Ideas en el municipio de Santa Ana Norte.

El 66% de los fondos públicos que el gobierno de Bukele entregó a las empresas provinieron de dos de los ministerios protagonistas en contratos irregulares durante la pandemia por covid-19. En 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dirigido por Pablo Anliker,  fundador del partido Nuevas Ideas y amigo del presidente Bukele, concedió cuatro contratos por $17,752,684.64 a las empresas Distribuidora de Alimentos Básicos (Disali), Graneles de Centroamérica y Molinos San Juan. Mientras que el Ministerio de Turismo, el encargado de contratar hoteles privados para que funcionaran como centros de contención y que aún es dirigido por Morena Váldez,  entregó 34 contratos a unas de las empresas insignia de Chepe Diablo: Hoteles de El Salvador (Hotesa) ganó $826, 791.60.  

El dinero se gestionó a través del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (Fopromid), un mecanismo planificado para usar en emergencias, con procedimientos simplificados de compras y contrataciones que, según una comisión especial de la última Asamblea Legislativa con mayoría opositora, se utilizó de manera irregular para burlar procesos transparentes de compras públicas.

Otra de las empresas ganadoras de la pandemia fue Industrias Gumarsal, que obtuvo contratos por $5,141, 405.27  en mayor medida por parte del Ministerio de Desarrollo, el extinto Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y la institución que  lo sustituyó, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA). 

Además, contrataron distintas alcaldías, entre las que destacan la alcaldía de Metapán, uno de los principales municipios de operaciones del Cartel de Texis según informes de inteligencia del Estado revelados en 2011 por El Faro, que otorgó contratos por $502, 200 a Gumarsal y de $42.495 a Disali. Otra de las alcaldías contratistas es la de Mejicanos, entonces  liderada por Saúl Meléndez, suegro del entonces ministro de Gobernación y hoy alcalde por la capital, Mario Durán. En este caso, los contratos a Gumarsal superan los $1, 87, 979.60.
El 74% de las compras se hizo por medio de compra directa, un mecanismo excepcional de selección de contratistas, mediante el cual las instituciones pueden escoger inmediatamente al proveedor, sin que para ello deba realizar una convocatoria pública. Únicamente en el 20% de las compras se realizó una licitación o concurso público. El restante 6% se realizó por otros mecanismos de competencia, como libre gestión, a través del Mercado Bursátil, por prórroga de contrato directo, compra de funcionamiento y comparación de precios.

Las empresas proveedoras llevan más de siete años en un proceso de extinción de dominio que inició la Fiscalía poco después de emprender la persecución penal contra sus propietarios, con el objetivo de  pasar la propiedad  de las sociedades a favor del Estado. Al momento de ser contratadas, las seis empresas  estaban bajo custodia del Consejo Nacional de Bienes (Conab), una medida cautelar que se impone en ese tipo de procesos para evitar que los propietarios continúen beneficiándose de los bienes. 

Sin embargo, entrevistas con fiscales y un ex funcionario del Conab que conocieron de los casos señalan que la supervisión de esa institución presenta debilidades, comenzando porque se mantienen las estructuras directivas, administrativas y gerenciales originales de las empresas. Es decir que las personas que fueron nombradas por los señalados en sus sociedades, entre ellas algunos de sus familiares, continúan dirigiendo las operaciones. 

Por otro lado, Focos revisó los estados financieros de las empresas e identificó que también mantienen relaciones en sus cuentas con sociedades y personas que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía por presuntamente haber tenido un rol importante en el esquema de lavado de dinero. 

En el caso de las empresas del grupo Gumarsal, sus estados financieros de 2022 y 2023 registran préstamos por hasta $1, 101, 938 con la empresa Global Grain Trading, una sociedad de papel creada en Panamá que, de acuerdo con la fiscalía, fue un canal para el lavado de dinero y la evasión de impuestos, y que actualmente tiene como representante legal a Karen Patricia Umaña Salazar, hija del alcalde de Metapán. El 100% de las acciones de Global Grain Trading son propiedad de Fundación Cultivando el Progreso, una organización cuyos beneficiarios finales son el alcalde de Metapán y su familia. Ni Global Grain Trading ni la Fundación Cultivando El Progreso tienen supervisión del Conab.

En tanto, los estados financieros de  Hotesa de 2023 también muestran cuentas por pagar y cobrar a “José Adán Salazar” por $102,618 y $646,143 respectivamente. Chepe Diablo comparte los primeros tres nombres con su hijo, por lo que la mención podría referirse a cualquiera de los dos. Ambos están señalados por la Fiscalía en el caso de lavado de dinero. 

Para la realización de este reportaje, Focos entrevistó a tres expertos en materia de extinción de dominio (entre jueces y abogados), a tres fiscales que participaron de manera directa en el caso en las dos administraciones del Ministerio Público antes de que el oficialismo cooptara la institución, y a un ex funcionario del Conab. Los expertos y los exfiscales, y un reparo de la Corte de Cuentas de la República, coinciden en señalar que estas relaciones entre las empresas y los contratos cuestionados por el ente contralor son una demostración de la negligencia del CONAB que debería de ser investigada. 

“Es un contrasentido y apunta contra toda lógica que el Estado haya otorgado esos contratos a empresas investigadas por lavar dinero”, dice uno de los fiscales que habló con Focos con la condición de anonimato, dado que la nueva fiscalía emprendió desde 2021 persecuciones legales contra los fiscales que investigaban grandes casos de corrupción.

Focos solicitó entrevistas al grupo Gumarsal, Hotesa y al Conab, pero a la fecha de publicación de este reportaje ninguna de las empresas ni la institución pública respondieron a la petición. José Adán Salazar y el abogado de Juan Umaña, Enrique Araujo, dijeron que desde hace siete años los empresarios no tenían relación con las sociedades, y que era el Conab el que debía responder cualquier señalamiento con respecto a ellas. 

LA BONANZA DE LA PANDEMIA

Mientras la economía salvadoreña enflaquecía bajo los impactos de la pandemia por covid-19, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V., Agroindustrias Gumarsal S.A. de C.V. y las principales sociedades de la red de empresas creadas por Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán, vivieron una época de bonanza gracias a los contratos estatales.

Solo entre enero y junio de 2020, el Ministerio de Turismo otorgó 33 contratos a Hotesa, por un monto total de $820, 391.60, en concepto de alojamiento para personas que fueron puestas en aislamiento por contagio de covid-19 en los seis hoteles que pertenecen a la sociedad. Un informe emitido en octubre de ese año por la Corte de Cuentas, tras una revisión de 21 de esos contratos, concluyó que hubo sobreprecio en la venta de las habitaciones.

La contratación contravino el decreto 7/2020 emitido por el Ministerio de Turismo con respecto a los criterios de pago y selección de hoteles que serían utilizados como centros de contención del virus. Según esa directriz, el precio del servicio de alojamiento más tres tiempos de alimentación  no podría superar los  $22.60 diarios por habitación, mientras que el precio máximo por el servicio de estadía sin alimentación sería de $11.30.  Los auditores de la Corte de Cuentas notaron, sin embargo, que los hoteles de la cadena Hotesa recibieron un pago unitario de $22.60 sin ofrecer ningún tiempo de comida, por lo que se generó un sobreprecio de $11.30. La auditoría calculó el exceso pagado por el Estado en $171, 217. 

En respuesta a la auditoría, el Ministerio de Turismo argumentó que el criterio de selección fue que la empresa brinda “servicios estatales”, ya que se encuentra bajo administración del Conab, y por lo tanto no se generó un perjuicio al Estado. Pero la Corte de Cuentas aclaró que, al no haberse declarado la extinción de dominio a favor del Gobierno de El Salvador todavía, las operaciones de las empresas de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán continúan siendo privadas. 

Los señalamientos a empresas manejadas por el Conab no terminan ahí. En febrero de 2021, la Corte de Cuentas emitió un segundo informe sobre el uso de fondos para la emergencia de covid-19 por parte del Ministerio de Agricultura. En el informe los auditores analizan los pagos realizados por la cartera estatal en concepto de insumos alimenticios, cestas solidarias, servicios de maquila de cestas y servicios de aduana. La conclusión de la revisión de documentos señala que, a pesar de que se desembolsaron   $123,702,990.22 para estas compras,  únicamente se presentaron facturas y actas de recepción por un valor de $13,280,332.40, “existiendo un monto de $110,422,657.82 del que no se cuenta con documentación que respalde su recepción”. 

En el detalle de ese hallazgo constan los números de dos órdenes de compra que corresponden a contrataciones realizadas a la empresa Distribuidora de Alimentos Básicos S.A. de C.V. (Disali), empresa constituida por la familia Umaña en 2016, luego de que la Fiscalía iniciara la investigación por lavado de dinero contra Gumarsal. 

Esas contrataciones, por $10.1 millones y $4.4 millones, son las más grandes obtenidas por la empresa en todos sus contratos con el Estado y fueron realizadas a través del mecanismo de compra directa, permitido por la Ley del uso del Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), a través del cual el Gobierno de Bukele canalizó los fondos de la pandemia. 

Sin embargo, además de las diferencias entre montos en las órdenes de compra y documentos de recepción registrados por la Corte de Cuentas, Focos identificó diferencias con las cifras reportadas para esas mismas órdenes de compra por el propio MAG, en un informe realizado para una “Comisión Especial para la Investigación del Uso de Fondos Durante la Pandemia”, conformado por diputados de  la última Asamblea Legislativa opositora, en diciembre de 2020. Estas inconsistencias implican que el monto pagado por el MAG es aún mayor que el reportado a la CCR.  

El MAG reportó a la CCR un pago por $7.7 millones por las órdenes de compra OC42193, OC 42194, OC 42304 y OC 03255, aunque solo proporcionó documentación de respaldo para $3,087,287.25. En tanto, el monto que se pagó por tres de estas facturas, según la Asamblea, fue de $14,550,140.

La respuesta de la administración del MAG a la Corte de Cuentas fue más bien un reclamo. La institución señaló que los auditores actuaron de mala fe al realizar la inspección sobre procesos en desarrollo, por lo que no se contaba con la información completa dentro de los expedientes de compra, ante lo cual anexaron nuevos documentos para algunos de los procesos señalados. Sin embargo, los auditores mantuvieron el hallazgo, e iniciaron un juicio de cuentas, puesto que las facturas y actas de recepción enviadas no correspondían a los procesos que se citaron en el hallazgo. 

Ese mismo hallazgo alerta sobre otra contratación millonaria a una empresa del grupo societario de Gumarsal. De acuerdo con los documentos de la Corte, el MAG pagó  $1,332,800.00 a la empresa Molinos San Juan por el empaquetado de las canastas alimenticias que debían ser entregadas a personas en inseguridad alimentaria durante la pandemia. Sin embargo, aunque el pago estaba registrado, no se presentó ninguna factura ni acta de recepción que pudiera comprobar que los servicios se hubieran prestado. En otro hallazgo, la Corte cuestionó que se haya contratado a servicios de empaquetado de alimentos, cuando la publicidad estatal mostró que se delegó a soldados para realizar esa labor. 

La cifra pagada que se reportó a la Corte también difiere con el informe del MAG a la Asamblea, según el cual el pago fue de $2,881,500.00 millones, un monto significativo para una empresa que no registra contratos ganados con el Estado, según los portales de compras públicas consultados. 

De acuerdo con documentos judiciales de la Fiscalía, Molinos San Juan es una de las empresas creadas por la estructura “Umaña Samayoa”, que comprende al grupo familiar del exalcalde de Metapán. Según las investigaciones, el objetivo de esta sociedad era ocultar los rastros de dinero ilícito que ingresaba a sus cuentas.

Molinos San Juan fue creada en el año 2003 por Juan Umaña Samayoa y su esposa, Romelia Guerra Argueta, con un capital inicial de $5,000, pero los documentos del registro mercantil demuestran que nunca contó con  equipo para operar ni vehículos para distribuir el producto. En el 2016 la sociedad reportó un salto en su capital de $27,488,589.69, monto que fue detectado en las cuentas bancarias. Posteriormente, en un momento en que, según la Fiscalía, la estructura desarrolló sus mecanismos de blanqueamiento de activos, la empresa vendió sus acciones a la sociedad panameña  Latin Grain, que también tenía como socios a Umaña Samayoa y Guerra Argueta. 

Los estados financieros actuales de Molinos San Juan muestran que su actividad comercial es baja, con un gasto de operación de solo  $1,537 registrado en 2023.  

Focos solicitó a la Corte de Cuentas información sobre el resultado de los juicios de cuentas tras los hallazgos descritos por los auditores, pero en ambos casos negó la solicitud señalando que los procesos aún se encuentran en trámite. 

El ROL DEL CONAB

A pesar del control del Conab sobre las empresas desde julio de 2017, hallazgos de Focos en los documentos oficiales presentados por las empresas al Centro Nacional de Registros (CNR) apuntan a que los grupos empresariales de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán han mantenido vínculos con las estructuras empresariales y sus administradores anteriores. Expertos en lavado de dinero y extinción de dominio señalan estos movimientos como una irregularidad que podría apuntar a un incumplimiento del Conab.

Las empresas del grupo Gumarsal, por ejemplo, registraron préstamos y cuentas por pagar a la offshore Global Grain Holding, que según investigaciones, fue usada para el blanqueamiento de activos en Panamá. De acuerdo con el registro de comercio de ese país, los representantes actuales de esta empresa son Karen Patricia Umaña de Ventura, hija de Juan Umaña y dos empleados de Gumarsal, quienes fueron nombrados en 2017. Esta compañía no tiene supervisión del Conab.

De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el 100% de las acciones de Global Grain Holdings pertenece a la Fundación Cultivando el Progreso, una organización de carácter privado cuyos beneficiarios son Wilfredo Guerra Umaña, con el 50%; Juan Umaña Samayoa, con el 41.9%; Romelia Guerra Argueta, con 2.2%, Tránsito Ruth Mira de Guerra, con 2.2% y Miriam Haydee Salazar de Umaña, con 2.2% de los beneficios. Todos los mencionados fueron señalados por las autoridades salvadoreñas de participar en el esquema de lavado de dinero, junto al exalcalde de Metapán.  

Una presentación del caso elaborada por la fiscalía en 2017, así como documentos del expediente de investigación compartidos por los exfiscales del caso a este medio, explican que las empresas salvadoreñas del grupo familiar de Juan Umaña fueron vendidas a  las empresas panameñas Global Grain Trading, Godel Assets, Latin Grain Service Group y Agropacific Latin Commercial, que a su vez pertenecían a Global Grain Holding. El objetivo de esta red de empresas era esconder el rastro del dinero, señalaron los investigadores. 

En octubre de 2020, el Conab otorgó un poder especial a Karen Umaña para representar a Gumarsal, Disali y Molinos San Juan en licitaciones públicas y procesos de venta de bienes y servicios al Estado salvadoreño. Dos fiscales que conocieron del caso dijeron a Focos que la Fiscalía reclamó al Conab que mantuviera a familiares de los sindicados y personal de su confianza al frente de las empresas intervenidas. Sin embargo, el Conab habría argumentado que no era posible reemplazarlos con personas independientes, debido a que no encontraban perfiles especializados para hacerlo. 

Un ex funcionario del Conab que conoció de las intervenciones a Hotesa y el grupo Gumarsal confirmó que, aunque está en sus potestades, el Conab no suele modificar las estructuras administrativas de las empresas, por temor a afectarlas. “Se tomaba control de las finanzas, de las cuentas oficiales, y se mantenían a los administradores del dueño. Porque el dueño, mientras no había sido extinguido, seguía siendo el dueño ¿verdad? Entonces, los administradores cumplían la función del quehacer”.

Con respecto a la responsabilidad sobre los contratos con el Estado, el ex funcionario dijo que los encargados eran los administradores de cada empresa. “Los administradores hacen las ofertas y aplican a los procesos. Porque el Conab no puede andar haciendo eso, no tiene la capacidad. El Conab firma los contratos, porque tiene la representación de las finanzas, pero no busca a los clientes. El Conab, por ejemplo, no podía decir: ‘voy a comprar un quintal de maíz a tal precio en el mercado de Chicago, porque no tenía esa expertise’”, explica.

Además, en el caso de Hotesa, el grupo empresarial de Chepe Diablo y su familia, se pudo identificar que en el estado financiero presentado por la sociedad al CNR en 2023, se registraron cuentas por pagar y cobrar a “José Adán Salazar” por $102,618 y $646,143 respectivamente. El informe no especifica si se trata del padre (Salazar Umaña) o el hijo (Salazar Martínez); sin embargo, los ex fiscales del caso señalaron que en ambos casos esto constituye una anormalidad, ya que ambos están acusados en el caso de lavado de dinero. 

Todos los estados financieros de 2023 están firmados por el director del Conab, Alex Fernando Bolaños Panamá, como representante de las empresas en la actualidad. 

Captura de pantalla del estado financiero de la empresa Gumarsal presentado en el 2023 al CNR. En la foto se puede observar un préstamo de $1,101,938 a Global Grain Trading.

Ruth López, directora del departamento anticorrupción en Cristosal, explicó que las leyes salvadoreñas no establecen ninguna prohibición para que empresas intervenidas por el CONAB o señaladas por lavado de dinero establezcan contrataciones con el Estado, al menos mientras no exista una condena en firme. 

Sin embargo, la experta cree que los estados financieros y los reportes de la CCR demuestran una doble responsabilidad del Estado, por un lado, del Conab, que está a cargo de la administración de las empresas, y por otro,  de los ministerios. “Hay una falta de cuidado para seguir los procesos de contratación establecidos con cualquier tipo de empresa. Pareciera que el haber sido administrada por el Estado hubiese sido un permiso para no seguir los procesos para la contratación. Esto no se trata de beneficiar a la administración pública, porque no fue el caso, ya que la empresa genera un lucro privado”, dijo.

La ley de extinción de dominio señala que la intervención del CONAB tiene como objetivos “la administración de los bienes tendrá por finalidad destinarlos a actividades rentables de acuerdo a su uso normal y ordinario, garantizando su mantenimiento y conservación”. Para ello, el CONAB tiene la potestad de administrar directamente los bienes o nombrar depositarios, administradores, fiduciarios, interventores. Estas personas deben cumplir el perfil técnico requerido para administrar correctamente los bienes. 

Los documentos mercantiles de las sociedades de Chepe Diablo y Juan Umaña, señalan que hasta el momento, los sucesivos directores ejecutivos del CONAB han sido quienes han tenido la administración y representación legal de las empresas, al menos en el papel.  Desde 2019 hasta la fecha, la rotación de funcionarios en la institución ha hecho que, por lo menos, se haya cambiado seis veces de administrador. Al momento de la firma de los contratos señalados por la Corte de Cuentas por anomalías en los procesos de compra, el administrador designado de las empresas era el entonces director ejecutivo del Conab,  Douglas Ancelmo Castellanos Miranda, quien fue consultado para este reportaje, pero se negó a emitir postura y señaló que son las autoridades actuales las que deben responder. 

López señaló que las acciones del CONAB únicamente están supervisadas por su Junta Directiva, integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Corte Suprema de Justicia; la Fiscalía General de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional Civil. Por esta razón, es difícil poder saber qué nivel de control se ejerce sobre cada uno de los bienes bajo su resguardo.

Un funcionario judicial, experto en extinción de dominio, señaló que “estas relaciones” pueden implicar un alto nivel de “negligencia” por parte del Conab, ya que podrían indicar que los propietarios de los bienes siguen vinculados a ellos. Para el experto, tanto la Fiscalía como el juez del caso deben asegurar el cumplimiento de la ley en la materia. 

Focos solicitó una entrevista al grupo Gumarsal y Hotesa. Mediante un correo electrónico se consultó sobre los procesos de compra durante la pandemia, la vinculación de familiares de los procesados en las sociedades y las menciones de Global Grain Trading y José Adán Salazar en los estados financieros. Diana Granadino de grupo Gumarsal, que actualmente se identifica bajo la marca Global Alimentos, dijo que remitiría las consultas a la persona encargada del Conab; mientras que Hotesa no dio respuesta al correo electrónico enviado. 

José Adán Salazar, por su lado, dijo que desde hace 7 años no tenía relación con la empresa y que no podía explicar por qué su nombre aparece en los estados financieros del 2023. 

“No tengo nada que ver. Vaya a buscar en el Conab por qué tengo cuentas por cobrar. Yo no les he tocado ni un centavo. Si hay alguien que dice que yo he cobrado un cheque, se jodió; no he recibido ni un dólar”, dijo.

El abogado de Juan Umaña, Enrique Araujo, también aseguró que su cliente se alejó de las empresas “desde el día uno de la intervención”, y afirmó a la vez que los movimientos a Global Grain Trading responden a deudas que se adquirieron años antes de que las empresas fueran inmovilizadas.

“No existen empresas en Panamá. Yo creo que usted se está equivocando. No existen préstamos nuevos”, dijo. Al indicarle que no existen menciones a Global Grain Trading en los estados financieros  anteriores a la intervención del Estado en la empresa, el abogado dijo: “Ahí tendría que preguntar en el Conab”. 

Con respecto al poder entregado por el Conab a Keren Patricia Umaña, dijo que “ella no tiene poder de decisión, el poder que le otorgaron es administrativo. Desde la intervención no hay posibilidad de intervención de la familia tampoco”.

Los contratos con el Estado y las conexiones en el FMLN y el oficialismo de Bukele 

Adán Salazar Umaña y Juan Umaña Samayoa comenzaron a construir sus imperios empresariales en la segunda mitad de los años 90. De acuerdo con expedientes policiales revelados por investigaciones periodísticas, Chepe Diablo y sus asociados comenzaron su vida fuera de la ley contrabandeando ganado y armas hacia Honduras.  Pronto, empezaron a comprar tierras cerca de Metapán y en todo el país, y después se introdujeron en el negocio de hoteles, la molienda industrial de harinas y gasolineras.

Hotesa nació en 1996, fundada por Chepe Diablo y su hijo, José Adán Salazar Martínez; mientras que Gumarsal fue fundada en 1997 junto al exalcalde de Metapán. Fue en esa época, a finales del siglo pasado, que la inteligencia policial comenzó a perfilar a Chepe Diablo. 

La bonanza económica de Chepe Diablo le permitió ganar influencia en otros ámbitos: dirigió al equipo de fútbol Isidro Metapán, entre 2007 y 2011, y bajo su administración el equipo ganó seis de sus 10 copas nacionales. Su influencia y poder entre los directivos de equipos de la primera liga lo llevaron a convertirse en presidente de la Primera División del Fútbol Salvadoreño, al tiempo que también ocupaba recursos de las empresas en las que participaba para financiar a  partidos políticos. Por ejemplo, Gumarsal, la empresa que fundó junto a Juan Umaña, fue financista del PCN (Partido de Concertación Nacional), la organización por la cual su socio corrió como candidato a alcalde. De acuerdo con un informe de la organización Acción Ciudadana, la empresa donó $50, 000 a campañas entre 2014 y 2015. 

El acaudalado empresario de occidente también logró tejer amistades poderosas. En el 2000, Chepe Diablo fundó una empresa con Óscar Ortiz, alcalde del municipio de Santa Tecla, y quien se convertiría en vicepresidente del país por el partido de izquierda, FMLN, en 2014. También está vinculado a Herbert Saca, operador político y  primo del entonces presidente Antonio Saca. 

Para el año 2011, de acuerdo a investigaciones periodísticas, el empresario ya era reconocido como “el señor de la droga de occidente” y “uno de los más acaudalados narcos de Santa Ana”. Sin embargo, los años de investigaciones del Estado contra el Cártel de Texis, una estructura del narcotráfico que salpicó a diputados, jueces, policías y políticos; solo llegaron a dos acusaciones: una por evasión de impuestos en 2014, de la cual Chepe Diablo fue exonerado después del pago de multas, y otra por lavado de dinero y evasión de impuestos en 2017, por la que los dos empresarios fueron detenidos y que continúa en proceso.

En 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, designó a Chepe Diablo como un  “capo” relevante e internacional de la droga en una lista en la que figuraban criminales de la talla del mexicano Chapo Guzmán. La designación de Chepe Diablo fue basada en el Kinping Act e informada al Congreso.

Tres años más tarde, el mismo día del inicio de la audiencia por  lavado de dinero contra Chepe Diablo, el Departamento del Tesoro informó que este había sido retirado de la lista ya que había dejado de ser una figura relevante. En un comunicado, EUA informó que “en el curso de la nueva investigación, la OFAC encontró que la información actual era insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos (por ejemplo, al mismo nivel del cártel de Sinaloa en México o de Los Cachiros de Honduras)”.  

El caso por evasión de impuestos y lavado de $508 millones a través de los dos grupos empresariales presentado en 2017 en realidad venía construyéndose desde 2010, cuando la Fiscalía puso especial atención a Hotesa y Gumarsal. Así descubrieron otras 32 sociedades satélites de estas dos centrales, que según las autoridades fueron creadas para desviar el rastro del dinero obtenido a través de actividades criminales y evadir el pago de impuestos. El caso es la investigación más compleja conducida por la fiscalía salvadoreña hasta la fecha, señaló uno de los investigadores que estuvo a cargo del expediente.

Al mismo tiempo que pidió la detención de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán, la Fiscalía también inició un proceso de extinción de dominio contra 16 de las empresas vinculadas a los primos Umaña a manos del Estado. Como medida preventiva, un juzgado especializado ordenó la intervención de las sociedades por parte del Conab, que a partir de entonces comenzó a tener control administrativo y judicial de las mismas.

Siete años después, ninguno de los dos procesos judiciales ha llegado a su fin y ambos señalados se encuentran en libertad condicional, después de pagar una fianza. En 2021, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la extinción de la persecución penal contra Chepe Diablo y Juan Umaña, argumentando que el caso implicaba un doble juzgamiento con respecto al proceso por evasión de impuestos que enfrentaron en 2014. Los fiscales a cargo del caso apelaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el partido de Bukele colocó como magistrado al abogado Miguel Ángel Flores Durel, ex abogado de Chepe Diablo. Flores Durell falleció en julio de 2023. 

Hasta la fecha el proceso penal continúa estancado en la Sala Penal, a la espera de una resolución, mientras que el proceso por extinción de dominio sigue a la espera de que la Fiscalía presente el peritaje del caso y se aperture el juicio para pasar las propiedades de los señalados a posesión del Estado. 

La intervención por parte del Conab no interrumpió la buena relación de las sociedades con el Gobierno. Y, de hecho, un primer incremento en los contratos de las sociedades investigadas ocurrió en los primeros tres años del Gobierno de Sánchez Cerén, cuyo vicepresidente fue socio de Chepe Diablo en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., una empresa que por años compró y vendió terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco. Según una investigación de El Faro publicada en 2016, la sociedad continuaba activa. En aquel momento, el vicepresidente respondió que “cuál era el problema”. 

En ese primer trienio del segundo gobierno de izquierdas, el monto de adjudicaciones de estatales a las sociedades ascendía a los $4,850,466.14; mientras que, en los últimos dos años, después de que la Fiscalía presentó las causas judiciales, se reportaron pagos a su favor de al menos $26,145,010.29, de acuerdo con los registros de Comprasal.

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).