Analista de Fusades: ley de responsabilidad fiscal no se cumpliría en 2021

El analista José Andrés Oliva, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), advirtió este domingo en FOCOS que no se cumplirían las metas de la ley de responsabilidad fiscal para 2021 porque los esfuerzos del nuevo Gobierno no avanzan a la velocidad necesaria para lograrlo.

La Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social establece un periodo de consolidación que inicia en 2017 y concluye en 2021. Durante ese tiempo deben aplicarse medidas en ingresos y gastos para lograr un ajuste fiscal equivalente al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB, la suma de los bienes y servicios que produce el país dentro de su territorio).

Oliva explicó que ese ajuste fiscal significa lograr un balance primario de 3 % del PIB en 2021. El balance primario es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos, pero sin incluir el pago de los intereses de la deuda.

En 2016, el balance primario fue de -0.2 % del PIB. Esta cifra fue negativa en ese año porque los gastos, aun sin incluir los intereses de la deuda, superaron a los ingresos. En 2018, ese mismo indicador llegó a 0.9 %, lo que generó una corrección de 1.1 %. 

Para lograr la meta del 3 %, a esa corrección de 1.1 % se deben añadir 1.9 % del PIB adicionales y solo faltan dos años para que concluya el periodo de consolidación. No obstante, los esfuerzos fiscales que el Gobierno de Nayib Bukele se ha planteado son más lentos que los necesarios para cumplir la LRF, afirmó Oliva.

UN AJUSTE MÁS LENTO

En un informe de Fusades sobre la Política Fiscal 2019 – 2024, un documento difundido por el nuevo Gobierno, Oliva estima que para cumplir el ajuste del 3 %, en 2021 se necesita un déficit fiscal (la diferencia negativa entre ingresos y gastos del Estado) de 1.2 % del PIB y un balance primario de 2.8 % del PIB. 

La Política Fiscal 2019-2024, no obstante, se plantea alcanzar esas cifras hasta 2024 y con ello se desfasa el cumplimiento de la LRF. «Se proyecta un déficit de 1.9 % o 1.4 % del PIB hasta 2024, cuando era la meta que se tenía que alcanzar en 2021. Al posponer los años lo que se conseguiría es un efecto de que este ajuste fuera más gradual, en más años, y eso tiene consecuencias», advirtió Oliva.

José Andrés Oliva, del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, señaló que el déficit fiscal de 2020 es mayor incluso a las metas establecidas por el mismo Gobierno./ Salvador Hernández

El analista de Fusades señaló que 2021 es un año electoral, pues se celebran los comicios para elegir concejos municipales y diputados a la Asamblea Legislativa. Esta coyuntura hará más difícil que se apliquen las medidas necesarias para lograr el ajuste fiscal.

Oliva señaló que incluso las proyecciones fiscales del presupuesto de 2020 no están acorde a las metas que se impuso la misma administración Bukele. El Gobierno contempló cerrar el próximo año con un déficit fiscal de 2.7 % del PIB, pero el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó el 30 de septiembre, cuando entregó el proyecto a la Asamblea, que este indicador alcanzaría el 3.1 % del PIB en 2020.

DEUDA VERSUS GASTO SOCIAL

El analista de Fusades explicó que ajustar la dinámica del déficit fiscal es clave para contener el crecimiento de la deuda pública, porque los gastos que no se pueden financiar con los ingresos ordinarios se cubren con préstamos y bonos.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, hasta agosto de este año la deuda del Gobierno y sus empresas no financieras sumó $19,415 millones. Este monto incluye las obligaciones generadas por las pensiones. 

Solo en el pago de intereses, El Salvador ya gasta $950 millones, indicó Oliva. “El Estado se queda con menos recursos para atender las necesidades sociales, porque por cada dólar que le ingresa, una parte más grande la tiene que destinar a intereses», sentenció Oliva.

El analista de Fusades concluyó que los empresarios también evalúan la dinámica fiscal de los países donde colocarán sus capitales, por lo que la atracción de inversión en El Salvador  también pasa por controlar el déficit y la deuda. 

En el riesgo país, un indicador que se toma en cuenta para decidir si se invierte en un país, influye tanto la seguridad ciudadana como el nivel de deuda, dijo Oliva. Si solo se trabaja en el primero y se descuida el segundo, el riesgo país no bajará y no vendrá inversión. 

Añadió que un Estado logra impulsar el crecimiento económico si es más eficiente con sus ingresos, si cambia la composición del gasto público y eleva su eficiencia.

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