Archivos “desclasificados” sobre la masacre de El Mozote son fotocopias de informes ya recibidos

El 28 de octubre, David Morales, querellante del caso en la masacre de El Mozote y lugares aledaños afirmó que los cinco cartapacios con documentos desclasificados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, se trataba únicamente de fotocopias de informes que ya habían sido enviados al tribunal en los años anteriores.

“En su mayoría se trata de informes que envió el gobierno anterior, ni siquiera el gobierno actual”, dijo Morales. El abogado aseguró que no se ha desclasificado nada de la información existente en los archivos del Estado Mayor y de las unidades militares.

El presidente de la República aseguró el 24 de septiembre en cadena nacional de radio y televisión que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos en gobiernos anteriores pero que los pocos documentos que existían los había desclasificado para entregarlos a los jueces y a todos los ciudadanos.

Morales aseguró que mostrar los cartapacios y la remisión de los mismos «han sido una mera simulación de colaboración con el tribunal».

En la misma cadena, el mandatario afirmó que tanto el juez del caso, Jorge Guzmán, como el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, responden a intereses del FMLN y que pretendían entrar al Estado Mayor Conjunto para tener acceso a planes militares actuales. Tobar no forma parte de la causa judicial de la masacre de El Mozote, pero representantes de la institución que dirige acompañaron la diligencia del lunes anterior para verificar que no se vulneraran los derechos de los asistentes. Bukele además llamó “esbirros del FMLN” a las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia.

Un discurso contradictorio

La primera primer orden presidencial de Bukele al asumir el cargo, fue retirar el nombre del Coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la Tercera Brigada Militar de Infantería de San Miguel. El 18 de junio se reunió con una comitiva de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, compartió un almuerzo con ellos y se comprometió a cumplir la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que respecta a las acciones de reparación y reivindicación que debe tomar el Estado en su favor.

Parte de esa sentencia obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar a los operadores de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público a los archivos que contengan información útil para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Sin embargo, el 15 de noviembre de 2019 mediante un escrito, la Presidencia de la República respondió al juez del caso El Mozote que no se localizaron documentos relacionados a planes militares ejecutados entre 1980 y 1982. La Presidencia sí señala que encontró información que puede ser de interés para la causa judicial, aunque no especifica qué tipo de documentación era ni la adjuntó a su respuesta.

Desde el 21 de septiembre del 2020, las Fuerzas Armadas han impedido en cinco ocasiones al juez de la causa el acceso a sus instalaciones para verificar la existencia o no de archivos históricos prorrogando por más de 30 años la apertura a documentos que sirvan de pruebas en casos de graves violaciones de derechos humanos.