“Vamos a tener que encaminarnos hacia una refundación, a una nueva República”

El diputado Samuel Pérez, uno de los líderes más destacados de la pequeña oposición guatemalteca en el Congreso, asegura a FOCOS que las recientes protestas en el país centroamericano son señales suficientes para decir que el sistema político está finiquitado.

Pérez, secretario general del partido de centroizquierda Movimiento Semilla, sostiene en esta entrevista que miran hacia el sur de América Latina en la necesidad de refundar la República y buscar conformar un Asamblea Constituyente que construya un nuevo pacto social y una nueva carta magna.

El joven político reconoce que la propuesta aún es incipiente y ni su partido y sus aliados en el Congreso tienen la fuerza política suficiente para impulsarlo. Sin embargo, teme que si este proceso no ocurre por la vía política, este ocurrirá probablemente de forma violenta.

¿Por qué ha llamado al presupuesto guatemalteco que se aprobó de manera exprés en el Congreso “un presupuesto criminal”? 

El problema es que tiene asignaciones que van definitivamente al pago de favores políticos, al saqueo y que en lugar de priorizar en las personas que lamentablemente sus casas quedaron inundadas o que, por ejemplo, perdieron sus empleos como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y que están teniendo problemas serios de ingresos, el presupuesto que aprobaron va a cualquier otra cosa. Por ejemplo, va construcción de carreteras, supuestamente, pero en realidad son carreteras que apenas van a empezar estudios de preinversión el otro año; la compra de un edificio para el Congreso, por ejemplo; mientras que le reducen Q800 millones de quetzales ($102.4 millones) a hospitales. Entonces, todas estas decisiones, sabiendo que la alternativa es poder evitar que más gente muera como consecuencia del coronavirus, o el hambre, el dinero se va para cualquier otra cosa. 

Usted hablaba también que cierto porcentaje va hacia favores políticos, ¿de dónde sacan ustedes que parte del dinero que está incluido en el proyecto va hacia dádivas o sobornos?

Bueno, hay dos rubros que son casi que explícitamente pagos de favores políticos. El primero es un rubro que le denominan «Consejos de Desarrollo», que son prácticamente dinero para las alcaldías, que pueden disponer de él de forma absolutamente arbitraria. Y lo que vemos regularmente, ya incluso hay denuncias por este tipo de acciones, es que esos proyectos se van para constructores de los diputados de cada uno de los distritos. El mismo presidente del Congreso es socio de una empresa constructora que recibió fondos para construir un puente. Entonces, ese es un rubro de mil millones de quetzales ($128 millones) que se va para pago de favores políticos. Y el otro es de 1.5 mil millones de quetzales ($192 millones) que se va para el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (Miciv) –la cartera de obras públicas- que recientemente tuvo un caso muy criticado en donde un funcionario de ese Ministerio mencionó en una citación de una bancada que desaparecieron Q135 millones ($17.3 millones). No supo decir en dónde estaba ese dinero. Históricamente el Miciv ha estado cuestionado porque ha servido, prácticamente, para el saqueo. Hay otros casos penales, e incluso algunos ya con resoluciones, en donde precisamente se prueba que es ahí donde se desvían fondos para dárselo a constructoras de diputados, financistas de los partidos políticos o amigos del presidente. 

¿Cómo estos sucesos provocan que la gente salga a protestar y se active la plaza de tal manera que pongan en llamas la fachada del Congreso?

Hay que entender este problema no solo como un problema del presupuesto. Ese fue un detonante importante, porque fue un descaro total la forma en que fue aprobado y los rubros que priorizaron y lo explícitamente hecho para el saqueo.

Pero el detonante principal es una acumulación de indignación muy fuerte. Y lo remitiría, tal vez, al proceso electoral en el que queda electo el presidente Alejandro Giammattei, que quedó electo en una segunda vuelta con una de las más bajas participaciones de votación en Guatemala. Pero además él llega a la contienda electoral en un proceso en el que se fue eliminando a su competencia. Había, por lo menos, dos candidaturas muy fuertes (Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt; y Thelma Aldana, exfiscal general), que, independientemente si estamos a favor o en contra de ellas, tenían mucho respaldo, incluso mucho más que al presidente Giammattei. Entonces el ciclo democrático ya no se cumplió sino que estuvo cortado ese proceso. Y cuando las personas no pueden expresar su voluntad en las urnas, porque les eliminan a las candidatas con las que se sentían más representados o representadas, queda una indignación y un descontento acumulado. Que eventualmente encuentra una válvula de escape. Además esto ya no es una crisis de Gobierno, sino que a partir, tal vez de 2015, más en los centros urbanos, empiezan a haber procesos de deterioro institucional muy fuertes. Esto pone en evidencia un sistema que ya llegó a su límite, más allá de los gobiernos de turno. 

Este descontento hacia el Ejecutivo de Giammatei también ha encontrado su aliado en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo funciona esta alianza en el Congreso y qué papel juega la pequeña oposición que integra Semilla en esta dinámica?

Esto lo pondría en términos relativos. El problema que tenemos es por un sistema que ya caducó y tenemos que encaminarnos a reformarlo estructural y profundamente. Ahorita ya no hay garantías de contrapesos republicanos. Tenemos el Ejecutivo, con el gabinete de ministros a favor del mismo presidente Giammattei. Prácticamente compró al Legislativo con favores políticos y tiene una mayoría de más de las tres cuartas partes del Congreso. Tenemos un proceso de cooptación absoluta en las autoridades judiciales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De hecho, un año llevan retrasando la elección de nuevas autoridades judiciales. Hay una crisis institucional muy profunda. Y entonces no se encuentra un contrapeso importante dentro de la institucionalidad formal. Ahora se encontraron la mayoría que de verdad importa, que ahorita está en las calles y en las plazas del pueblo de Guatemala, que es precisamente la población, y que no se siente representada por las acciones de diputados y diputadas que están cometiendo este tipo de actos, verdad.

Entonces es una crisis mucho más profunda que simplemente el hecho del presupuesto. A la oposición nos corresponde, también, canalizar esas demandas del pueblo de Guatemala hacia las instituciones. Y por eso es que ahorita hay un ambiente muy tenso, digamos, dentro del Congreso de la República. Nos recriminan, incluso a nosotros por las consecuencias de lo que está sucediendo en las movilizaciones, pero no se dan cuenta que los culpables son ellos por haber aprobado, en la madrugada, un presupuesto criminal, por ejemplo, u otro tipo de acciones que han cometido. 

El presidente Giammattei ha llamado a una mesa de diálogo para discutir el tema del presupuesto. ¿Por qué la oposición no tiende la mano al diálogo al presidente legalmente electo, sin las competidoras fuertes, pero finalmente electo? 

Bueno, el problema es que para convocar un diálogo hay que tener legitimidad. Y eso lo perdió el presidente Giammattei en menos de un año de Gobierno. Tiene ya a toda la población en medio de las plazas, no solo de la ciudad capital, si no que en las ciudades de todo el país manifestando en su contra, en contra de él y en contra de sus diputados. Este proceso lo vimos similar en el 2015, porque la legitimidad no simplemente se gana en las urnas, verdad, se construye con cada acción y constantemente. Entonces, yo creo que para llamar a un diálogo el presidente no tiene ninguna legitimidad. Y, lamentablemente encima de todo, llama solamente a las cámaras empresariales que tampoco tienen ninguna legitimidad. De hecho, muchas de ellas son parte del problema de que los presupuestos en Guatemala, no solo este presupuesto si no que todos los presupuestos y, digamos, el tipo de estructura fiscal que tenemos sea regresiva. Es decir, después de pagar impuestos las políticas sociales hacen que aumente la pobreza y no se reduzca, por ejemplo, o la desigualdad. Entonces, eso no es casualidad. Yo creo que no va a salir nada de esa mesa. No va a servir ni para legitimarse. Y, de hecho, instituciones serias, digamos, que se dedican al estudio fiscal como del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se retiraron de esta mesa de diálogo, precisamente, argumentando que no es un ejercicio serio.

Si el presidente, según ustedes, no tiene legitimidad, ¿cuáles son los siguientes pasos que proponen para darle vuelta a la situación y enrumbar Guatemala?

Lamentablemente yo no veo una salida fácil, en el corto plazo, porque es un problema estructural. Ni siquiera para los problemas coyunturales el presidente está demostrando disposición, verdad. Si no que es una persona terca, digamos, no da su brazo a torcer, no escucha al pueblo de Guatemala. Y yo creo que está agravando muchísimo más la crisis, reprimiendo las movilizaciones pacíficas. Y esto puede ir en una escalada peligrosa. Yo creo que, en general, hay que reconocer que el sistema en Guatemala ya no funciona, verdad, el pacto social se volvió caduco. Vamos a tener que encaminarnos hacia un proceso de refundación, la transición hacia una nueva República. Vemos ejemplos de casos que han sucedido en el sur de América Latina. Yo creo que hacia allá debería encaminarse Guatemala. 

Para esto es importante tener fuerza política y popular ¿Con qué tipo de apoyo y respaldo cuentan para impulsar esta refundación?

Sí, bueno, yo creo que sí hay una demanda muy fuerte desde hace ya mucho tiempo acerca de encaminarse hacia un proceso de refundación, probablemente una Asamblea Constituyente, eventualmente, que sí marque un antes y un después de cómo está estructurado el tipo de Estado que tenemos, el rol que se da a la economía. Digamos, los debates más profundos, más estructurales y más de fondo. El presidente Giammattei no tiene la legitimidad para conducir esto pero sí es una demanda que vemos en las plazas. De hecho, incluso más allá de los centros urbanos ha sido una demanda también de los pueblos indígenas, de los grupos y organizaciones campesinas, que también representan una buena cantidad de la población guatemalteca. Es importante que se empiece a poner en dudas si realmente es una conducción, simplemente, de las élites políticas. Yo creo que ya hay una demanda, ya hay un segmento de la población.

¿Y este segmento va a ser suficiente? Si bien es cierto la gente ha salido a las calles, esto debe traducirse en un apoyo político en el Congreso, en el territorio. ¿Cómo una bancada opositora minúscula va empujar a estos cambios tan grandes? ¿No será solo un sueño?

La verdad no hay que tenerle mucha confianza a la forma en la que se constituyen las mayorías dentro del Congreso si no que tratar de tener una lectura mucho más profunda en cuanto a las mayorías que se constituyen afuera. Al final de cuentas, digamos, las condiciones y las propuestas que hacíamos en campaña son muy diferentes al contexto que estamos viviendo actualmente. Yo creo que sí se ha evidenciado un desgaste mucho más profundo. Obviamente los partidos políticos tenemos algún rol de conducción sobre trazar el horizonte y las propuestas de solución que vemos, pero yo creo que la población en Guatemala sí se da cuenta que esta no es una crisis de simplemente “renuncien todos” y que asuman de nuevo los mismos partidos políticos o el mismo sistema, verdad. Si a fin de cuentas, cambiar este presupuesto no cambia las estructuras de desigualdad, de exclusión, etcétera. Hay una conciencia colectiva alrededor de esto y esa es la verdadera fuerza que podría impulsar una reforma de este tipo, verdad. Yo creo que sí hay… Es una lectura tal vez apresurada en este momento, pero no es del momento tampoco si no que hemos visto estas demandas sistemáticamente durante las crisis que hemos vivido en Guatemala: políticas e institucionales. Desde el 2015 con más intensidad pero que vienen movilizándose desde hace muchos años.

¿Este discurso se va a concretar en una propuesta? ¿Van a presentar, como Semilla o como bloque opositor, a las instancias correspondientes una propuesta para una refundación que implique una nueva constitución?

Sí, esta discusión todavía la estamos teniendo en el partido. Tenemos, todavía, que pasar por un proceso de consensos internos. Sin embargo, lo que yo sí puedo decir es que sí recojo una, digamos, directriz hacia ese lado, por lo menos en el partido. Y, por otro lado, yo creo que también hay otras bancadas y otros partidos políticos y sectores, digamos, populares, que sí se han encaminado hacia esto. Realmente no hay el momento adecuado ni las formas aterrizadas para encaminar un país hacia un proceso de este tipo. Tampoco nos atribuimos la conducción absoluta de un proceso así. De hecho es más bien tratar de dar cierta canalización a estas demandas y dar cierta orientación, que creo que es el rol que nos toca a los partidos políticos jugar en la sociedad. Porque si no yo sí veo que por la experiencia o lo antecedentes autoritarios que tiene el presidente Giammattei. Si sigue reprimiendo, la forma de canalizar esto se va a volver de una forma violenta. Y la escalada puede ser muy fuerte y muy peligrosa. 

Es decir que desde su lectura, ¿esperan que sea el mismo pueblo que demande este proceso de transformación?

Nosotros vamos a intentar. Si lo gramos los consensos internos dentro del partido, que yo percibo que sí los hay, vamos a buscar las formas de poder presentarlo, eventualmente y no simplemente una cuestión discursiva. Aunque también es importante darle cierta orientación a la movilización, por lo menos de la cual nosotros formamos parte. Pero, por otro lado, si no se hace eso, yo creo que de todas formas va a haber mucha presión hacia eso, de parte en general de la población, no necesaria y exclusivamente de los partidos políticos.