Congresistas de EE.UU. acusan a Bukele de usar ley de agentes extranjeros para reprimir voces críticas

Durante una audiencia en el Comité de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, legisladores estadounidenses y expertos internacionales señalaron al régimen de Nayib Bukele de utilizar la Ley de Agentes Extranjeros como una herramienta para silenciar y reprimir a organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos.

El congresista demócrata James McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que esta legislación —aprobada en mayo de 2025 bajo el argumento oficial de «promover la transparencia»—, es un ejemplo más de cómo los gobiernos autoritarios impulsan leyes para cerrar el espacio cívico.

“Los autócratas temen la pérdida de control, y este tipo de legislación garantiza que las ideas de críticos y opositores no sean vistas ni escuchadas”, aseguró. “Las leyes (de agentes extranjeros) en Rusia y China son modelos para muchos gobiernos, algunos autoritarios y otros en camino de serlo: India, Nicaragua, Kirguistán, Hungría, Eslovaquia, Israel, Venezuela, Georgia, El Salvador y otros”, agregó.

La Comisión de Derechos Humanos del congreso de EE.UU. celebró este martes la audiencia “Legislación que regula a las ONG extranjeras: implicaciones para los derechos humanos”, para examinar cómo las leyes que restringen el financiamiento extranjero a organizaciones no gubernamentales (ONG) están afectando las libertades democráticas en distintos países.

Desde los primeros minutos de la sesión, los congresistas se refirieron al caso de El Salvador, donde la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que entró en vigencia el 7 de junio pasado, ya ha provocado el cierre de operaciones y el exilio de organizaciones que promueven la transparencia, la democracia o denuncian violaciones de derechos humanos.

La normativa aprobada por Nuevas Ideas, el partido oficialista, obliga a personas naturales y jurídicas que reciban fondos internacionales a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), pagar un impuesto del 30 % sobre todas las transferencias y entregar información financiera y de sus actividades al Ministerio de Gobernación.

La ley también restringe expresamente la participación de estas entidades en actividades consideradas “políticas”, lo que, según organizaciones salvadoreñas, constituye un obstáculo directo para la defensa de los derechos humanos en El Salvador.

Durante la audiencia, la congresista demócrata Ilhan Omar también señaló al gobierno de Nayib Bukele de escudarse en la transparencia para aprobar la ley de agentes extranjeros, con el objetivo de perseguir a voces críticas.

“La transparencia es utilizada como un pretexto de gobiernos autoritarios para cubrir el deseo de monitorear a sus críticos y reprimir a opositores. Lo vemos en líderes que están relacionados entre sí a través de redes de ultraderecha, como Viktor Orbán en Hungría y Nayib Bukele en El Salvador”, afirmó.

El Salvador, un ejemplo de represión

El foco de la discusión durante toda la audiencia se posó con fuerza sobre El Salvador. Ana María Méndez Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), detalló cómo el gobierno de Nayib Bukele está avanzando en una «agenda muy similar» a la del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

«En mayo de 2025, la Asamblea aprobó una ley de agentes extranjeros similar a la de Nicaragua, que impone un impuesto del 30% y le da al Gobierno poderes para suspender o disolver organizaciones acusadas de intervenir en asuntos internos», explicó.

La experta afirmó que el verdadero propósito de este tipo de leyes es silenciar las voces críticas. En Nicaragua, desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado su ley de agentes extranjeros para desmantelar la sociedad civil. Más de 5,000 oenegés de 7,000 han sido cerradas sin debido proceso, impactando incluso proyectos de ayuda humanitaria.

En El Salvador, Dardón asegura que al menos 8,000 organizaciones de la sociedad civil se han visto impactadas por esta ley, muchas de las cuales enfrentan un panorama adverso debido a la pérdida de financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La situación se agrava por el contexto del régimen de excepción, vigente desde 2022 y que ha sido utilizado como «una herramienta de represión«, indicó. La intimidación digital, las detenciones arbitrarias y la estigmatización de críticos como «defensores de pandillas» han creado un clima de miedo y autocensura.

«Según encuestas, al menos un 60% de las personas tienen temor de decir sus opiniones. La gente tiene miedo de hablar», alertó Méndez Dardón. Desde mayo de 2025, al menos 47 periodistas independientes y 33 defensores de derechos humanos han sido forzados a abandonar El Salvador, «un éxodo de una escala no vista desde la guerra civil«, en la década de 1980, agregó.

Gina Romero, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y asociación pacíficas, señaló que estas leyes forman parte de una «tendencia global en aumento» que erosiona el espacio cívico. 

«Los actores de la sociedad civil son estigmatizados como traidores, terroristas o enemigos, dañando su reputación, exponiéndolos a la violencia y creando un efecto amedrentador», afirmó.

Las oenegés en la mira de Bukele

El congresista McGovern citó ejemplos concretos de la persecución del Estado salvadoreño, refiriéndose a Cristosal, organización de la sociedad civil que ha documentado miles de capturas arbitrarias y cientos de muertes en las cárceles del régimen de excepción que son omitidas por la narrativa oficial. 

«Pasé mucho tiempo en El Salvador en 1980, cuando el gobierno no informaba sobre los asesinatos de escuadrones de la muerte y de la Fuerza Armada. Decían que todo era perfecto. Pero había ONG que estaban documentando meticulosamente las muertes que el Estado no reportaba», recordó McGovern. Ahora, dijo, Cristosal es quien documenta las muertes que el régimen ha tratado de ocultar. Sin embargo, debido a la persecución contra las organizaciones, incluso las familias de las víctimas tienen miedo de hablar por temor a represalias. 

Dardón agregó que en El Salvador el principal problema no es la ley como tal, si no el contexto en el que se implementará. Agregó que crear un impuesto contra la sociedad civil “es crear un impuesto a la democracia”.

“Hay que entender que en El Salvador no hay instituciones independientes, y al crear un registro de agentes extranjeros, este estará manejado por gente que está alineada a Bukele, lo que podrá dejar abierta la puerta a interpretaciones arbitrarias de la ley”, advirtió. 

La representante de WOLA también pidió a los congresistas que expresen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que están siendo atacadas, que condicionen la financiación y la ayuda de Estados Unidos a los gobiernos para que cumplan con los estándares mínimos de derechos humanos, incluyendo la derogación de estas leyes. 

También pidió que se incremente la ayuda exterior de Estados Unidos para brindar apoyo directo a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones que operan en el exilio, y que se considere imponer sanciones contra individuos que impulsan leyes de agentes extranjeros o que atenten contra la democracia.

El plazo para que las organizaciones solicitaran su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y la exención del impuesto venció el pasado 4 de septiembre. Varias entidades salvadoreñas confirmaron que sus solicitudes no han recibido respuesta, y muchas han anunciado su cierre.

Cristosal, que hace un mes suspendió sus operaciones en El Salvador y trasladó su sede a Guatemala, solicitó mantener su personería jurídica, aunque sin pedir la exclusión. En contraste, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció el cierre definitivo de operaciones en el país, señalando que la LAEX impone un régimen ambiguo, arbitrario y financieramente insostenible para cualquier institución sin fines de lucro.

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), con 33 años operando en el país, anunció su disolución debido al cierre del espacio cívico, la persecución y la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros. 

Otras organizaciones como Acción Ciudadana (AC) fueron notificadas de su inscripción, aunque sin el reconocimiento de “sujeto excluido”, lo que implicaría que el 30 % de las donaciones internacionales que reciba serán gravadas por el impuesto.