Fiscalización del dinero de los partidos, la deuda del TSE
La campaña electoral en prensa, radio y televisión costó a los partidos políticos más de 25.8 millones de dólares entre octubre de 2018 y enero de 2019, señala un monitoreo de la oenegé Acción Ciudadana.
Determinar si ese dinero y el resto de fondos que perciben los partidos tiene un origen lícito es una deuda del Tribunal Supremo Electoral, cuyos cinco nuevos magistrados deben elegirse en la Asamblea Legislativa antes de este 31 de julio.
La Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral obligan al TSE a fiscalizar, monitorear y auditar las finanzas partidarias, pero la entidad carece de una unidad para ello. De acuerdo con Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, el TSE no determina la veracidad de la información contable que los partidos le entregan, porque solo revisa formalismos. No hay facturas, contratos o talonarios de donantes.
Escobar afirma que controlar el financiamiento político es clave para evitar la corrupción y que el dinero de los intereses particulares maneje la política y al Estado.
“El inicio de la corrupción está en el financiamiento de partidos o campañas electorales. Esta relación dinero-política puede pervertir el sistema e introducir plata del crimen organizado”, explica.
Durante la pasada campaña electoral, FOCOS entrevistó en su segmento Matices a representantes de los cuatro partidos en contienda. A todos se les preguntó quiénes financiaban sus propagandas, y ninguno respondió con claridad.
Una reforma al Código Electoral, presentada a la Asamblea Legislativa por Acción Ciudadana y el diputado no partidario Leonardo Bonilla, pretende crear una unidad adscrita al TSE que fiscalice el financiamiento partidario.
El diputado Bonilla explica que, de aprobarse la reforma, la unidad revisará si la información es coherente con el financiamiento que los partidos reciben y detectará si hay fondos ilícitos.
La percepción que dinero ilegal financia a los partidos ha reducido la credibilidad de las autoridades electorales de América Latina, según la encuesta Latinobarómetro 2018.
En El Salvador, solo 1 de cada 8 – es decir, el 12 por ciento – dice confiar en el TSE, revela el Latinobarómetro 2018. Este es el porcentaje más bajo de América Latina. Incluso en institucionalidades cuestionadas como Honduras, Venezuela y Nicaragua hay niveles de aceptación más altos.
“La corrupción ha penetrado las campañas electorales”, afirma la oenegé Corporación Latinobarómetro, encargada de la encuesta. “La competencia electoral no es siempre vista como un proceso limpio, la corrupción ha enlodado su imagen haciéndole perder legitimidad al organismo electoral”, añade.
