Guatemala: las cuatro elecciones clave que pondrán a prueba el equilibrio democrático en 2026

Guatemala enfrentará en 2026 un ciclo decisivo para su arquitectura institucional. Un análisis elaborado por el equipo consultor de Claves de Poder, una cobertura especial de FOCOS sobre las elecciones de segundo grado en Guatemala, advierte que la renovación de cuatro órganos de control son claves para el equilibrio democrático del país, en un contexto de retrocesos en el sistema electoral, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos en Guatemala y la región centroamericana.

Claves de Poder dará seguimiento al proceso de selección de las futuras autoridades de cuatro instituciones clave: la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Fiscal General del Ministerio Público (MP) y el Contralor General de Cuentas (CGC). 

En su primer informe, el equipo consultor sitúa estas elecciones en un escenario regional complejo, con el avance de gobiernos autoritarios. Aunque Guatemala no ha entrado formalmente en un proceso de erosión democrática, ya es considerada como un “régimen híbrido”, caracterizado por retrocesos en derechos humanos, presión política sobre el sistema electoral y cuestionamientos a la independencia judicial, indica el informe.

A diferencia del Presidente o el Congreso, estas autoridades no son electas por voto popular, sino mediante procesos de designación indirecta mejor conocidas como elecciones de segundo grado. Sin embargo, su peso institucional es crucial: ejercerán el control sobre los órganos políticos que sí cuentan con legitimación directa, y asumirán este rol en el último año de administración del presidente Bernardo Arévalo y los primeros del próximo gobierno.

El cambio de autoridades en estas instituciones clave definirá quién interpretará la Constitución Política de Guatemala, quién organizará las próximas elecciones y cómo se respetará la voluntad popular, quién perseguirá el delito o garantizará impunidad para redes de poder enquistadas en el sistema judicial. 

Corte de Constitucionalidad: discrecionalidad y primeros conflictos

La elección de magistrados de la CC ya está en marcha y debe completarse antes del 14 de marzo de 2026, con la toma de posesión de 10 nuevos magistrados —cinco propietarios y cinco suplentes—, el 14 de abril.

A diferencia de otros cargos, la CC no pasa por comisión de postulación. Cinco actores designan directamente a los magistrados: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

El informe identifica como principal hallazgo una fragmentación normativa en esta elección: cada órgano aplica sus propias reglas, lo que amplía márgenes de discrecionalidad. Además, esta diversidad de procedimientos podría alejar el proceso de estándares internacionales sobre independencia judicial.

El proceso ya enfrenta dificultades. En la USAC, la convocatoria fue impugnada bajo el argumento de que más de 20 integrantes del CSU habrían concluido su periodo, lo que podría retrasar la designación y alterar la correlación interna de fuerzas, advierte el equipo consultor. 

En el CANG, además, al menos tres aspirantes para la CC han sido señalados por posibles actos de corrupción: el juez Mynor Moto, el exrector de la USAC Estuardo Gálvez y el actual magistrado Néster Vásquez. Este grupo ha sido sancionado por Estados Unidos e incluido en la lista Engel por hechos de corrupción y acciones que debilitan la democracia en Guatemala.

Consuelo Porras, actual fiscal que también aspira a la CC, también está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque quedó fuera de la contienda en la USAC, aún puede aspirar al cargo por otras vías, como representante del Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Además, figura en la lista de los 59 aspirantes avalados por la comisión de postulación para la Fiscalía General de la República.

TSE: alta participación y votación calificada

El TSE será el primer proceso en concluir, el próximo 20 de marzo de 2026. Sus cinco magistrados titulares y cinco suplentes son electos por el Congreso con mayoría calificada de 107 votos, a partir de una nómina de 20 candidatos elaborada por una comisión de postulación.

La comisión fue instalada el 19 de enero de 2026 y se recibieron 181 expedientes. Para dirimir la elección, se aprobó una tabla de gradación con 100 puntos: 35 académicos, 55 profesionales y 10 de proyección humana.

El informe destaca que algunos aspirantes incluyen dos magistrados actuales que enfrentan procesos penales: Gabriel Aguilera e Irma Palencia. Estos perfiles, indica, podrían incidir en la percepción pública del proceso. 

El actual TSE ha sido cuestionado por supuestas irregularidades durante el último proceso electoral. Ambos aspirantes han estado separados del cargo por dos años por señalamientos del Ministerio Público (MP), específicamente sobre las decisiones que tomaron como jueces electorales, entre ellas el rechazo de candidaturas, discrecionalidad, retrasos en la operación de juntas electorales y la contratación de un sistema informático sobrevalorado. 

El informe también resaltó el resultado de la elección interna del CANG para integrar la comisión de postulación, donde la planilla 4 de “Unidad por la Democracia”, considerada alternativa, desplazó a la planilla de ASPA, tradicionalmente dominante y ligada a actores como Nester Vásquez, Mynor Moto, y el rector de la USAC Walter Mazariegos.

Fiscal General: concentración de la decisión final

El nombramiento del próximo Fiscal General marcará uno de los puntos más sensibles del ciclo institucional de 2026. El mandato de Consuelo Porras concluye el 17 de mayo, cerrando un período en el que ha estado en el centro de señalamientos nacionales e internacionales por el deterioro del Estado de derecho. 

La designación del nuevo titular del Ministerio Público (MP) siguió el procedimiento constitucional: una comisión de postulación de 15 integrantes debe conformar una nómina de seis candidatos, de la cual el Presidente de la República elegirá a uno. Porras intentará continuar en el cargo tras ser avalada como postulante en la lista de 54 candidatos enviados por la comisión postuladora. Sus posibilidades de ser designada, sin embargo, son nulas. 

Pero más allá del procedimiento formal, el contexto político convierte esta decisión en un punto de inflexión. Durante la gestión de Porras, diversos sectores académicos, empresariales y sociales han señalado que el funcionamiento del MP ha estado condicionado por alianzas políticas conocidas como el “Pacto de Corruptos”: una red de intereses que, según sus críticos, habría utilizado el aparato judicial para blindar a actores afines y perseguir a opositores.

La fiscal general ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos e incluida en listados de actores señalados por corrupción y acciones antidemocráticas.

Uno de los efectos más visibles ha sido el exilio de al menos 90 operadores de justicia —entre fiscales, jueces y personas defensoras de derechos humanos— quienes han denunciado persecución penal en su contra. Paralelamente, medios de comunicación independientes han enfrentado procesos judiciales, investigaciones penales y medidas que han sido calificadas por organizaciones de prensa como actos de criminalización.

Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre el debilitamiento de la independencia judicial durante su gestión. Un Grupo de Expertos de Naciones Unidas pidió recientemente investigar a Porras por su posible participación en adopciones ilegales de al menos 80 niñas y niños de pueblos indígenas ocurridas entre 1968 y 1996.

La conclusión del mandato de Porras abre un escenario de disputa institucional. Para sectores que han cuestionado su gestión, la elección del nuevo Fiscal General representa la posibilidad de revertir dinámicas de persecución selectiva y restablecer la independencia del Ministerio Público.

Para otros actores políticos, en cambio, la designación es estratégica para mantener influencia sobre la política criminal del país. La Fiscalía General tiene la potestad de dirigir la persecución penal, definir prioridades de investigación y presentar antejuicios contra funcionarios públicos. Esto puede incidir directamente en la estabilidad del sistema político.

Según el informe, ya existen disputas de poder de cara al proceso de selección de la nómina definitiva para la elección del fiscal, al interior de la USAC, el CANG y entre magistrados, que se organizan en bloques con capacidad de inclinar la balanza hacia un sector u otro. 

En este vaivén, la actual Junta Directiva del CANG se ha negado a ceder los cargos a las nuevas autoridades gremiales que fueron electas en febrero de 2025, generando cuestionamientos a todo el proceso.

Sin embargo, el trabajo técnico de la comisión de postulación servirá para trasladar la decisión final al Presidente de la República. Una sola firma define quién dirigirá el Ministerio Público durante los siguientes cuatro años.

Contralor General: un proceso técnico con desenlace político

La elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), prevista para octubre de 2026, puede parecer menos visible que la del Fiscal General o la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, su impacto estructural es profundo: se trata de la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos en todo el Estado.

La CGC no investiga delitos penales debido a que esa función corresponde al Ministerio Público; pero sí audita, detecta hallazgos administrativos, impone sanciones económicas y certifica posibles responsabilidades que luego pueden convertirse en procesos judiciales. En términos más simples, puede habilitar o bloquear consecuencias legales por el mal uso del presupuesto.

El procedimiento inicia con una comisión de postulación integrada por 23 miembros: representantes de universidades, colegios profesionales y decanos de facultades vinculadas a las ciencias económicas. 

Esta comisión debe elaborar una nómina de seis candidatos, que luego será enviada al Congreso. La elección deberá realizarse en octubre de 2026, y exige el nombramiento de un perfil de contador público y auditor con experiencia profesional. La decisión final requiere mayoría absoluta del Congreso (81 votos).

El control de la CGC tiene efectos directos sobre alcaldes, ministros, diputados y entidades descentralizadas. En un año preelectoral como el 2026, la capacidad de auditar y eventualmente sancionar a actores políticos puede convertirse en un mecanismo de presión o blindaje.

El informe concluye que las elecciones de segundo grado de estas cuatro instituciones en 2026 representan una oportunidad crítica para observar la calidad institucional del país. Los titulares de la CC, el TSE, la CC y la CGC cumplirán funciones de control del poder político; y cualquier anomalía, retraso, impugnación o irregularidad en sus procesos de selección puede tener impacto directo en la estabilidad democrática.