Cruz: “la reacción del gobierno (de Ortega) no solo fue cruel, sino torpe”

Tras el estallido social de los nicaragüenses en contra del presidente Daniel Ortega, el exembajador de Nicaragua en Washington D.C., durante el primer gobierno del mandatario, Arturo Cruz, criticó la reacción del gobierno ante las protestas encabezadas por los ciudadanos desde el pasado 18 de abril

El historiador y académico nicaragüense, Arturo Cruz considera que el gobierno de Daniel Ortega no estaba preparado para lidiar con la crisis socio-política, criticó que la reacción del gobierno contra los civiles “no solo fue cruel, sino también torpe”, así lo dijo en el programa FOCOS que se transmite los domingos a las 8:00 de la noche y miércoles a las 6:00 de la tarde por Canal 33.

“Obviamente cuando acudís a todo tipo de coerción perdés todo tipo de legitimidad y encima de eso tenés una situación ya no solamente de los asesinados, los encarcelados; encima de eso tenés un país que se empieza a deteriorar marcadamente económicamente”, aseguró Cruz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que hasta el pasado 29 de noviembre la cifra de fallecidos a partir de las protestas, alcanzaba los 325. Y los arrestos arbitrarios sumaban 300.

El analista nicaragüense destacó que es necesario que se convoque a elecciones adelantadas. Sin embargo, Ortega defiende que su periodo electoral concluye hasta noviembre de 2021. Para Cruz, este argumento pierde credibilidad debido a que el proceso de 2016 en el que resultó electo el mandatario, es dudoso.

Para llegar a un acuerdo que permita poner fin a la crisis que atraviesa Nicaragua, es necesaria la creación de una mesa de diálogo, la cual, según cruz, debe estar conformada principalmente por la iglesia. “La iglesia nos tiene que reconciliar, no nos va a reconciliar el gobierno, que se olviden de esos temas de que van a hacer por decreto una reconciliación. El único que nos puede reconciliar es la iglesia católica”, afirmó cruz.

Las protestas comenzaron después del anuncio de una reforma al Instituto Nicaragüense Seguridad Social (INSS) que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios. Al mismo tiempo imponía una retención del 5% a los jubilados. Dichas reformas fueron impuestas por medio de un decreto realizado por el presidente Ortega.

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