Centroamérica ante un Trump imperialista: miedo, sumisión y lealtad ciega
28 de enero de 2026
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Centroamérica ante un Trump imperialista: miedo, sumisión y lealtad ciega
“Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos”.
-Los Prisioneros, 1984.
Treinta y siete años después de la invasión a Panamá que terminó con la captura de Manuel Noriega, Donald Trump escribió un nuevo capítulo de la tradición intervencionista de Washington. El 3 de enero, un comando élite de militares estadounidenses extrajo de Venezuela al presidente de facto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acusados de encabezar una red narcoterrorista.
A 2,300 kilómetros, en Tegucigalpa, la ironía fue imposible de ignorar. Semanas antes de acusar a Maduro de usar su poder para inundar de cocaína a Estados Unidos, Donald Trump indultó al expresidente hondureiño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por delitos casi idénticos. Al mismo tiempo, se involucró de lleno en la política de ese país al respaldar públicamente la candidatura de Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien terminaría imponiéndose en unos comicios estrechamente disputados.
El documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, publicado en noviembre de 2025, lo expresa sin rodeos: Washington busca restablecer su preeminencia hemisférica y asegurar el acceso a geografías y recursos clave. Donroe, como se ha denominado al empaquetamiento de la vieja noción de “América para los americanos”, restablece la posición de Estados Unidos como el guardián indiscutible de las Américas.
Ante esta postura agresiva, Centroamérica parece optar por la sumisión preventiva. Desde aliados entusiastas como Asfura o Nayib Bukele, hasta antiguos críticos del “imperialismo” como el sandinismo nicaragüense, el istmo se alinea frente a un Washington que vuelve a mirarlo como patio trasero. Quizá lo hacen con la esperanza de esquivar una amenaza mayor y, si es posible, obtener beneficios económicos, políticos y migratorios de un Trump cada vez más transaccional.
Y, en el mejor de los casos, incluso alcanzan un asiento en la mesa de los predilectos del presidente estadounidense. Como Nayib Bukele, que a finales de enero de 2026 fue invitado a la Junta de la Paz, un nuevo organismo con el que Trump pretende administrar la Franja de Gaza y, en el futuro, gestionar otros conflictos.
Honduras, a la orden
El 12 de enero, en su primera misión oficial aún como presidente electo de Honduras, Nasry Asfura visitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Urgido de legitimidad tras un turbulento proceso electoral —con votos que tardaron casi un mes en ser tabulados y dudas persistentes sobre el resultado—, Asfura llegó a prometer lealtad extrema a su interlocutor.
El apodo “Papi a la orden”, que Asfura acuñó cuando fue alcalde de Tegucigalpa para proyectar cercanía y disposición a resolver problemas, fracasó en su intento presidencial de 2021. Cuatro años después, el mismo lema lo llevó al poder, pero esta vez parece ir dirigido a un nuevo interlocutor: Donald Trump.
“Yo apunto a lograr que Honduras sea el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe», dijo el mandatario hondureño al medio argentino Infobae, a pocos días de su gira. Esta aparente lealtad no es gratuita. Tras las tensas elecciones hondureñas, fue el mismo Trump quien declaró al entonces candidato del conservador Partido Nacional “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”. En unos comicios decididos por menos de 30 mil votos, este espaldarazo no es despreciable.
Para Dennis Hércules, abogado y profesor universitario de Derecho, “es evidente que el nuevo gobierno cuenta con el respaldo de Trump” y, a cambio, se puede esperar distancia con una Venezuela que fue cercana aliada de su antecesora, Xiomara Castro.
A cambio de esto, señala, Asfura requiere “victorias rápidas” en su relación bilateral, como la eliminación de los aranceles impuestos en 2025 y la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a cerca de 70 mil hondureños. Sin embargo, queda en entredicho si el apoyo electoral de Trump se traducirá en condiciones favorables para el gobierno entrante. De entrada, Hércules advierte que Honduras no puede asegurar que su país vaya a ser “una excepción a la regla” en el trato de Trump a los migrantes.
Pero no solo Asfura ha hecho guiños a Washington. Una semana después de la operación militar en Caracas, la entonces presidenta Xiomara Castro anunció que, como un “gesto de buena voluntad”, reanudaría el tratado de extradición con Estados Unidos que ella misma suspendió en 2024, cuando denunció “la injerencia y el intervencionismo” de Washington. Lejos de su discurso de hace dos años, a dos semanas de dejar el poder, Castro subrayó “el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico”. Para Hércules, este es un “intento desesperado de congraciarse con Washington en búsqueda de proteger intereses personales y no una acción genuina en pro de los intereses de Honduras”.
Una misteriosa liberación
El 10 de enero, la dictadura nicaragüense encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció una medida inusual por medio de uno de sus periódicos oficiales: la liberación de al menos 24 presos políticos, disidentes de la administración actual. Si bien el régimen justificó la medida en el marco del 19 aniversario del sandinismo en el poder, esta liberación llegó poco después de una serie de mensajes que, de forma no muy velada, mostraban amenazas desde Washington.
Desde denuncias sobre la presencia de presos políticos, hasta abiertas críticas a la permanencia del régimen de Ortega y Murillo, la embajada estadounidense en Managua y voceros del Departamento de Estado dejaron entrever que la inercia del régimen está en riesgo. “Libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, sentenció en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Edipcia Dubón, exdiputada nicaragüense y reconocida activista en el exilio, señaló que Ortega y Murillo “entienden que en momentos de alta tensión conviene replegarse, ganar tiempo y luego hacer movimientos tácticos sin alterar su estrategia de fondo: mantenerse en el poder”.
Por ello, apunta a una estrategia que incluyó un “silencio calculado” cuando Washington capturó a su cercano aliado venezolano, luego anuncios de que están dispuestos a colaborar en materia de narcotráfico y finalmente, un proceso de liberación de presos políticos, aunque advierte que este ha ido “acompañado simultáneamente del encarcelamiento silencioso de nuevas víctimas”. Todo esto, dice, son “gestos de apertura hacia fuera que no implican una modificación real del patrón represivo interno”.
Pese a las maniobras de la dictadura, Dubón invita a no ver a Washington como actor homogéneo. “La política estadounidense depende en gran medida del estado de ánimo y de las prioridades del presidente Trump, así como del margen de maniobra que puedan tener ciertos actores clave” como Marco Rubio, a quien califica de “profundo conocedor de la situación nicaragüense”. El destino del régimen en su país, y si este será reemplazado o se ajustará a colaborar con Washington, “dependerá del espacio real que tenga Rubio para incidir”, pero también del ánimo de “un gobernante tan impredecible como Donald Trump”, advierte.
Por ello, Dubón considera que la dictadura deberá calcular sus palabras y medir posibles exabruptos que ganen la atención de Trump. De hecho, días después de la liberación de presos políticos, en un acto de graduación de cadetes policiales, Ortega consideró que la detención de Maduro, su gran aliado, fue un acto de “terrorismo”. Mientras él pronunciaba estas palabras, Rosario Murillo, su esposa, copresidenta y estratega principal del régimen, evitó las cámaras y no rindió declaraciones. La otrora combativa comandante “Norma”, feroz crítica del imperialismo, eligió la prudencia para no enojar a Donald Trump.
El aliado silencioso
A diferencia de la tensión que marca la relación de Estados Unidos con Honduras y Nicaragua, en Guatemala se ha consolidado una colaboración discreta pero efectiva entre el gobierno de Bernardo Arévalo y la administración Trump.
En apenas un año, sin retórica estridente, Arévalo ha otorgado a Washington lo esencial de su agenda. En febrero de 2025, aceptó el retorno de migrantes irregulares y anunció un programa de apoyo a su reinserción. En junio, su gobierno firmó junto a la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, un protocolo de seguridad aeroportuaria que aborda preocupaciones de Estados Unidos. En septiembre, su gobierno anunció que aceptaría el retorno semanal de hasta 150 menores que migraron no acompañados. Y a inicios de 2026, asignó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos un contrato de $110 millones para mejoras en la infraestructura vial y logística.
Para el abogado constitucionalista y académico guatemalteco Edgar Ortiz, Bernardo Arévalo “ha sido inteligente en detectar las áreas críticas para Trump: migración, narcotráfico y seguridad. Y en esas áreas ha colaborado bastante bien”. Se trata, apunta, de una relación atípica, ya que el presidente estadounidense suele favorecer a aliados más alineados con su agenda, como Nayib Bukele o Javier Milei. “Arévalo, con otro lenguaje, con otras formas de hacer política, también ha logrado navegar bien la relación con Trump”. A cambio, agrega, Arévalo recibe la estabilidad política necesaria para que su mandato sobreviva hasta el 14 de enero de 2028, cuando constitucionalmente debe entregar el poder.
Y es que a lo interno, el gobierno guatemalteco está en una frágil posición. A dos años de asumir el poder, sigue enfrentando una alianza entre la fiscal general, sectores de la derecha política y actores de la sociedad civil que buscan revertir el resultado electoral de 2023 y sacarlo del cargo. Entre sus tácticas, buscan mediante lobistas conservadores encasillar al mandatario actual como alguien de izquierda radical, algo que el Washington actual parece detestar. Pese a ello, señala Ortiz, esa narrativa no ha calado en Washington, en parte porque esta coalición anti Arévalo no tiene nada que ofrecer a Trump, mientras que Arévalo colabora de manera leal y sin cuestionamientos.
Esta obediencia a Washington ya le ha traído algunos beneficios a su gobierno, con la cooperación técnica de inteligencia que le ha ofrecido recientemente tras la captura de pandilleros fugados el año pasado; pero también con el apoyo en la sesión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), defendiendo al gobierno de Arévalo ante las intenciones de desafuero y juicio político que impulsó el Ministerio Público el año pasado.
El aliado estridente
El 14 de abril de 2025, Nayib Bukele fue recibido por Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Desde ahí, ambos mandatarios intercambiaron elogios y reafirmaron su condición de aliados incondicionales. De esa reunión, Trump obtuvo una victoria en su agenda política: El Salvador accedió a recibir no solo migrantes irregulares retornados, sino a prisioneros de alto nivel de Estados Unidos en una de sus obras estrella, el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Un mes antes, y ante la mirada de decenas de cámaras, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, visitó el CECOT y aprovechó a elogiar los esfuerzos de Bukele en materia de seguridad. Ni ella ni nadie de su gobierno han hecho eco de las denuncias de violaciones a derechos humanos en su gestión.
Los $4.7 millones que Washington pagó a El Salvador por recibir a 252 venezolanos, algunos falsamente acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, fueron, a los ojos de Bukele, lo menos llamativo del acuerdo. A cambio de abrir las puertas de su megaprisión, consiguió que la justicia estadounidense desestimara acusaciones contra al menos un líder pandillero en Estados Unidos, quien podría haber revelado detalles de las negociaciones con el gobierno salvadoreño.
Sin embargo, las coincidencias entre ambos preceden por mucho el acuerdo sellado en abril pasado. Durante el primer mandato de Trump, Bukele se plegó a las solicitudes de Trump en materia migratoria a cambio de mantener la cooperación estadounidense y de que Washington pasara por alto las incipientes señales de concentración de poder. Ante los cuestionamientos por abusos de poder, Ronald Johnson, embajador estadounidense en ese momento, se limitaba a destacar que ambos gobiernos, y acaso ambas personas, eran buenas amigas.
Plantarse como aliado fiel de Trump, atacar a sus adversarios políticos y sumarse a su retórica le ha traído beneficios significativos a la gestión Bukele. El Salvador se convirtió, en noviembre de 2025, en el primer país al que Estados Unidos le retiró los aranceles establecidos por esta administración. En enero de 2026, cuando Washington anunció que suspendía la emisión de visas de inmigrantes a personas de 75 países, excluyó a El Salvador, aunque en la lista hubiese países de similares condiciones.
Para Bukele, además, tener un amigo en la Casa Blanca es fundamental en su escalada autoritaria. Durante la primera mitad de la administración de Joe Biden, tuvo que enfrentar constantes condenas de Washington, sanciones a sus funcionarios y el retiro de cooperación para instituciones del Estado. Desde el 20 de enero de 2025, el líder salvadoreño gobierna cómodo de contar con un silencio cómplice de Washington, mientras concentra más poder y ha incrementado su oleada represiva contra voces críticas.
A finales de 2026, Bukele logró otra victoria política en su relación con Estados Unidos: El Salvador ha sido invitado, como miembro fundador, a la Junta de la Paz, la organización, conformada en su mayoría por gobiernos autoritarios, desde la que Donald Trump pretende reconstruir la Franja de Gaza y administrar el enclave tras más de dos años de guerra. Con esto, el presidente salvadoreño alcanza algo que sus propias prácticas autoritarias le han restado en otros espacios: validación y legitimación internacional. Los detalles de la incursión de El Salvador, o si el país pagará algo por integrar esta Junta, no son claros al cierre de esta nota. Que esto supone una victoria en el imaginario Bukele, sí.
Tensiones por el canal
Pocos países empezaron la segunda gestión de Trump más tensos que Panamá. Desde su retorno a la Casa Blanca, solicitó a los líderes de su aparato de defensa “opciones militares creíbles” para tomar el control del Canal de Panamá. Esto, a pesar del Tratado Torrijos Carter que, en 1977, le otorgó a la nación centroamericana el control del Canal desde 1999, reforzó la neutralidad geopolítica del mismo y endilgó a Panamá la defensa de este. El tono amenazante de Trump parecía tener dedicatoria clara: evitar que China siguiera expandiendo su influencia en el Canal y el hemisferio y establecer en Panamá una cabeza de playa estratégica para consolidar su hegemonía comercial y militar en la región.
Para un Panamá sin fuerzas armadas, más allá de simbólicos discursos de soberanía, denuncias de injerencia del presidente Raúl Mulino y un renovado fervor patriótico en las calles, cooperar no ha sido opcional. Desde el retorno de Trump, ha habido visitas periódicas de altos mandos del Comando Sur de Estados Unidos y en febrero de 2025, tras una visita del secretario de Estado Rubio a Panamá, se anunció que este último país no renovaría un acuerdo de entendimiento con China. Rubio, por su parte, advirtió que cualquier maniobra sorpresiva en la relación con el país asiático invitaría a Washington a “tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos”.
La cooperación temprana rindió frutos para Panamá, que parece haber salido de la ajetreada agenda geopolítica de Trump. En octubre, tras una reunión breve entre los mandatarios de ambos países en la periferia de la Asamblea General de Naciones Unidas, Raúl Mulino dijo estar “muy satisfecho” de su vínculo con Washington y dio “gracias a Dios” por que su país saliera de la agenda de Trump.
Tanto ha salido de la agenda el tema que el mismo presidente estadounidense, en una conferencia de prensa el 20 de enero de este año, a un año de su vuelta al poder, declinó hablar sobre su relación con Panamá. Para un presidente que no huye de las controversias, este silencio es una elocuente señal de distensión. Por el momento.
“Amor con amor se paga”
Apenas 11 días después de la segunda toma de posesión de Trump, su enviado para el hemisferio occidental, Mauricio Claver-Carone, calificó a Rodrigo Chaves como un “gran aliado” de Estados Unidos y una pieza clave en la contención de la influencia de China.
Tiempo antes de la actual administración republicana, Chaves hizo un importante guiño a Estados Unidos, al decretar que el gobierno costarricense solo puede adquirir equipo cibernético de países que hayan ratificado un convenio de Ciberdelincuencia. Con esto, se excluyó a proveedores chinos, lo que provocó llamados de Beijing a procurar la neutralidad en estas inversiones. Ya con Trump en el poder, la embajadora china en San José, Wang Xiaoyao, reconoció que las empresas de su país tienen precaución al invertir en Costa Rica por la injerencia de Estados Unidos.
Si bien Chaves y Trump no han sostenido aún una reunión formal, emisarios de Trump como Marco Rubio o Claver-Carone lo describen como un socio clave. Entre las concesiones del presidente tico, está haber recibido vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos, fortalecimiento de la patrulla fronteriza y los esfuerzos contra el narcotráfico.
Al ser criticado por su sumisión a Washington, Chaves se limitó a decir que “Estados Unidos nos está tratando muy bien, porque somos colaboradores cercanos”. Consciente de que contradecir a Trump puede traer problemas a su país, el mandatario sentenció que “amor con amor se paga”.
Y en diciembre de 2025 recibió un poco de ese amor desde Washington, aunque no en forma de un paquete de inversiones robusto o cooperación al país. Costa Rica ingresó al programa Global Entry, que permitirá a ciertos ciudadanos de ese país ingresar a Estados Unidos de forma expedita, relajando los controles migratorios. El 13 de diciembre, de hecho, Rodrigo Chaves fue el primer costarricense en recibir ese beneficio.
Soberanía, el sueño desestimado
La intervención estadounidense en Centroamérica no es una anomalía, sino una constante histórica. Desde la Doctrina Monroe hasta la Guerra Fría, Washington ha premiado la lealtad y castigado la disidencia, justificando ambas cosas en nombre de la estabilidad o la democracia. El modelo no ha requerido, necesariamente, ocupaciones formales: ha operado a través de élites locales, acuerdos selectivos y la tolerancia de regímenes autoritarios que sirven a la contención de los adversarios estadounidenses.
Con Donald Trump, ese imperialismo muta una vez más: pierde el lenguaje ideológico y se vuelve abiertamente transaccional. No importa quién gobierne ni cómo, sino quién obedece. Ante un Trump que concentra poder y exige resultados inmediatos, los gobiernos centroamericanos optan por el pragmatismo extremo: ofrecer cooperación, territorio o silencio a cambio de protección. A poco más de un año del Trump 2.0, la región no actúa por ingenuidad, sino por cálculo. La soberanía, una vez más, queda en suspenso.
Al respecto, Roberto Wagner, analista político y profesor de Relaciones Internacionales, apunta que la soberanía en Centroamérica “es un discurso más político que un ejercicio de poder”. En la práctica, apunta, la región está recibiendo el elocuente mensaje de Washington: “si estás bien con Trump, eso te vale más que la noción de la democracia soberana que siempre conocemos”. Esto último, añade Wagner, “se nos fue de las manos”.
A cambio del viejo concepto de la soberanía, explica el académico, la región se llena de “políticos veletas” que reconocen dónde está el poder y obedecen los gestos de fuerza. Y Washington, agrega, “retoma la fórmula del realismo político: no busca cambiar la cultura o ideología de un país, siempre que siga alineado a ti”.
Para los gobiernos del istmo, el arreglo expuesto por Wagner promete una estabilidad inmediata, quizá ilusoria. Para la ciudadanía, abre la posibilidad de regímenes que, a cambio de servir a Trump, pueden recibir el aval para ejercer el poder sin límites o contrapesos. Centroamérica corre así el riesgo de regresar a la era de las dictaduras toleradas, sintetizada en la frase atribuida a Franklin Roosevelt en 1939, sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
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