Vargas apoya plan de seguridad del Gobierno con “dudas y esperanza”

Mauricio Vargas, diputado del partido de derecha ARENA, reconoció en la entrevista Matices, de FOCOS, que apoya el plan de seguridad del Gobierno “entre dudas y esperanza”, al tiempo que instó a transparentar estas medidas y garantizar que respeten los procedimientos establecidos en las leyes.

El también general del ejército dijo en FOCOS que votó a favor de reasignar más de $30 millones para el Plan Control Territorial, y sin tener respuestas del todo convincentes sobre el uso que se dará a estos fondos.

En la plenaria del 4 de julio, con 81 votos a favor de todas las fracciones, la Asamblea Legislativa aprobó la reasignación de $30,984,183 para financiar salarios y alimentación de policías y soldados. También para mejorar la infraestructura de delegaciones policiales, según la iniciativa que presentó el Ejecutivo.

Vargas dijo que dio su voto a favor “entre las dudas y la esperanza”, pero que las respuestas que recibió a sus interrogantes “no fueron así como ‘wow, estoy plenamente convencido’”.

Una de las dudas del diputado estaba en los recursos para alimentación. De los casi $31 millones reasignados, $21,636,183 provienen de la Contribución Especial de los Grandes Contribuyentes. De ese monto, $3 millones serían para la alimentación de 2,500 policías. “¿Por qué me están pidiendo para alimentación, si es gasto corriente que tengo provisionado para todo el año? No ha habido incremento de policías ni de soldados, por lo tanto no debería haber aumento”, cuestionó el legislador. 

Según el diputado arenero, ante su duda se le explicó que desde este mes aumentarán a $200 el gasto de alimentación por agente. Esta asignación por elemento policial se mantendrá hasta diciembre.

“Sí sé las acciones para las que van orientados (los fondos), lo que no sé es la ejecución presupuestaria de esos rubros que son gastos corrientes (como la alimentación), que ya estaban programados. Si se los gastaron y se los gastaron mal, deberían deducirse responsabilidades”, insistió.

El Gobierno alista una nueva petición de financiamiento para la segunda fase de su plan de seguridad, esta vez por $91 millones. Vargas aseguró que no convertirá su rol de oposición política en una obstrucción para estas iniciativas, pero sí exigirá transparencia y rendición de cuentas porque “esto no es un cheque en blanco”, en particular ante la complicada situación financiera del Gobierno.

“Los recursos públicos ordinarios no son suficientes para el abordaje de un problema tan grave y nosotros (los diputados) tenemos la responsabilidad de pedir un compromiso de eficiencia. Tengo la responsabilidad de pedirlo en función del dinero que estoy aprobando y adicionalmente tengo que exigir racionalidad, transparencia y rendición de cuentas”, indicó.

El 3 de julio, ARENA difundió un comunicado donde solicitó a la administración de Nayib Bukele que, así como lo hizo el Gobierno anterior, explique su plan antipandillas en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea, por considerarlo clave para justificar las reasignaciones de fondos.

ARENA dijo comprender que el plan no puede exponerse de forma abierta porque está en juego la seguridad ciudadana, “pero ambos órganos del Estado pueden continuar aplicando los protocolos apropiados de información” para garantizar la transparencia.

El partido de derecha también pidió a Bukele que informe sobre el futuro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ente que cada trimestre debe recibir un informe sobre la ejecución de los fondos obtenidos con la contribución especial para seguridad.

LLAMA A RESPETAR PROCEDIMIENTOS

Vargas también opinó sobre las medidas hasta ahora implementadas en el plan de seguridad. Señaló que ha pasado poco tiempo para tacharlo de malo o de bueno, aunque destacó que es hasta ahora que un Gobierno le apuesta al control territorial. 

Los anteriores planes, dijo, se bautizaron con “términos mediáticos”, orientados a obtener réditos políticos. Las consecuencias de no apostar por un combate real a la delincuencia se están pagando ahora, añadió.

No obstante, indicó que el Gobierno debe garantizar el respeto a las leyes a la hora de ejecutar procedimientos como las medidas de máxima emergencia decretadas en los centros penales.

En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele informó que los internos de las penitenciarías “no verán ni un rayito de sol” hasta que las pandillas no bajen los homicidios.

Vargas señaló que los estados de emergencia en los centros penales pueden durar hasta 15 días y requieren la intervención de otros entes, refiriéndose a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Penitenciaria. Estos artículos ordenan informar de la declaratorias de emergencia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces de vigilancia penitenciaria.

“Me da la impresión que hay violentación de procedimientos en un momento dado, de acuerdo con lo que dicen los jueces”, indicó el diputado. La semana pasada, jueces y magistrados pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, interceder ante el Ejecutivo porque el estado de emergencia ha generado problemas como la suspensión de 369 diligencias judiciales y riesgos como el vencimiento de la detención provisional para algunos reos, situación que los dejaría en libertad.

“Estamos en una república, una república que tiene los órganos del Estado, tienen sus áreas de competencia, tienen su independencia, y no puedo estar colocando un órgano del Estado y sus componentes (en entredicho) cuando están cumpliendo con su obligación”, dijo el diputado tricolor.

Vargas concluyó que la violencia ejercida por las pandillas se ha desbordado, al punto de arreciar sus ataques hacia elementos de la seguridad pública. Este tipo de acciones ameritan medidas para detenerlas, pero insistió en la necesidad de cumplir “con las leyes, con los procedimientos y las autoridades competentes, porque de lo contrario la medicina será peor que la enfermedad”.

“¿Qué le está pasando a Venezuela con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con Naciones Unidas y con la OEA (Organización de Estados Americanos)? ¿Qué le está pasando a Nicaragua? Porque se han excedido, han roto los procedimientos”, advirtió.