Desplazamiento forzado, la crisis que el estado no reconoce
Las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador casi se duplicaron en 2018, revela un informe de la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado ocasionado por Violencia, pero el Estado le da la espalda a esta crisis.
El número de adultos atendidos por la Mesa aumentó 153 por ciento en 2018, llegando a 728 víctimas. Los niños, niñas y adolescentes afectados fueron 320, 14.3 por ciento más que en 2017.
La comunidad LGBTI también es blanco del desplazamiento forzado. En 2018 se atendieron 56 casos, el triple de 2017. La mayoría era población trans.
El desplazamiento forzado interno se refiere a personas que huyen de su hogar, sin salir del país, para evitar la violencia y la transgresión a sus derechos humanos.
Este es un fenómeno multicausal, señala Naciones Unidas, pero en El Salvador, la violencia es la principal razón que obliga a cientos a abandonar sus hogares.
Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, las amenazas, extorsiones e inseguridad en la comunidad lideran las causas del desplazamiento forzado.
El informe de la Mesa, no obstante, es más específico e identifica razones como los homicidios contra familiares y desapariciones cometidas por pandillas.
Ambos hechos aumentaron en 2018. En 50 casos atendidos por la Mesa se citó el homicidio contra familiares como causa del desplazamiento forzado, frente a los 19 de 2017.
En 55 casos se señalaron las desapariciones, cuando en 2017 se reportaron 26.
La alta tasa de asesinatos también obliga a desplazarse. El Instituto de Medicina Legal estima que el 91 por ciento de las víctimas de homicidios en 2017 tenía entre 15 y 19 años.
Al explorar el desplazamiento forzado entre las mujeres, la violencia de género también aparece entre las causas. Una de sus consecuencias es el feminicidio. Medicina Legal registró 468 mujeres asesinadas en 2017 y el 45 por ciento era menor de 29 años.
En el caso de la población LGBTI, la discriminación, además de la violencia, se cita entre las causas.
Un tercio de las víctimas de la comunidad LGBTI huyó de su hogar por amenaza de pandillas y 27 % por intentos de homicidios basados en su orientación sexual. También por violencia física, extorsiones y abuso de autoridad de las fuerzas estatales.
Estos datos reflejan una problemática que el Estado salvadoreño reconoce en su discurso, pero no en la práctica. En dos ocasiones este año, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aceptó la existencia del desplazamiento forzado.
No obstante, hasta la fecha no se han anunciado medidas concretas para enfrentarlo, pese a que la Sala de lo Constitucional ordenó hace un año crear una ley de atención para las víctimas. Este 14 de julio, ese fallo cumple seis meses en desacato.
