APES denuncia alza de agresiones a periodistas en 2020
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó 125 casos de agresiones a periodistas en 2020, frente a las 77 que reportaron en 2019. Según los datos de la asociación, los principales agresores han sido funcionarios del actual gobierno, encabezado por el mismo presidente de la República Nayib Bukele.
Entre los principales mecanismos de violencia contra periodistas o vulneración de su labor figuran los ataques digitales, como amenazas y bloqueos informativos.
Aunque el actual gobierno utiliza las redes sociales para comunicados oficiales desde sus cuentas personales, Susana Peñate, miembro de la junta directiva de la APES, dijo que el gabinete del presidente Bukele tienen la costumbre de bloquear a quienes hacen preguntas incómodas a través de ellas, una acción que afirmó, “nos parece algo ilógico a su función, si son ellos los que tendrían que comunicar.”
“El que nada debe, nada teme. Lo que estamos viendo es un gobierno que se niega a ser transparente”, afirmó Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ante las acciones del gobierno salvadoreño.
Para Angélica Cárcamo, “un gobierno que se niega a difundir información relevante y oportuna para la ciudadanía es un gobierno que quiere instaurar una narrativa única: la de ellos”.
Los agresores registrados por la APES son: funcionarios públicos con 34 denuncias, la Policía Nacional Civil con 16, otros medios de comunicación con 12, instituciones públicas con 11, entre otros.
De las denuncias contabilizadas por la asociación, 4 de cada 10 bloqueos en redes sociales han sido de parte del presidente Nayib Bukele, seguida de la cuenta de Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Entre las víctimas se encuentran 59 hombres, 26 mujeres, 31 colectivos, 15 medios de comunicación y un miembro de la población LGBTI. Angélica Cárcamo dice que, para 2019, la mayoría de vulneraciones se centraron en la cobertura electoral, sin embargo, para el 2020 la tendencia se mantuvo para todo el año “y eso ha sido tan preocupante que ha llamado la atención de la comunidad internacional”, aseguró Cárcamo.
Los vicios del gobierno
La representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Sonia Rubio Padilla, clasificó como “sombrío”, el panorama que vive la libertad de expresión del país en la audiencia del 3 de diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
José Luis Sanz, periodista de El Faro, afirmó ante la relatoría de la CIDH que, en octubre del 2020, una camioneta, con cuatro personas, interceptó a un columnista y colaborador de este medio.. Sanz dijo que varias fuentes les aseguraron que el ataque fue un intento de intimidación contra Carlos y Óscar Martínez, ambos periodistas de investigación involucrados en un reportaje sobre negociaciones del Ejecutivo con las pandillas dentro de centros penitenciarios.
Angélica Cárcamo explicó que el patrón visible del gobierno es “estigmatizar a cualquier periodista que les sea incómodo, hacerlo ver como un enemigo”. Una práctica que confirmó Karen Fernández, periodista de Focos, quien comentó que en su ejercicio periodístico ha recibido múltiples ataques en redes sociales.
Los funcionarios, desde sus cuentas personales, y el presidente Bukele han minimizado el papel de los periodistas con comentarios despectivos o validando expresiones de odio con su complicidad, dijo Fernández.
Cárcamo recordó que “la prensa no es enemiga de ninguna entidad, de ningún funcionario, o de ninguna institución” y que el papel de los medios de comunicación en la sociedad es el fiscalizar al poder, por lo que no pueden ser atacados por su función.
