Presidente Bukele ordena la suspensión de la comisionada Liduvina Escobar del IAIP

Desde su notificación, este viernes 23 de abril, Liduvina Escobar, comisionada del IAIP, fue separada de su cargo por orden del presidente Nayib Bukele mientras se estudia la petición de su remoción definitiva del cargo. Fotograma: Cortesía / INAI México.

El presidente Nayib Bukele ordenó el inicio del proceso de remoción de la comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, aduciendo el probable cometimiento de actos que afecten el funcionamiento del Instituto y el incumplimiento de sus funciones, dando validez a una solicitud interpuesta por la abogada Yeni Carolina Reyes Montenegro. Por ello separó de su cargo a la funcionaria a partir de este 23 de abril.

El 16 de abril pasado, Reyes Montenegro solicitó a la Presidencia de la República que iniciara el procedimiento de remoción de la Comisionada Escobar. Cinco días hábiles después, la Secretaría Jurídica de Presidencia ya había resuelto a favor de iniciar el proceso y este viernes 23 de abril, a las 9:30 a.m., fue notificada a Escobar a través de Gerente Jurídica del Instituto.

Claudia Liduvina Escobar Campos fue nombrada comisionada propietaria del Instituto el 23 de febrero de 2019, cargo al que llegó propuesta por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitps).

La orden de Bukele es apegada al artículo 56, literal b, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que dicta que los comisionados pueden ser removidos de sus cargos por el presidente de la República por cometer actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento del Instituto y por el incumplimiento de sus funciones. Pero Escobar asegura que los hechos de los que se le acusan no fundamentan su separación o posterior remoción permanente de su cargo.

Las causas de su remoción

Yeni Carolina Reyes Montenegro, que según registros públicos es abogado especialista en derecho familiar, es la misma persona que denuncio a la diputada efemelenista Cristina Cornejo ante el IAIP por haber revelado datos confidenciales del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el 9 de diciembre del año pasado; y también fue quien lideró la demanda de inconstitucionalidad contra la inscripción de Rodolfo Parker Soto como candidato a diputado por San Salvador con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 15 de febrero de este año.

Según la petición de remoción, Escobar en horas laborales el 11 de septiembre de 2020 presento un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas realizadas por el presidente Bukele al Reglamento de la LAIP. “Esto es risible, fue durante la pandemia y si bien fui en horas de la mañana, tenía permiso para faltar al Instituto”, dijo Escobar.

Pero según Reyes Montenegro, más allá de la hora en que fue presentado el recurso, el mismo estaba suscrito por Sonia Hernández Chacón, “representante de FUNDE-ALAC quien es conocida por ser una ciudadana que con asiduidad hace uso del LAIP a través de recursos de apelaciones que son conocidos por el Pleno” del Instituto.

“Este comportamiento de la funcionaria demuestra que ataca directamente una normativa que regula el estatuto de funcionamiento del IAIP y con ello busca truncar el ejercicio de las funciones de dicho Instituto conforme a la legalidad vigente y con esa actitud manifiesta una inconformidad con la estructura y el sistema de funcionamiento, que se ha emitido en el ejercicio de una facultad constitucional y legal previa del presidente de la Republica”, dice el escrito de Reyes Montenegro.

Para Escobar, el acompañar la demanda no demuestra un ataque al Instituto. “Existía un interés institucional de mi parte para acompañar la demanda; porque las reformas propuestas pretendían minar aún más el quehacer institucional; y por otra parte, Sonia Chacón participó en su carácter particular y no como parte de FUNDE. La demanda fue una propuesta de la “Red de mujeres por la transparencia”, integrada por mujeres de diferentes sectores sociales, como la Colectiva feminista y otras”, aseguró.

Pero para la denunciante, Escobar ha demostrado en diferentes momentos su “intención de obstaculizar las labores” del pleno de comisionados e hizo de conocimiento de la Presidencia que existe un aviso de denuncia penal contra ella por el presunto cometimiento del delito “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial”, comprendido en el Artículo 324 del Código Penal.

La “fuente” de la prensa

Según Reyes Montenegro, la funcionaria revelo información sobre una resolución que se encontraba todavía en deliberación por el pleno. El caso era por una apelación hecha al IAIP solicitando a la Corte Suprema de Justicia que diera información relacionada con la investigación de Probidad al patrimonio del presidente Bukele.

Para la demandante, Escobar se valió de su cargo para revelar información que oficialmente todavía no era pública y lo reveló a un “medio digital” la decisión de no hacer pública la información de Probidad de funcionarios, el 30 de octubre de 2020; posteriormente en una entrevista a La Prensa Gráfica, el 14 de diciembre de 2020, comunicó la decisión del pleno de no grabar sus sesiones.

“Desde antes que yo asumiera como comisionada el espíritu del IAIP era el de máxima publicidad, como dicta la ley y apertura a la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Esto cambió con los nombramientos del señor presidente, a quien nunca he denunciado. Mis denuncias públicas fueron contra los comisionados que no cumplen la LAIP”, dijo Escobar.

Pero para Reyes Montenegro, los motivos de la cercanía de Escobar a los medios de comunicación “difieren del principio de máxima publicidad y de la defensa del derecho de acceso a la información pública pues pareciera que obedecen a cuestiones políticas” y ve un “riesgo real” en que Escobar prevaleciéndose de la información a la que tiene acceso por su cargo pueda revelarla de forma ilegal a medios de comunicación y particulares, por lo que pidió como medida cautelar la suspensión inmediata de la comisionada, a lo que accedió la Presidencia.

“Para mí, los señalamientos que se están haciendo son infundados en relación a la causa que se me señala para que se diera mi suspensión y mi posible remoción”, afirmó Escobar.

La suerte echada

“Mi labor ha sido y será siempre por velar por la transparencia del país”, dijo Escobar, quien ve en este hecho una continuación a los ataques de descredito que ha sufrido en los últimos meses. “Desde que empecé denunciando y sosteniendo una posición distinta a los que quiere el Ejecutivo, empieza una estrategia de ataques internos en mi contra; que al final es un ataque a la institucionalidad”, afirmó.

¿Cree que el dotante de esta suspensión fue la entrevista que dio a Revista Factum y que se publicó ayer?

No, creo que el detonante fue una pequeña entrevista que di a La Prensa Gráfica, en febrero pasado, una entrevista que fue solicitada a todos los comisionados pero que solo yo accedí a dar. En ella dije que había pocas resoluciones y que el Instituto era ineficiente y con poca credibilidad…

¿Ahí fue cuando empezaron los ataques contra su persona que denunció el sábado pasado?

No, los ataques y bloqueos hacia mi persona empezaron antes. Pero aumentaron cuando puse un aviso por expresiones de violencia contra los magistrados Suárez y Gómez, en la Unidad de atención a violencia hacia las mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR) 15 días atrás. Representantes de la PGR visitaron el Instituto este miércoles… y el jueves sale la entrevista con Factum.

¿Pero habló del Ejecutivo?

Sí, al inicio pensé que la incomodidad era algo solo a lo interno del pleno, pero ahora me queda más claro que no es así. El Ejecutivo parece sentirse incómodo con lo que he dicho en estos meses sobre el retroceso en el acceso a la información pública en el país, mientras los tres comisionados elegidos por el presidente están plegados este órgano. yo no era una persona nombrada por él y a la luz de los hechos no me tienen confianza.

¿Cuándo cree que empezó esta incomodidad del Ejecutivo?

Cuando empecé a decir públicamente que para mí las adendas de los informes de Probidad de todos los funcionarios deberían ser públicas; así cómo toda la información que se ha reservado sobre manejo de fondos y planes por la crisis del Covid-19. Y cuando dije que los audios de las sesiones del pleno de comisionados también deberían ser públicos. Ya con esto me queda más claro que para el ejecutivo mi papel es incómoda… y a futuro podría ser una amenaza.

¿Una amenaza de qué? Porque también dice que “los tres comisionados elegidos por el presidente (Bukele) están plegados este órgano (el Ejecutivo)”, ¿si cualquier votación con esos tres votos se decanta a favor del Ejecutivo, porque sacarla a usted del IAIP?

Ellos tienen los votos, pero el problema es que yo hago bulla. Si alguien hace bulla, si les denuncia, viene la incomodidad de ellos. Es que mire, el IAIP ya está neutralizado. Pero, aun así, parece ser que lo importante es controlarlo absolutamente y no solo en el pleno.

¿No solo el control de los comisionados?

«El Instituto ha dado un giro de 180 grados, ahora es una institución opaca. Solo en los últimos meses entraron 12 denuncias contra funcionarios del Ejecutivo que reservaron información pública durante la pandemia de Covid-19 y hasta esta fecha el pleno guarda silencio, como que sí se quisiera retardar al máximo el acceso a la información”, remata Escobar, minutos antes de dar una conferencia de prensa en la plaza Beethoven.

¿Qué sigue? “Bueno, tengo 10 días para presentar mi defensa, pero esto ya parece ser un hecho, pero yo seguiré velando por la transparencia”, dijo Escobar.

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