Asamblea denuncia penalmente al ministro de Hacienda por no trasladar fondos
La Asamblea Legislativa denunció este 1 de octubre al ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes luego que este no trasladara al Congreso $ 4.6 millones de su presupuesto institucional, que incluía el pago de salarios.
Junto al ministro Zelaya, la Asamblea Legislativa también denunció a los directores generales de Presupuesto, Carlos Gustavo Salazar, y de Tesorería del Ministerio de Hacienda (MH), Juan Neftalí Murillo Ruiz.
En la denuncia recibida a la 4:16 de la tarde de este jueves, el abogado Juan Contreras, en representación del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, expone que los tres funcionarios incumplieron con “el deber legal de realizar la transferencia de fondos al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa”, violentando el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria (PEP), la Ley Orgánica de Administración Financiera de Estado (Ley AFI) y “la violación sistemática de derechos constitucionales de miles de empleados legislativos”.
Según el documento de la denuncia a la que FOCOS tuvo acceso, en diferentes momentos, entre el 14 y el 29 de septiembre, la tesorería del Legislativo hizo cinco solicitudes de asignación de cuotas y envió correos electrónicos en el que recordaban a Hacienda la necesidad de los desembolsos para honrar los pagos y obligaciones.
Al 30 de septiembre de este año, según una constancia de la Tesorería Institucional de la Asamblea, este órgano no recibió de la Dirección General de Tesorería de Hacienda los recursos solicitados para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea por un total de $ 3,766,52.81 de dólares, que incluye el pago de prestaciones y retenciones por ley, incluyendo $ 338,841.68 de impuestos sobre la renta, y otras deducciones que se hacen por embargos o pagos de préstamos de empleados.
Hacienda tampoco dio el dinero para el pago de proveedores: incluyendo fondos destinados al pago de impuestos municipales, servicios como los de agua potable, renta de locales y energía eléctrica; e incluso el pago de $34, 123.08 dólares a agentes de la policía asignados a la Asamblea, entre otros, que por todo ascienden a $816,450.45 dólares.
“Hablamos de una violación a derechos humanos que estamos sufriendo los casi dos mil empleados de la Asamblea por haber quedado en el fuego cruzado de la pelea entre el presidente y los diputados”, dijo Luis Ortega, secretario general del Sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral). “Somos empleados públicos y al final es el Estado nuestro jefe, aunque en la práctica son los diputados porque trabajamos en la Asamblea, pero nosotros no somos los culpables de sus decisiones políticas”, se quejó Ortega.
El Sitral interpuso el 30 de septiembre un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por vulneración de sus derechos consagrados en el artículo 9 de la Constitución tras no recibir sus remuneraciones. Además, los sindicalistas aseguraron que pondrían este viernes una denuncia contra el ministro Zelaya ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). “Con no pagarnos están violando derechos humanos de nosotros y de nuestras familias. Hablamos de casi ocho mil personas, si no es que más”, dijo Ortega.
Zelaya intentó negociar las transferencias a la Asamblea priorizando en el pago de empleados, a quienes les aseguró que en ningún momento estaban tomando como “moneda de cambio” sus salarios.
El 30 de septiembre, Zelaya envió al presidente Ponce una carta en el que le solicitaba las planillas de todo el personal administrativo y operativo, de los asesores y de los diputados solicitándole autorización para realizar las transferencias en ese orden de prioridades “en la medida que contemos con los fondos suficientes de acuerdo a la recaudación tributaria que se obtenga en esta Cartera de Estado”. Pero no mencionó una línea sobre el pago a proveedores.
Algo que fue tomado por los diputados de Arena y el FMLN como un chantaje e incluso como una continuación de un “golpe” a la institucionalidad del país.
Según hizo público el mismo ministro, Ponce no respondió a su carta. Y Zelaya, en su cuenta de twitter, se quejó de que le habían interpuesto un aviso en la Fiscalía, acusando a la directiva de no querer priorizar el salario de sus empleados.
Pero en la denuncia contra Zelaya, la Asamblea le recuerda a la Fiscalía que el Órgano Legislativo es autónomo en la elaboración de su presupuesto y que solo es enviado al Ejecutivo para garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado, el presupuesto se incorpora al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública, siendo fondos de la Asamblea, quien puede disponer de ellos siguiendo los procedimientos del PEP y el Ejecutivo solo está en la posibilidad de entregarlos.
“Todo lo anterior, se considera de mucha trascendencia, como ya se dijo, respecto de posibles responsabilidades tanto administrativas, patrimoniales y penales, por lo que se solicita a la FGR, que proceda conforme a derecho, y pueda deducir responsabilidades sobre la situación acaecida, con base en las acotaciones constitucionales y legales”, se lee en el documento.
(Con reportes de Karen Fernández y Andrés Dimas.)
