La comisión de Bukele decide “a puertas cerradas” quién sale de las cárceles del régimen

Durante más de cuatro años, el Gobierno de Nayib Bukele ha sostenido que el régimen de excepción solo encarcela a pandilleros y a quienes los ayudan. El 13 de octubre de 2026 dijo algo distinto: que su administración evalúa liberar de forma anticipada y condicional a “casi la mitad” de los detenidos que se vieron obligados a colaborar con las pandillas. 

Tres días después, acotó el plan a una categoría específica de presos: cerca de 10,000 personas podrían ser liberadas antes de terminar sus condenas.

«Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país, tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, aseguró Bukele en una conferencia de prensa.

La idea de una comisión que revise los casos no es nueva. Fue una de las recomendaciones centrales del informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos sobre el Estado de Excepción (GIPES), publicado en marzo de 2026.

Santiago Cantón, integrante del GIPES, exsecretario ejecutivo de la CIDH y secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), explicó a FOCOS que el anuncio de Bukele equivale a una admisión de lo que el informe reveló en una audiencia pública ante la CIDH el 10 de marzo: que existen capturas arbitrarias masivas, y que hay motivos suficientes para considerar que estas constituyen crímenes de lesa humanidad. 

«No puede haber ningún reconocimiento mejor que el que está haciendo directamente el presidente», dijo.

Pero advierte que reconocerlo no basta. El gobierno de Bukele, dijo, no ha respondido quién decide cada caso, con qué criterios y con qué base legal actuará para liberar a miles de personas. 

Al momento de la publicación del GIPES, Bukele rechazó el informe de inmediato. Dijo en X que periodistas, activistas y oenegés buscaban “liberar a todos los pandilleros detenidos”, y que una detención arbitraria implicaría liberación inmediata.

Cantón negó entonces esa lectura, en una entrevista con FOCOS. Aseguró que el grupo nunca pidió liberar a todos los presos y que el Gobierno no había rechazado la posibilidad de crímenes de lesa humanidad, sino que descalificaba el informe por otros motivos.

Siete meses después, el presidente propone liberar a una parte de los detenidos, con la salvedad de que, a su juicio, son culpables. Cantón recordó que las más altas autoridades del país criticaron al grupo, incluso a los integrantes, pero «en ningún momento plantearon que los crímenes de lesa humanidad no estaban pasando». Para él, la conferencia del 13 de octubre es «una prueba acabada de eso».

Un anuncio imprevisto

El anuncio no estaba en el guión esa noche. Bukele hablaba en Casa Presidencial el 13 de octubre, en una conferencia convocada para presentar una inversión extranjera, cuando respondió a una periodista cuya pregunta no figuraba en la lista de prensa, algo que no hacía desde hacía meses. Le preguntó por la comisión que su hermano, Ibrajim Bukele, había mencionado en abril. El presidente negó que su hermano tuviera «ningún rol en ninguna comisión» y habló de un plan propio.

Dijo que los liberados quedarían bajo monitoreo y con condiciones que no detalló. Y aseguró algo que el Gobierno no había admitido antes: que miles de personas colaboraron con las pandillas para sobrevivir en los territorios que ellas controlaban. 

«No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad», afirmó. Según él, si se arrestara a todos los que alguna vez colaboraron con las pandillas, habría que detener al 20 % de la población.

Tres días después, durante una conferencia conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, Bukele precisó el alcance. Lo hizo para aclarar que el plan no incluye a pandilleros.

«Yo lo que dije fue que vamos a revisar el 50 % aproximadamente, puede ser 45 %, puede ser 55 %, de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de las pandillas, no de los pandilleros”, afirmó.

El presidente explicó que dividieron a la población carcelaria según su peligrosidad y su pertenencia a pandillas, y distinguió categorías. Diferenció entre los homeboys (miembros plenos de la pandilla), colaboradores habituales como “paros” y “postes”, y personas que fueron forzadas a colaborar con las pandillas. 

El efecto práctico es una reducción del número de personas liberadas. Cuando Bukele habló de “casi la mitad” de los detenidos del régimen de excepción, que superan los 96,000 según datos oficiales, la liberación anticipada beneficiaría a más de 40,000 personas. Con la precisión del 16 de octubre, el universo de colaboradores se reduce a 10,626 personas, y el plan alcanzaría a cerca de la mitad de ellos, unas 5,300 personas, según el propio cálculo del presidente.

Sin embargo, estas cifras no pueden verificarse de forma independiente. Todos los expedientes del régimen están bajo reserva y esto hace imposible saber de qué se acusa a cada detenido. Además, las categorías que Bukele presentó no suman el total de 96,457. Falta explicar a unas 25,900 personas, entre ellas quienes el presidente describió como «no son, pero pertenecen a las estructuras».

«A puertas cerradas»

Para los expertos, la pregunta de fondo es quién fijó los criterios para liberar a miles de personas detenidas, y quién lo supervisará. «Habíamos recomendado una comisión con amplia apertura, transparencia y participación de la sociedad civil. Y aquí nos madrugamos un día con que están decidiendo a puertas cerradas quiénes se pueden quedar o quiénes pueden salir», dijo Cantón.

Para el experto, el esquema es un hijo de la arbitrariedad del propio sistema: «no existen normas, todo se hace en secreto, no se sabe quién toma las decisiones». Y la división entre presos que merecen salir y los que no le parece insostenible: «si nunca hubo un debido proceso, está todo mal. No se puede separar así».

Bukele tampoco aclaró cuál será el papel del Órgano Judicial ni la Fiscalía en esta comisión. Según Cantón, todo parece dirigirse desde Casa Presidencial, aunque la Constitución reserva a fiscales y jueces la facultad de investigar y determinar culpabilidad.

Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, llega a la misma conclusión: la comisión del presidente y la del GIPES son distintas. «Lo que mencionó el presidente es una labor del ejecutivo. Eso no da ninguna garantía de independencia», afirmó. 

Una comisión creíble, aseguró, debe ser pública, con expertos independientes y con víctimas, Fiscalía, el Órgano de Justicia y sociedad civil en la mesa. Y requiere cambios legales que el Ejecutivo no puede hacer por sí solo. Como referencia, menciona el Perú de Alberto Fujimori, donde las capturas masivas por terrorismo terminaron en una comisión de revisión que también necesitó ajustes legales.

Ábrego señala una palabra en la intervención: «culpables». Bukele la usa para hablar de quienes saldrían, y eso, dice, evita hablar de las miles de denuncias de inocentes capturados. Hasta ahora, solo el 10 % de los detenidos del régimen tiene condena.

Una libertad condicional, indicó, deja intacta la sentencia. «El problema es que no se revierte la condena o la supuesta culpabilidad de la persona, y queda como antecedente. No da una respuesta efectiva a quienes son inocentes», explicó. Quien fue procesado injustamente necesita que se anule su caso y que se le repare «por los años que estuvo detenido». Lo mismo vale, añadió, para las familias de quienes murieron en prisión.

Ábrego advierte, además, que el plan, se cumpla o no, no cierra la puerta a las víctimas: «Si no se da en ese contexto, la víctima siempre tiene los mecanismos para activar justicia internacional».

La ruta del GIPES

El informe propuso una comisión independiente que revise caso por caso la situación de más de 90,000 detenidos. «Están reconociendo que teníamos razón, pero no están cumpliendo con lo que dijimos que había que hacer, y es formar un panel independiente con ayuda internacional», dijo Cantón.

El experto propone que El Salvador pida a la Organización de Estados Americanos (OEA) o a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un programa de cooperación para determinar el estatus legal de los detenidos. 

Admitió que aunque es una tarea enorme, esta es “imprescindible”, y que la comisión debe ser percibida como independiente. Reconoció que esto último será también “muy difícil de lograr”. La comisión, aclara, no reemplazaría a los jueces ni ordenaría libertades por su cuenta: ordenaría información, fijaría criterios y llevaría los casos ante los tribunales. 

Su hoja de ruta tiene cinco pasos que pasan por crear una comisión independiente con apoyo internacional, un registro confiable de quiénes están presos, equipos especiales de defensores, garantizar audiencias individuales y priorizar. 

“El primer paso debería ser liberar a quienes ya tienen una orden de libertad que no se cumplió; después, niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores y enfermos graves”, indicó.

Para Cristosal, que el Estado ejecute o no el plan no impide que las víctimas activen los mecanismos de justicia por crímenes de lesa humanidad. “Si no se da en ese contexto, la víctima siempre tiene los mecanismos para activar justicia internacional”, dijo Ábrego.