“Primero detener, luego investigar”: Policías reconocen las capturas arbitrarias en el régimen de Bukele

Más de una decena de policías activos y exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que las detenciones masivas del régimen de excepción no han sido producto de investigaciones, sino de cuotas impuestas: “primero detener, luego investigar” ha sido la orden de altas jefaturas de seguridad en El Salvador.

Un nuevo informe publicado por Human Rights Watch (HRW), elaborado con entrevistas a 11 agentes de la PNC y documentos policiales, revela que el régimen de excepción, la única estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, está basada en un sistema que busca inflar los resultados y omitir el debido proceso. «No hay investigaciones. La policía crea perfiles. Son actos arbitrarios», dijo uno de los agentes entrevistados por HRW.

“Nayib Bukele presenta sus políticas de seguridad como un modelo para el mundo, pero los policías que entrevistamos cuentan una historia completamente distinta”, asegura Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción a derechos constitucionales desde el 27 de marzo de 2022, que ha dejado más de 86,500 personas capturadas, entre ellas 3,000 menores de edad. Organizaciones defensoras como Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario han documentado la muerte de más de 200 personas en custodia del Estado, así como capturas arbitrarias, torturas y malos tratos en las cárceles del régimen.

Los 11 agentes entrevistados para el informe tienen entre 9 y 31 años de servicio en la corporación policial, como sargentos, investigadores, técnicos forenses y agentes policiales de Santa Ana, San Vicente y San Salvador. Nueve de ellos son miembros activos y dos ya están retirados pero conocen bien la institución y su funcionamiento. Todos pidieron anonimato a cambio de hablar con HRW.

El informe logró documentar una orden clara para todos los agentes: detener primero, investigar después; sobre todo durante los primeros meses del régimen. Quienes se han negado a cumplir esta orden, según denunciaron los mismos policías, se arriesgan a ser trasladados, sancionados o incluso ser acusados de incumplimiento de deberes.Según informó HRW, los policías eran presionados diariamente para cumplir cuotas mínimas de arrestos. Algunos no podían terminar sus turnos, comer o volver a su base sin haber capturado a al menos cinco personas. Los oficiales que cuestionaban la legalidad de una detención eran castigados o reubicados. “Van a detener a cinco personas, no me importa por qué las detengan”, fue la instrucción transmitida desde las jefaturas, según testimonios.

Este modelo convirtió cualquier rasgo sospechoso —como un tatuaje o una mirada “nerviosa”— en motivo suficiente para capturar a alguien, algo que había sido ampliamente documentado por El Faro. En otros casos, bastaba una llamada anónima, muchas veces originada por disputas vecinales, familiares o comerciales. “Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a un vecino”, relató un agente.

Aunque los agentes entrevistados reconocieron que la violencia pandillera ha disminuido notablemente, también alertaron que la población sigue expuesta a abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad.

“La experiencia sugiere que estas prácticas abusivas se intensificarán si no se establecen mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, advirtió Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW.

“Nos sentíamos superpoderosos”

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que la policía opera bajo un clima de impunidad institucional. “Nos sentíamos superpoderosos”, dijo un oficial. Esa sensación se tradujo no solo en capturas arbitrarias, sino también en extorsiones y abuso sexual.

Uno de los agentes afirmó que colegas suyos pedían dinero o relaciones sexuales a cambio de liberar a detenidos. “Dame tanto dinero o me llevo a tu hijo”, le dijo un policía a una mujer, según otro testimonio.

En al menos un caso reportado por La Prensa Gráfica, una mujer denunció que varios policías le exigieron mantener relaciones sexuales para liberar a su hermano, una persona con discapacidad mental.

A falta de pruebas para detener a alguien, los agentes de la PNC se basan en fichas policiales inventadas o basadas en información no verificada, elaboradas por agentes de la Sección de Tratamiento de la Información (SATI) y el Departamento de Inteligencia Policial. “Las fichas son la ‘evidencia’ de que alguien es un pandillero”, explicó uno de los entrevistados.

Los testimonios revelan también un uso instrumental del delito de “agrupaciones ilícitas”. Un agente relató que, antes del régimen, las riñas callejeras se procesaban como “desórdenes públicos”; y ahora, si los involucrados tienen tatuajes, se les acusa de pertenecer a una pandilla.Estos abusos no terminan con las órdenes judiciales de libertad. Según documentó HRW, algunos agentes recibieron instrucciones de recapturar inmediatamente a quienes salieran de prisión, incluso si ya habían cumplido su condena. “Hay un protocolo: todos los que fueron detenidos durante el régimen no pueden salir”, explicó un policía encargado de una bartolina. Toda esta información fue corroborada por un informe interno de la Inspectoría General de Seguridad Pública, revisado por HRW, que señala cómo los agentes eran sancionados por negarse a detener a personas sin pruebas.

Este informe interno de la Inspectoría describe a detalle las sanciones impuestas a los agentes que se negaron a realizar una detención por falta de evidencia. A los agentes se les había ordenado detener al familiar de un miembro de una pandilla y “no regresar a la base sin llevar a cabo la detención”. Los agentes indican en el mismo documento policial que se negaron a realizar la captura, y al día siguiente fueron trasladados a otra delegación policial.

El gobierno de El Salvador asegura que ha capturado más de 86,700 pandilleros desde el inicio del régimen de excepción; sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han urgido al Estado terminar con esta medida, pues según la evidencia presentada por las mismas autoridades salvadoreñas, no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías.