A 40 años del golpe de Estado y del fracaso de la 1ª y 2ª Junta de Gobierno (I)
(Tomado de La Prensa Gráfica)
La guerra con Honduras en 1969 y sus consecuencias económicas, sociales y políticas incidieron en el cierre de espacios políticos y en el fraude electoral de 1972 de la dictadura militar y su partido PCN contra la Unión Nacional Opositora y sus candidatos José Napoleón Duarte (PDC) y Guillermo Manuel Ungo (MNR), legitimando la tesis de la naciente guerrilla que no era posible acceder al poder por la vía pacífica y constitucional sino por la lucha armada. «Sin dicho fraude la guerrilla nunca hubiera podido desarrollarse», afirma el más antiguo de sus precursores, Eduardo Sancho, que lideró la RN-FARN, formando parte de la Comandancia General del FMLN, y uno de los principales impulsores de la negociación política para finalizar la guerra y construir la democracia.
El retorno de más de 100 mil compatriotas de Honduras y el cierre de la migración como válvula histórica de escape, el fraude electoral y la ilegitimidad de origen del nuevo gobierno del coronel Arturo Armando Molina fortalecieron las tesis reformista en el ejército y gobierno que preparó una reforma agraria en alianza con la UCA, siendo neutralizada por el gran capital y sus aliados más cercanos al ejército a mediados de 1975. «A sus órdenes mi capital» tituló Ignacio Ellacuría su artículo en la revista ECA al que le siguió la destrucción del recién inaugurado centro de cómputo de la universidad por un grupo de extrema derecha ante la pasividad/complicidad del ejército y del gobierno. No obstante haber hecho mucha obra, sin legitimidad de origen y sin reformas, el gobierno de Molina enfrentó con pocos aliados el ascenso del movimiento social conducido por los frentes de masas de las organizaciones guerrilleras, enfrentándolos con represión creciente y deteriorando su legitimidad de desempeño. Su ministro de Defensa, general Humberto Romero, apoyado por el gran capital lideró la contra-reforma y también la represión convirtiéndose en el candidato presidencial «confiable» y en el nuevo presidente de unas elecciones que terminaron temprano porque las urnas amanecieron llenas de aquellos «tamales»… A diferencia del primero, ese fraude no tuvo discusión alguna, fue total y descarado.
El gobierno del general Romero se inauguró cinco meses después que el presidente Carter en Estados Unidos, que impulsó la política de derechos humanos, mientras Romero profundizaba la represión a las organizaciones populares que multiplicaron su actividad reivindicativa y confrontativa, y a sacerdotes y sus comunidades eclesiales de base. La Guardia Nacional asesinó al sacerdote jesuita Rutilio Grande en El Paisnal, amigo del recién electo arzobispo de San Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien solicitó al gobierno procediera a una investigación del asesinato que impune quedó como tantos otros, liderando Monseñor la denuncia de la creciente y cada vez más generalizada violación de derechos humanos.
Mientras la confrontación y represión aumentaban, se organizaron mesas de diálogo y concertación para una salida político-democrática a la crisis nacional. La primera conformada por grandes empresarios (Francisco De Sola, Roberto Palomo y Francisco Calleja), la Iglesia Católica (monseñores Romero, Urioste y Delgado) y el PDC (Chávez Mena, Menjívar y Arene). La segunda por el Foro Popular de partidos de oposición y organizaciones sociales, mientras en Nicaragua avanzó el proceso insurreccional que derrocó en julio de 1979 a la dinastía Somocista. Centenas de guardias llegaron en pánico y sin pertenencias a El Salvador, lo que impactó al ejército salvadoreño. El gobierno del general Romero, ilegítimo de origen y de desempeño, quedó aislado nacional e internacionalmente, mientras en la sociedad y en las fuerzas armadas avanzaban iniciativas diversas para enfrentar la crisis histórica nacional.
Tres golpes de Estado estaban para entonces en plena organización: el de la juventud militar, el de los oficiales más vinculados con el gobierno de Estados Unidos y su tesis de una estrategia contrainsurgente, y el de la derecha radical más vinculada a sectores oligárquicos tradicionales y del frente agrario. Se adelantó el de la juventud militar que contemplaba la democratización nacional, el respeto de los derechos humanos e importantes reformas sociales, cuyo liderazgo tenía una comunicación avanzada con Monseñor Romero y las autoridades de la UCA que revisaron y aprobaron el documento de la Proclama de la Fuerza Armada.
Ante el deterioro creciente de la situación política y la agudización de la confrontación social y el aislamiento nacional e internacional del gobierno de Romero, se produjo el golpe de Estado de la juventud militar el 15 de octubre de 1979, la proclama a la nación de las Fuerzas Armadas, y la conformación de la 1ª Junta Cívico-Militar de gobierno.
