“Vemos con preocupación el intento de las Fuerzas Armadas de extralimitar sus funciones”: Transparencia Electoral

Honduras elige este domingo 30 de noviembre a un nuevo presidente de la República, diputaciones al Congreso, del Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales en un contexto caracterizado por una alta polarización política, desconfianza ciudadana al proceso electoral y una alta fragilidad institucional, con graves episodios de violencia política que han dejado un saldo fatal de cinco aspirantes asesinados hasta el mes de agosto.

Los principales candidatos son Rixi Moncada del partido oficialista Libre, quien ha mostrado su apoyo al régimen venezolano y ha prometido cobrar más impuestos a las «élites económicas»; Salvador Nasralla del Partido Liberal, ex vicepresidente de Xiomara Castro que rompió con el actual gobierno y ahora simpatiza con el movimiento MAGA; y el exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, del Partido Nacional, manchado por la herencia del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. También participan en la contienda Nelson Ávila, fundador de Libre que hoy compite en el Partido de Innovación y Unidad (PINU-SD); y el quinto candidato, Mario Enrique Rivera Callejas,del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), que se retiró de la carrera para apoyar a Nasralla.

En medio de esta carrera, Honduras enfrenta una crisis por la falta de confianza en las instituciones, acusaciones mutuas de fraude, violencia política y una elección sin garantías. En este escenario, organismos internacionales de observación electoral y organizaciones que velan por la libertad de expresión y prensa han señalado a las Fuerzas Armadas hondureñas de abusar de sus competencias constitucionales e intimidar a medios de comunicación y periodistas a pocos días de la elección general. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y una veintena de organizaciones internacionales han condenado las declaraciones públicas del Ejército hondureño, en las que acusa a medios de comunicación y periodistas de encabezar “campañas mediáticas contra la institución militar disfrazadas de cobertura periodística”, en una escalada del discurso militar hostil hacia la prensa. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, incluso ha amenazado con encarcelar a periodistas y a propietarios de los medios de comunicación.

La “extralimitación constitucional” de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral es uno de los puntos centrales del último informe de la Misión de Observación encabezada por Transparencia Electoral, una organización de la sociedad civil con 15 años de trayectoria que se especializa en la observación e investigación electoral.

En esta entrevista para FOCOS, Jesús Delgado, director de Programas y coordinador de la Misión de Observación de Transparencia Electoral, expresa su preocupación por el intento de las Fuerzas Armadas de extralimitarse en sus competencias constitucionales al anunciar que solicitarían las actas de cierre de la elección presidencial. Esta solicitud fue rechazada por la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Cossette López. 

“Intentaron tomar atribuciones y facultades que no le corresponden. Ellos decían que lo hacían con el objetivo de garantizar la transparencia electoral, sin embargo, esto no es una facultad, no es una atribución de las Fuerzas Armadas, que más bien tienen que dedicarse a cuestiones logísticas, de salvaguarda, de manejo y envío de materiales”, asegura Delgado. Estas acciones, señala, solo siembran “duda e incertidumbre” en la elección.

El especialista también cuestiona en esta entrevista la falta de compromiso político de los diputados para dotar de recursos a la unidad encargada de fiscalizar el financiamiento político y critica la opacidad en las adquisiciones de tecnología electoral. Además, expresa su preocupación por las recientes declaraciones de la candidata oficialista Rixi Moncada, en las que ha alentado las ideas de un potencial fraude y ha llamado a desconocer los resultados electorales si estos son emitidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, alegando que: ‘a Libre nadie le va a robar las elecciones’.

P: En el reciente informe de observación electoral elaborado por Transparencia Electoral sobre Honduras, ustedes advierten una antesala marcada por una alta polarización, conflictividad política, desconfianza ciudadana hacia las elecciones y los resultados, así como un clima de confrontación entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. 

¿Puedes contarnos qué está pasando ahora mismo en Honduras a pocas horas de elegir a un nuevo presidente?

R: Sí, el contexto ha sido altamente conflictivo. Hemos sido testigos de disputas partidarias al interior de los organismos electorales, en específico del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, organismos que son producto de la última reforma que se hizo en Honduras en materia electoral. Al tener una composición partidaria, las disputas partidarias se han trasladado a estos organismos electorales, sumiendo en una gran incertidumbre al electorado hondureño, ya que ha sido testigo de cómo incluso acordar cuestiones básicas como el funcionamiento del cronograma electoral, la contratación de los servicios que tienen que ver con la logística electoral, ha sido altamente complicado y dificultoso, incluso también se ha judicializado el proceso electoral, cuestión que ha sido denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Unión Europea. 

Se ha usado al Ministerio Público, a la Fiscalía, para amenazar a integrantes tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, lo que tampoco ha ayudado a bajar las tensiones y a contribuir a un buen desempeño de los organismos electorales. Y para poner una guinda al pastel, las Fuerzas Armadas en un momento informaron que iban a solicitar –y efectivamente así lo hicieron– acceder a las actas finales de la categoría presidencial de las elecciones. Esto sería evidentemente una extralimitación de sus funciones o sus atribuciones de acuerdo a lo que establece la Constitución. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral respondió públicamente que negaba esta solicitud a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ha quedado marcado este proceso como una suerte de tensiones que se han dado en distintas instituciones del Estado a pocos días del proceso electoral, poniendo en duda y generando una gran incertidumbre sobre lo qué finalmente va a pasar el domingo 30 de noviembre.

P: Quiero que analicemos a algunos de los actores más relevantes dentro de este contexto que ya nos expones, particularmente a las Fuerzas Armadas porque no solo tenemos el antecedente del golpe de Estado en ese país en 2009, sino también los llamados que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros organismos que defienden y velan por la libertad de expresión sobre el actuar de los militares en este contexto.

¿Cómo están viendo ustedes el papel que está jugando la Fuerza Armada en esta antesala electoral, identificas que se están convirtiendo o son actualmente un actor desestabilizador del proceso en ese país?

R: Las Fuerzas Armadas intentaron extralimitarse, como ya he dicho anteriormente, intentaron tomar atribuciones, facultades que no le corresponden. Ellos decían que lo hacían con el objetivo de garantizar la transparencia electoral; sin embargo, esto no es una facultad, no es una atribución de las Fuerzas Armadas, que más bien tienen que dedicarse a cuestiones logísticas, de salvaguarda, de manejo y envío de materiales. 

Además, recordemos que ya en las primarias de principio de año hubo problemas con respecto al funcionamiento de la logística, del despacho de materiales, que quedó marcado por las dificultades que tuvieron algunas empresas de traslado, pero que también estuvo involucrado el componente militar, en un momento en el que la candidata oficialista aún era ministra de Defensa. Entonces eso ha opacado y ha generado confusión sobre el papel de cada una de las instituciones, de los poderes, y en este caso el papel de las Fuerzas Armadas. 

Entonces, sin querer ser alarmistas y obviamente esperando que se puedan resolver estos problemas y que las elecciones lleguen a buen puerto, sí debemos decir como observadores electorales internacionales que hemos visto con preocupación este intento de extralimitarse en sus funciones por parte de las Fuerzas Armadas.

P: Pero, ¿actualmente la identifican como una institución que podría perjudicar el día de la elección?, ¿prevén que exista un riesgo desestabilizador por parte de este sector militar en el país?

R: Lo seguimos con mucha atención, lo vemos con algo de preocupación, como decía, esta solicitud hecha hace unos días, llamó la atención y preocupó a la observación electoral internacional en general, también a los partidos políticos a nivel local, a la sociedad civil, incluso a consejeros del Consejo Nacional Electoral.

No queremos ser alarmistas, repito, o sea, simplemente nosotros como observadores internacionales vamos a darle mucha atención, vamos a seguirlo, vamos a entrevistar a los actores locales al respecto de si es o no una preocupación y eventualmente en nuestros informes estará esto registrado, siempre esperando que no se convierta en un foco de problema, pero sí tenemos que decir que lo seguimos con preocupación y con mucha atención.

P: Sobre la “injerencia judicial” que también han advertido en este monitoreo de observación electoral, ¿qué rol está jugando el Ministerio Público y el sistema judicial en este contexto preelectoral? 

R: Ha habido varias formas de presionar a ciertos actores o ciertos integrantes de los organismos electorales, sobre todo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.  Recordemos que hace poco uno de los consejeros denunció que tenía unos audios en los que quedaba al descubierto, según él, un complot, una confabulación para fraguar un fraude electoral. El Ministerio Público entró, recibió estos estos audios y anunció una investigación. 

También se ha avanzado contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por decisiones que han tomado y esto también se ha interpretado como una presión por parte del Ministerio Público. No solo lo ha denunciado Transparencia Electoral, esto lo denunció también la OEA, la Unión Europea. Y no quiero dejar de mencionar que incluso el Congreso Nacional ha impedido o ha obstaculizado que, por ejemplo, la Unidad Política Limpia reciba el financiamiento que necesita para hacer su trabajo de fiscalización del gasto de campaña. También ha obstaculizado la aprobación del presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, vemos como algunos poderes del Estado han intentado obstaculizar, han intentado de alguna manera frenar la capacidad o limitar la capacidad auditora y de ejercicio de sus facultades de algunos organismos electorales, lo que evidentemente nos preocupa. 

Hasta este momento la Unidad Política Limpia sigue denunciando que no recibió el financiamiento o el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones: sin embargo, con los fondos que tiene, sigue avanzando en lo que puede hacer. Y también sabemos que hay una gran dificultad para que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral se reúnan, tengan un pleno, entonces, lamentablemente no es una situación que nos haga ser optimistas, sobre todo pensando que el Tribunal de Justicia Electoral va a tener que enfrentar las impugnaciones después de la elección y esto puede ser un punto muy álgido, después de la jornada electoral.

P: La denuncia de fraude no es un detalle menor. ¿Ustedes han podido documentar, han podido dar seguimiento si efectivamente hay condiciones para que en el marco de esta elección y en el proceso del conteo de los votos, efectivamente pueda ejecutarse un fraude?

R: Las auditorías se han hecho, el simulacro se hizo hace un par de fines de semanas, hubo también esta misma disputa interpartidaria que se da al interior del Consejo Nacional Electoral, se evidenció cuando el consejero del oficialismo informaba o anunciaba que había sido un fracaso el simulacro, mientras que la Presidencia del Consejo Nacional Electoral calmaba un poco la opinión pública y decía que los simulacros precisamente son para identificar este tipo de problemas. 

Nos preocupa mucho que en reiteradas ocasiones la candidata oficialista ha anunciado que va a desconocer los resultados del Sistema TREP (Transmisión de Resultados Preliminares), esto es altamente preocupante porque genera una gran incertidumbre que sea el mismo oficialismo el que está amenazando con no reconocer los resultados emitidos por un Consejo Nacional Electoral donde tiene representación, donde cuenta con un consejero. 

No hemos visto denuncias de narrativas del fraude por parte de otros sectores, pero sí hay un mensaje reiterado. Se dio luego de ese simulacro y se dio también el último fin de semana en los cierres de campaña, esta situación en la que la candidata oficialista se adelantaba y decía que no iba a reconocer los resultados. Nosotros llamamos a respetar los resultados anunciados, más allá de que deben tomar evidentemente sus medidas de precaución. 

Ya han anunciado que los partidos tendrán sus propios sistemas de conteo paralelo, van a contar con fiscales en cada una de las mesas, de manera que va a ser muy difícil que haya un fraude cuando hay tanto control por parte de los partidos políticos. Sin embargo, nosotros llamamos a respetar la institucionalidad, todos los partidos han podido participar en las auditorías del sistema de transmisión de resultados preliminares, de la biometría, de la conectividad satelital. Entonces, creo que necesitan más bien llamar a la calma y tomar sus precauciones, pero sin llamar a no reconocer los resultados anunciados el domingo.

P: ¿Han tenido la posibilidad ustedes como misión o dentro del conglomerado de observadores electorales de reunirse con actores del oficialismo y profundizar sobre estas alarmas que han encendido o al menos intentar entender ese patrón, no sé si de sabotear, pero al menos de poner en duda la integridad del proceso electoral?

R: Nosotros hemos intentado establecer relación con las tres fuerzas mayoritarias, con Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional. De algunos hemos recibido respuesta, lamentablemente hasta el momento no hemos podido entablar conversaciones con el oficialismo, lo seguimos intentando y lo intentaremos en nuestra estancia allí en Tegucigalpa durante los próximos días. De manera que solo tenemos referencia de lo que han dicho en medios, mientras tanto, sí hemos podido reunirnos con actores del Partido Nacional y del Partido Liberal que nos han transmitido sus preocupaciones, incluso con algún candidato presidencial hemos podido reunirnos para hablar de estos temas. 

Como decía, nuestro papel como observadores internacionales es recibir y registrar estas preocupaciones, estas sugerencias y comentarios que también nos hacen los actores que están participando en la contienda electoral, no solo para este proceso, sino para los procesos sucesivos.

P: Ahora quiero referirme sobre la transparencia de los procesos de compra, pero particularmente de la capacidad de lo que se ha adquirido en términos de equipo y tecnología para estas elecciones, porque me llamó la atención que en el reporte del simulacro que se realizó días atrás, ustedes consignan que se observaron algunas incidencias en el proceso de captura, escaneo, fallas con los escáneres, así como dificultades con el proceso de conectividad durante la transmisión de resultados y que esto llevó a que el volumen de las actas transmitidas fuera muy inferior a lo que se había proyectado en este simulacro.

¿Están preocupados ustedes por las empresas contratadas para este proceso o tienen confianza plena en quienes estarán ejecutando la columna vertebral de todo el proceso de transmisión de resultados?

R: El proceso de contratación no fue óptimo. Esto hay que decirlo, de hecho, la contratación del transporte se hizo hace unos días antes de la elección, hubo varias convocatorias que finalmente no fueron fructíferas y hasta muy poco hubo una alta incertidumbre sobre el tema del traslado del material electoral, incluso la sociedad civil ofreció recursos para que se pudieran afrontar los gastos en materia de transporte. Y recordemos que en las primarias fue muy grave lo que pasó, porque los transportes incluso dejaban los materiales electorales a cuadras de los centros de votación, rompiendo la cadena de custodia. 

Esto puede ser incluso un agravante que puede servir para denunciar fraude o manipulación. Entonces, tenemos que decir que los procesos de contratación no han sido óptimos, no han sido lo que deberían haber sido. La misma interrupción del cronograma electoral por la falta de consenso en el Consejo Nacional Electoral ha generado retrasos y estos retrasos también pasan a las empresas que son contratadas. No es lo mismo que la empresa sea contratada con tres, cuatro, seis meses de antelación, que puede trabajar mucho mejor, que en un contexto de muy poco tiempo y alta conflictividad. 

Sin embargo, no somos alarmistas con lo que pasó en el simulacro, es verdad que se transmitió un porcentaje bajo de actas, pero nosotros creemos y es nuestra experiencia en otros países que los simulacros son para esto, para identificar problemas, para adelantarse, para que no pasen en la jornada electoral, sino pasen unas semanas antes y puedan ser corregidos. 

Sobre la conectividad, como ustedes saben, en Honduras hay cerca de 1,000 centros de votación que no tienen conectividad, por lo tanto se contrató conectividad satelital y esto tiene que funcionar muy bien para que se transmita adecuadamente y cuando se den los primeros resultados preliminares en la noche del domingo, no haya de alguna manera un porcentaje de votos que no hayan sido cargados y que puedan modificar posteriormente el resultado electoral que se había anunciado inicialmente. 

Entonces, son estos tipos de problemas los que hemos identificado. También hay que decir que más allá de la transmisión y de que el CNE reciba las actas, el CNE tiene unos estándares de publicación de las actas, o sea, tienen que cumplir con ciertos requisitos para que efectivamente sean publicados y si no, pasan a ser impugnados y revisados. Mientras este porcentaje, o mientras estos estándares sean más altos y más restrictivos, la carga o la publicación de las actas va a ser menor, no sé si me explico, o sea, a mayor requisito, va a ser más difícil que se publique un alto número de actas. Y, por el contrario, si se relajan un poco los requisitos para la publicación de las actas, entonces tendremos la noche del domingo una mayor cantidad de actas publicadas. 

Entonces, lo digo porque en las primarias pasó esto, en las primarias había un 50 o 60% de actas recibidas, pero solo se publicó el 30% en un principio por estos estándares que había establecido el Consejo Nacional Electoral. Y estos son estándares que el CNE puede cambiar el mismo día de la elección. Entonces, es muy difícil también anticiparse a qué porcentaje de actas publicadas vamos a tener en las primeras horas de la noche del domingo. Sin embargo, y para cerrar la idea, se han hecho las contrataciones, las empresas, independientemente de si hacen biometría, transmisión de datos, son empresas que ya tienen una trayectoria, que han trabajado en otros procesos electorales y que deberían poder cumplir con el trabajo para el que han sido contratadas.

P: Pero con base a la experiencia que ustedes han tenido al monitorear otros procesos electorales en su fase de simulacro, ¿los resultados de lo ocurrido en Honduras representan una alarma fuera de lo esperado o están dentro del margen de error que podría presentarse previo a un proceso electoral?

R: Sí, nosotros entendemos que está dentro de lo que puede pasar en un simulacro. Lo que no podemos dar cuenta es qué medidas se tomaron para resolverlo. No podemos decir si efectivamente se tomaron o no. Esperamos que sí, y lo vamos a ver el domingo, pero lo que quiero decir es que no necesariamente porque haya habido un bajo nivel de transmisión en el simulacro, esto va a pasar de nuevo en la elección. Si se corrigieron los problemas, se tomaron las medidas necesarias, no tendría por qué pasar. Al contrario, con suficiente antelación, se supo cuál era el problema y se pudo arreglar.

P: Ante una eventual controversia por los resultados finales de las elecciones del domingo, ¿identificas condiciones en la institucionalidad hondureña para dirimir con plena justicia y transparencia alguna diferencia en esos resultados ante una potencial impugnación?

R: Es algo difícil de asegurar, por los antecedentes, por lo que ha pasado en la dinámica tanto del Tribunal de Justicia Electoral como de las instituciones hondureñas, es muy difícil asegurar que va a haber un tratamiento justo, transparente de las impugnaciones. 

Esperamos, obviamente, que así sea, y nos ponemos a disposición para contribuir. Entendemos que hay también una contribución por parte de organismos internacionales, como la Unión Europea, como la OEA, que ya han tenido que contribuir y colaborar en procesos parecidos en otros países con alta polarización, pero comprendemos que hay antecedentes que nos hacen preocuparnos sobre una potencial impugnación de los resultados.

P: Sobre el tema de la transparencia de la Unidad de Política Limpia, tú ya has comentado que el desfinanciamiento provocado por el Congreso representa un desafío para la fiscalización de la política en estas elecciones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? ¿En su análisis identifican actores en la política de Honduras interesados para que esto se mantenga en opacidad y que no haya transparencia clara del financiamiento de los partidos políticos?

R: Nos parece que no ha sido una prioridad para la clase política, ya que esto es una decisión del Congreso. El Congreso es el que se tiene que poner de acuerdo y aprobar los presupuestos para que la Unidad Política Limpia pueda funcionar y pueda cumplir con las facultades y las atribuciones que tiene, y ha sido muy claro que la mayoría en el Congreso ha impedido que haya sesiones para aprobar ese presupuesto y que la Unidad Política Limpia pueda funcionar. 

Esto lo han denunciado los miembros de la unidad, sin embargo, esto no ha bastado para que esto se solucione y nosotros tuvimos reuniones con ellos a finales de octubre cuando hicimos nuestra visita preliminar y nos informaron que a pesar de toda la gestión que han hecho, no han recibido los fondos necesarios para hacer su trabajo.

P: ¿Identifican alguna injerencia del crimen organizado o de algún otro actor interesado en mantener esta opacidad? ¿Han podido de alguna manera evidenciar que existen tramas de poder, por fuera de los políticos democráticamente elegidos, interesadas para corromper el proceso?

R: Mira, no tenemos información al respecto, no es un tema que hayamos investigado. Lo que sí estamos seguros y la evidencia está allí, es que el Congreso no ha querido avanzar en apoyar la Unidad Política Limpia para que se rindan cuentas y se fiscalice adecuadamente y de manera exhaustiva el financiamiento de las campañas electorales.

P: ¿Por qué es importante la elección de Honduras en este momento político en América Latina, pero particularmente para Centroamérica con la emergencia de proyectos autoritarios en Guatemala, El Salvador y la dictadura consolidada en Nicaragua?

R: Creo que esta elección representa la lucha y la necesidad por parte de los partidos y las fuerzas democráticas de que se garantice un proceso electoral transparente, justo y equitativo. Vemos que hay intenciones de ciertos actores de obstaculizar el buen funcionamiento de la elección y por otro lado vemos el pulso y la intención de otros actores porque se garanticen los principios básicos de integridad electoral, de transparencia electoral.

Ha habido retrocesos democráticos en la región y cooptación institucional en otros países, recordemos el caso de Guatemala en donde fue difícil que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo asumiera la Presidencia y vemos aún todavía que se sigue dando una batalla institucional en Guatemala que ha requerido la presencia de organismos internacionales para mediar en ese conflicto.

En Honduras, el sistema se está jugando la capacidad de enfrentar esos embates autocráticos que buscan pervertir los principios democráticos y que sean finalmente los hondureños quienes elijan de manera transparente y justa quienes van a gobernar en los próximos años.