El régimen de Bukele mantiene 86 presos políticos en las cárceles de El Salvador

El régimen de Nayib Bukele mantiene al menos 86 presos políticos en las cárceles salvadoreñas, según reveló un informe de la organización Cristosal titulado “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador”. El estudio documentó 237 actos de persecución política en contra de 245 personas, entre abogados, defensores de derechos humanos y periodistas.

“El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos”, señala Cristosal. Este fenómeno, advierten, representa una regresión histórica que no ocurría desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

El informe sitúa el periodo 2019-2025, desde la llegada de Bukele, como el momento en que la persecución política dejó de ser un incidente aislado para convertirse en un modelo estructural y sostenido del Estado salvadoreño.

El punto de inflexión decisivo fue el 2021, cuando el Gobierno consolidó su control sobre las principales instituciones del sistema de justicia, incluyendo la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A partir de este momento, la criminalización penal se erigió como el mecanismo central de la represión estatal.

De las 245 personas perseguidas políticas, 180 enfrentaron procesos penales. De estas, al menos 86 personas continúan detenidas y sólo siete han sido condenadas, en procesos que Cristosal señala como preocupantes y con patrones similares a los observados en los regímenes autocráticos de Nicaragua y Venezuela.

La investigación se basa en datos de fuentes abiertas, sistemas de alerta de organizaciones especializadas y más de 30 entrevistas con expertos, víctimas y organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, advierte que el número real de presos y perseguidos políticos podría ser mayor debido al temor a denunciar y a la opacidad institucional. 

Para ilustrar los patrones de persecución documentados, el informe profundiza en 20 casos paradigmáticos que abarcan distintos perfiles de disidencia: opositores políticos, periodistas, académicos, activistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. 

La jefa de la unidad anticorrupción de la organización, Ruth López, es uno de los casos retomados en el informe. Después de ser detenida la noche del 18 de mayo de 2025 en un proceso marcado por irregularidades como la falta de orden judicial durante su captura, desaparición forzada de corta duración y una reserva de información absoluta. 

Actualmente, su situación permanece estancada: el 1 de diciembre de 2025, el juzgado ordenó prorrogar su detención provisional por otros seis meses de forma injustificada. López se ha convertido en un caso paradigmático de la persecución política bajo el actual régimen de excepción en El Salvador. 

También se encuentran procesos judiciales contra figuras políticas como Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, cuyo caso presenta irregularidades procesales, uso prolongado de prisión preventiva y presiones institucionales sobre operadores de justicia. También se analiza la criminalización de Bertha María Deleón, abogada y defensora de derechos humanos que posteriormente salió del país y enfrenta procesos judiciales desde el exilio.

El informe también examina casos de hostigamiento y persecución contra voces críticas fuera de la política partidaria. Entre ellos se menciona la detención del especialista en tecnología Mario Gómez, crítico de la implementación del bitcoin; y procesos contra líderes comunitarios como José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Herníquez, criminalizados tras participar en protestas sociales. 

Las formas de persecución y los perfiles

El estudio clasifica los casos documentados en tres modalidades principales de persecución: persecución extrajudicial, que incluye amenazas, estigmatización pública o campañas de desprestigio; acciones punitivas no penales, como sanciones administrativas, procesos disciplinarios o mecanismos institucionales para presionar a personas críticas; y criminalización, que responde al uso del derecho penal para procesar judicialmente a opositores.

Además, el informe determinó que esta persecución se concentra en sectores clave que ejercen la fiscalización y la defensa de derechos. De las 245 víctimas documentadas, el 60.4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia independientes, sindicalistas y ambientalistas, todos con protección internacional especial.

Mientras que las acciones contra opositores partidarios alcanzaron su punto máximo alrededor de 2021, la criminalización de estas voces críticas independientes —como periodistas y defensores— se intensificó en 2025. Según reportes de organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 80 personas salieron de El Salvador tras la ola de capturas contra defensores en mayo y junio de 2025.

El informe también documenta la persecución vicaria, casos en que los familiares de las personas críticas son atacados judicial o administrativamente con el fin de ejercer presión indirecta, castigar a la víctima principal o forzar su silencio.

Riesgos para la democracia

Según Cristosal, la persecución política no afecta únicamente a las personas criminalizadas, sino que ha generado un efecto silenciador y disuasivo sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política y la defensa de derechos humanos. 

La persecución sistemática de la disidencia, sumada a la concentración de poder y la debilidad de los controles institucionales, representa una amenaza directa para el pluralismo político y el Estado de derecho en El Salvador, que enfrenta un contexto de cierre progresivo del espacio cívico.

La organización advierte que, sin cambios estructurales que restauren la independencia del sistema de justicia y garanticen la protección de los derechos humanos, la continuidad de este modelo podría profundizar la erosión democrática en el país.