Amnistía Internacional: el Estado salvadoreño ha cometido “torturas sistemáticas” en las cárceles del régimen

El Gobierno de El Salvador ha empleado un sistema de tortura y malos tratos hacia todas las personas personas privadas de libertad en las cárceles del país desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, concluye Amnistía Internacional en un estudio publicado el 5 de diciembre de 2023.

“En 21 meses, el Estado salvadoreño ha adoptado una política de tortura sistemática hacia todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción con la sospecha de ser miembros de pandillas”, estableció la organización que observa e investiga violaciones a derechos humanos en todo el mundo.

El informe Detrás del velo de la popularidad: Represión y regresión en derechos humanos en El Salvador se basó en 83 testimonios y  62 casos de violaciones a derechos recabados por la organización, que también tuvo acceso a bases de datos de organismos y movimientos en defensa de los derechos humanos en el país.

Según Amnistía, todos los testimonios de personas prisioneras entre marzo de 2022 y octubre de 2023, que fueron entrevistadas por la organización afirman que las torturas y tratos crueles, inhumanos  y degradantes son “prácticas habituales y no son casos aislados” en las cárceles.

El estudio reseña que estas torturas y malos tratos a la población reclusa ha traído consigo graves consecuencias como las muertes bajo custodia del Estado -cifradas en 190- algunas con signos de violencia o como resultado de las condiciones inhumanas o la falta de atención en salud oportuna en las prisiones.

Amnistía documentó por su cuenta 12 casos de muertes bajo custodia del Estado en ese contexto. En tres de ellos las familias de las víctimas mostraron documentos oficiales del Instituto de Medicina Legal y hospitales en los que se consignó como causa de muerte la “asfixia mecánica”, “traumatismos múltiples no identificados” y “vapuleado”.

“Una madrugada, a mediados de septiembre, recibí una llamada telefónica de una persona que me dijo que había compartido celda con mi hermano. Me aconsejó acudir al Instituto de Medicina Legal, porque creía que mi pariente había fallecido a causa de los golpes que los custodios le habían propinado al ingresar al centro penal. Me dijo: ‘Después de que nos golpearon, su pariente vomitaba sangre por la boca y por la nariz. Creo que murió, porque a los días se lo llevaron para el hospital y ya nunca lo regresaron’ ” dijo a Amnistía el familiar de una persona fallecida bajo custodia estatal en 2022.

La organización internacional también documentó casos de fallecidos por falta de acceso a medicamentos y atención médica para enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros padecimientos.

“Si uno quería preguntar, no había nadie que le diera razón de cómo estaba su situación de salud. Entonces, yo no sabía que mi hijo se había agravado y que, además, me lo habían golpeado… Cuando lo miré [en el hospital] yo no podía creerlo… ¿Cómo lo fui a hallar así [en esas condiciones]? Lo tenían esposado, golpeado y él enfermo. Yo digo que en ese lugar me lo acabaron de matar. El policía a saber si me lo torturó y él, enfermo, ya no aguantó”, declaró la madre de 81 años de una persona fallecida bajo custodia estatal a los investigadores de Amnistía.

El informe recoge también que el centro penal de Izalco del departamento de Sonsonate,  reporta cerca el 38.9% de las 190 muertes de privados de libertad detenidos durante el régimen de excepción, seguido por Mariona con 21% y Apanteos con el 8.6%.

«Las personas (detenidas y encarceladas) relataron haber sufrido o haber presenciado golpizas por parte de custodios y policías con la intención de obtener una confesión, de castigar o a veces simplemente como señaló una de las personas entrevistadas: porque podían y querían», declaró en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de la organización internacional.

El Estado ha ignorado estos reportes. En junio de 2023, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista televisiva que se habían archivado 142 casos de muertes bajo custodia del Estado “porque no constituían delitos de acuerdo a las investigaciones”.

Un mes más tarde, Delgado rechazó que en El Salvador exista la tortura porque la institución que dirige no ha recibido denuncias relacionadas.

Según reseñó la organización, bajo el derecho internacional de DDHH, “la prohibición absoluta de tortura y malos tratos unca puede ser suspendida ni siquiera en una situación excepcional”.

La violencia del Estado sustituyó a la de las pandillas

Las 73,800 capturas durante el régimen de excepción habrían sido motivadas por razones discriminatorias, como el hecho de tener tatuajes, ser pariente de una persona perteneciente a una pandilla, contar con antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente vivir en una zona con altos niveles de marginación y abandono estatal, según denuncias recibidas por organizaciones locales y los casos documentados por Amnistía Internacional.

El informe reporta que en la mayoría de casos atendidos por organizaciones salvadoreñas se identificó que las personas detenidas compartían tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.

Por ejemplo, seis de cada 10 detenidos son empleados informales; es decir, que no tienen un salario fijo y no cuentan con protección social. También el 54.2% de los detenidos tienen nivel educativo bajo entre primer ciclo y tercer ciclo, y viven en municipios estigmatizados como Soyapango, Mejicanos, Apopa, San Martín, Panchimalco e Ilopango, lo cuales son parte de los diez territorios con mayores denuncias de capturas arbitrarias.

“Estos hallazgos evidencian cómo esta medida está afectando de manera desproporcionada a personas en situaciones de exclusión y precariedad económica”, dice el estudio.

Según Amnistía Internacional, estos patrones coinciden con las denuncias de organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales que alertan “una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo individuos de comunidades marginalizadas, ya vulneradas por la delincuencia y la pobreza extrema históricamente”.

«Está la sustitución de violencia pandilleril por la violencia estatal, o la coexistencia de ambas afectando a las mismas comunidades más empobrecidas y vulnerables», dijo Piquer.

Finalmente, el informe señala críticamente el discurso público del presidente -y candidato a una reelección ilegal, Nayib Bukele, replicado por sus funcionarios  que presenta “falsos dilemas” como el hecho que la población salvadoreña tiene que sufrir la restricción de unos derechos para gozar de otros.

«Nos quieren obligar a elegir entre unos derechos y otros, a elegir entre desmantelar instituciones y mecanismos de control del poder estatal para poder supuestamente atender más eficientemente las demandas de la población, o elegir en concentrar el poder para dar gobernabilidad. Nadie debería elegir entre estas cosas, porque no son contradictorias», añadió la directora regional de la organización.