Los puntos que convierten la nueva Ley de Reconciliación en una amnistía
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, el marco normativo que impidió el acceso a la verdad y justicia a las víctimas de los crímenes de la guerra salvadoreña.
La sentencia obliga a la Asamblea Legislativa a crear una nuevo mecanismo legal que respete el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y se les garantice una reparación integral.
Esta semana, los grupos parlamentarios de derecha Arena, PCN y PDC en alianza con la bancada del FMLN; la extinta guerrilla de izquierda convertida en partido político, buscaban aprobar una ley de “Reconciliación Nacional” confeccionada por ellos mismos, y que según organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de Derechos Humanos era una reedición de la derogada ley de Amnistía.
1- primero esta es una ¿Ley para los autores materiales o los intelectuales?
En el anteproyecto de ley presentado por la Asamblea establece principios que regirán el actuar de la ley. El número nueve establece que será atribuible un hecho punible a la persona únicamente por su acción u omisión directas en la materialización del suceso. Esto hace énfasis en los autores materiales que seguían órdenes y no incluiría a quienes participaron indirectamente en el cometimiento de los hechos, como los autores intelectuales.
2- ¿Qué casos juzgará la ley?
En el capítulo I, sostiene que serán objeto de investigación y juzgamiento los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sin embargo, el documento establece un plazo de cinco meses y la elaboración en “una única ocasión” de una listado cerrado de los casos a ser investigados por el fiscal general, quien seleccionará según criterios no establecidos.
Esto contradice el principio de imprescriptibilidad sancionado por la Sala para estos crímenes y cierra la puerta al derecho de todas las víctimas.
3- ¿Habrá penas de cárcel para quienes resulten condenados?
No. El anteproyecto establece que la penas de prisión serán suspendidas en todos los casos, incluidos los procesos reabiertos como el caso de la masacre de El Mozote, y serán sustituidas por “trabajos de utilidad pública” hasta un máximo de 10 años.
Sin embargo, el documento también establece que habrán «mecanismos especiales» sobre los trabajos de utilidad pública para mayores de 65 años, mecanismos que no se señalan en la ley.
4- ¿Y qué pasará con reparación o responsabilidad civil?
Esta es muy laxa o poco significativa. El documento establece que los culpables sólo podrán resarcir a las víctimas hasta con un 20% de su patrimonio líquido, es decir la diferencia entre sus ingresos y egresos, sin que ello afecte el proyecto de vida ni de su familia.
Esta disposición contradice a la sentencia de la Sala porque no garantizaría efectivamente el derecho a la reparación integral de las víctimas.
Estos elementos son algunos en la discusión de este anteproyecto, mientras la deliberación en la Asamblea continúa, es fundamental que se incluyan las voces de las víctimas antes que las de los victimarios.
