Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica y crecen alertas por un giro autoritario

Laura Fernández, candidata del partido oficialista Pueblo Soberano, fue electa presidenta de Costa Rica, según datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Con el 93.79 % de las juntas receptoras de votos procesadas, Fernández obtuvo el 48.33 % de los sufragios, resultado suficiente para que el oficialismo proclamara su victoria en primera vuelta.

La nueva mandataria, politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia, es una figura clave del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien la ha definido como su aliada más cercana. Fernández ha asumido sin matices su papel como continuadora del proyecto político del presidente saliente y se ha autoproclamado la “heredera” de Chaves.

Las encuestas de la Universidad de Costa Rica (UCR) ya anticipaban el desenlace: días antes de la elección, Fernández lideraba la intención de voto con alrededor del 40 %, el umbral mínimo para ganar sin balotaje. Tras conocerse los resultados, el presidente Chaves instó a Fernández a gobernar a favor de la empresa privada y el “estado de bienestar”, reafirmando el enfoque económico que ha marcado a su administración. 

Además de la presidencia, Pueblo Soberano obtuvo una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el último corte del TSE, el oficialismo alcanzó 31 de los 57 escaños para el período 2026–2030. La oposición quedó reducida a 26 curules: 17 del Partido Liberación Nacional, siete del Frente Amplio, una para la Unidad Social Cristiana y otra para la Coalición Agenda Ciudadana.

Para analistas consultados, este resultado consolida el control institucional del oficialismo costarricense. Aunque el partido no alcanzó los 38 votos necesarios para reformas constitucionales de fondo, sí cuenta con margen suficiente para aprobar leyes ordinarias y respaldar iniciativas clave del Ejecutivo.

“La mitad del electorado le dio un voto de confianza a Laura Fernández y a Pueblo Soberano, lo que significa que ahora no tendrán excusas: deberán asumir la total responsabilidad de sus decisiones”, advirtió la analista Cristina Eguizábal en una reflexión compartida con FOCOS. A su juicio, la mayoría legislativa otorga al oficialismo “una gran libertad de maniobra”, pero no un cheque en blanco para refundar el Estado.

Seguridad, Bukele y el discurso del orden

La campaña de Laura Fernández estuvo marcada por un discurso de mano dura frente a la inseguridad. Admiradora declarada de la “guerra antipandillas” de Nayib Bukele en El Salvador, la presidenta electa prometió concluir la megaprisión de Chaves inspirada en el modelo salvadoreño e impulsar estados de excepción para enfrentar el crimen organizado.

Costa Rica, históricamente considerada una de las democracias más estables de la región, enfrenta hoy una crisis de seguridad inédita. 

Durante el gobierno de Chaves, la tasa de homicidios alcanzó picos históricos de 17 por cada 100.000 habitantes. El mandatario ha responsabilizado al Poder Judicial y a una Asamblea Legislativa —hasta ahora de mayoría opositora— de ser “blandos” con la criminalidad.

Eguizábal anticipa que una de las primeras decisiones del gobierno de Fernández podría ser un cambio de rumbo en la lucha contra la violencia y “la adopción de políticas más represivas que pueden atentar contra las libertades individuales y los derechos humanos de amplios sectores de la población”, tal como en el régimen de excepción impuesto en marzo de 2022 en El Salvador, prorrogado 47 veces.

Mientras, la oposición liderada por el Partido Liberación Nacional, no tiene poder de veto salvo en materia constitucional.

Las declaraciones del oficialismo y los resultados electorales han encendido alarmas en sectores académicos, sociales y políticos. La oposición acusa a Chaves y Fernández de populismo y de conducir al país hacia un modelo autoritario. “¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza centroamericana a soñar con ser El Salvador?”, cuestionó durante la campaña el candidato izquierdista Ariel Robles.

El historiador Víctor Hugo Acuña, de la Universidad de Costa Rica, advirtió que el país atraviesa una “transición autoritaria incipiente”, cuya profundidad dependerá del uso que el nuevo gobierno haga de su victoria. 

Para el académico, los resultados de la elección muestran que casi la mitad de los costarricenses están dispuestos a experimentar con un gobierno de corte más autoritario debido al debilitamiento del Estado de bienestar, uno de los pilares históricos del país. Aunque la pobreza se redujo de 18 % en 2024 a 15,2 % en 2025, Costa Rica figura entre los seis países más desiguales de América Latina, según el índice de Gini.

Sin embargo, la nueva presidenta de Costa Rica no lleva como consigna ninguna medida de corte social. “Hay una situación de desigualdad y exclusión graves, pero Laura Fernández no lleva ni una sola palabra de lo social: su campaña se ha centrado en la libre empresa, en el comercio”, afirmó.

La carta del referéndum

Una de las medidas que sí podría tomar el gobierno de Fernández para estrenar su mayoría legislativa es el “referéndum mancomunado”, una herramienta para someter a consulta popular proyectos de ley e incluso reformas constitucionales, aunque con límites claros. 

Según la Ley de Referéndum de 2006, este mecanismo requiere un decreto del Ejecutivo y el respaldo de al menos 29 diputados, umbral que el oficialismo supera.

Sin embargo, no todas las materias pueden llevarse a consulta popular. Quedan excluidos temas presupuestarios, fiscales, tributarios, de seguridad, pensiones y contratos administrativos. 

En el caso de reformas constitucionales, el proceso exige un dictamen previo y vinculante de la Sala Constitucional y una votación de al menos 38 diputados en segundo debate, cifra que el oficialismo no alcanza por sí solo.

Un antecedente reciente pesa sobre este escenario: el gobierno de Chaves intentó activar un referéndum para aprobar la llamada “Ley Jaguar”, que buscaba modificar leyes clave como las de la Contraloría General de la República y de Contratación Pública para reducir controles. En esa ocasión, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales varios elementos centrales del proyecto, lo que frustró la iniciativa.

Un país partido en dos

Aunque Pueblo Soberano ganó en casi todas las provincias, el resultado deja a Costa Rica políticamente dividida, según analistas. 

“El electorado está partido en dos mitades prácticamente iguales”, subrayó Eguizábal. Para ella, el mensaje chavista de culpar a las élites de los males del país “ha calado hondo”, mientras los dos grandes bloques de oposición en la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, enfrentan el reto de reconstruir su credibilidad en los próximos cuatro años.

El rumbo que tome el gobierno de Laura Fernández será clave para definir si Costa Rica consolida un giro autoritario al estilo de otros países de la región o si sus contrapesos institucionales logran contener la concentración de poder. Por ahora, la continuidad está asegurada; la democracia costarricense, en cambio, entra en una etapa de prueba.