“Cada vez más hay indicios de la existencia de acuerdos entre el gobierno de Bukele y las principales pandillas”

Jeannette Aguilar, Investigadora independiente en materia de seguridad

Para Jeannette Aguilar los últimos 10 años han sido de constantes negociaciones del gobierno de turno, o de políticos, con las principales pandillas del país, lo que demuestra el enorme poder que las maras tienen en El Salvador. FOCOS habló con ella para analizar el más reciente juicio contra el ex ministro de justicia y seguridad pública David Munguía Payés y dejó entrever la posibilidad de que en la actualidad el gobierno de Nayib Bukele tenga nuevos acuerdos con los pandilleros.

Usted ha estudiado mucho el tema de seguridad pública y el caso de “la tregua”. ¿Qué impacto real tuvo este proceso en las políticas públicas de seguridad entre 2012- 2013?

Una primera aclaración que suelo hacer más allá de su significado semántico, es que no se trató de una mera tregua entre pandillas, sino de un proceso de negociación entre funcionarios del gobiernos del gobierno de Mauricio Funes y líderes de las pandillas, que se montó sobre procesos previos de tregua que ya las pandillas habían iniciado desde 2011. En cuanto a los impactos, fueron muchos, no todo está documentado pero es importante decir que no se limitaban al pedido de la tregua, por lo que quisiera referirme sobre todo a estos que trascendieron en el tiempo.

En primer instancia, hubo una caída significativa en estadística de homicidios a nivel nacional, principalmente en los departamentos con mayores niveles de letalidad, en esos dos años en los que duró la tregua, los homicidios pasaron de un promedio de 13 homicidios a siete diarios, sin embargo es importante señalar que cambió la dinámica de otros delitos, por ejemplo se incrementaron otros delitos como la extorsión, los robos con violencia y las amenazas, también se produjo un mayor desplazamiento de las pandillas a las zonas rurales, lo que conlleva a un cambio en la geografía de la violencia y también en un aumento a la inseguridad en la zonas rurales, en la estadística de muertes violentas por ejemplo, fueron las zonas rurales las que se llevan en ese momento una mayor proporción de muertes en este caso externas, un patrón que era totalmente distinto al que se traía 20 años atrás.

En ese contexto, las pandillas recurrieron de forma más sistemática a la práctica de las desapariciones forzadas lo cual generó dudas sobre la veracidad de la reducción de las muertes. Ahora con las investigaciones y judicialización, sabemos que fue una modalidad para impedir que esa muerte pasara a demostrar la estadística oficial de los homicidios.

A nivel político, simbólicamente la negociación de las pandillas con el gobierno y el respaldo que obtuvieron en ese momento por parte de altas autoridades de la seguridad pública, los legitimó contra como poder fáctico y eso se tradujo a nivel criminal en un empoderamiento criminal de las pandillas en las comunidades. Es en este contexto que el desplazamiento forzado interno por violencia de pandillas, a partir de 2012 y 2013, empieza a cobrar notoriedad en el país.

«La pregunta que nos tenemos que hacer luego de casi 10 años de actos mafiosos entre políticos y pandillas es: ¿qué tanto estos pactos influyeron en los resultados de las elecciones de la última década, qué tanto estos pactos mafiosos alteraron significativamente la voluntad popular?»
Jeannette Aguilar, Investigadora en materia de seguridad.

A nivel político, en las negociaciones entre las pandillas y los políticos, las primeras descubrieron el poder y la capacidad que tenían para influir en el Estado y para utilizar su principal activo: la violencia, el ejercicio de la violencia letal, para incidir en los políticos y en el Estado. Las pandillas constataron su capacidad para incidir en las decisiones del Estado, una legitimación que provino del propio Estado. También descubrieron que el uso político ya no solo radica su mayor poder social, sino era su mayor capital político, en ese sentido, instrumentalizan a partir de 2012, no era más sistemático el uso de los homicidios para extorsionar o negociar con los gobiernos.

En este contexto no podemos dejar de señalar que se propició el uso de las pandillas y el uso de la violencia de forma más sistemática con una herramienta de competencia electoral que conlleva el riesgo de que a futuro ningún contendiente a una elección popular a nivel local o nacional pueda ganar un cargo de elección popular si no cuenta con un respaldo de las pandillas. Estos procesos para los que hemos ahondado un poquito en estas dinámicas caben en lo que algunos denominan: “proselitismo armado”, es decir el uso de actores armados para que la población vote por un determinado candidato o acepte la competencia.

La pregunta que nos tenemos que hacer luego de casi 10 años de actos mafiosos entre políticos y pandillas es: ¿qué tanto estos pactos influyeron en los resultados de las elecciones de la última década, qué tanto estos pactos mafiosos alteraron significativamente la voluntad popular? Este es un tema que trasciende del mero ámbito de la seguridad y que apunta al tema de la gobernanza política.

Dentro de todo lo que plantea, ¿este proceso de pacificación dejó algo positivo que destacar?

Quizás un aspecto positivo fueron algunas experiencias de pacificación, tal vez a nivel comunitario que se conocieron en algunas zonas del país. Puedo citar el caso de Las Palmas que fue también documentado por una investigadora noruega, pero que lastimosamente no fueron sostenibles precisamente porque no había una política pública que tuviera como prioridad la rehabilitación, la pacificación del país, no era ese el objetivo. Más allá de alguna experiencia es que como digo, funcionaron temporalmente, hubo procesos incluso de reconciliación entre la policía y las comunidades, entre las pandillas y las comunidades, lastimosamente la mayoría de efectos, algunos de los cuales persisten hasta hoy en día han sido adversos y negativos.

Si no hubiese existido la ley de prescripción de pandillas y maras, que se impuso antes de este proceso de pacificación, ¿se hubiese visto de una forma legal o de una manera más digerible para la sociedad, el hecho que hubiese este proceso de pacificación, o no?

La ley de proscripción al final quedó como una herramienta administrativa, que no se le dio facultades penales. Sin embargo, más allá de esa herramienta, estos procesos de criminalización, de estigmatización, estas campañas para configurar el enemigo único a las pandillas, como enemigo único del Estado y de la sociedad, ha sido quizás el mayor obstáculo en la medida en que hay una enorme resistencia de la sociedad al margen que ciertamente entre ciertos grupos y en aquel momento sobre todo los más altos liderazgos sí había una disposición para pacificar el país, pero lastimosamente no fue apropiadamente encausado por parte de las autoridades, sino instrumentalizado con fines políticos y fines mafiosos, por parte, en este caso, del general David Munguía Payés y del expresidente Mauricio Funes que lideraron esta política.

Ya llevamos siete años desde que terminó la tregua y a través de estos últimos años existen varios intentos de judicializar el tema. A finales julio, volvió a los tribunales el general Munguía Payés como uno de los autores intelectuales, ¿qué importancia tiene que vuelva a surgir el tema justamente hoy? ¿por qué lo considera que legalmente no hemos podido cerrar este capítulo?

Al margen de la temporalidad, siempre es importante que actores políticos, funcionarios utilizaron de forma abusiva su cargo, que cometieron ilícitos, que pervirtieron las normas del estado, que utilizaron su poder y sus prerrogativas para beneficiarse del estado, sean juzgados. En ese sentido, para mí sí es importante que, aunque hayan pasado siete años, esté finalmente avanzando el proceso penal contra el general Munguía Payés.

Lastimosamente estos procesos sólo habían afectado o investigado a niveles más bajos de responsabilidad, no se había llegado a uno de los niveles más altos en este caso el general Munguía y el expresidente Funes. El general no había sido juzgado porque contaba con la protección tanto de los gobiernos de Funes, como de Sánchez Cerén, sabemos que él fue el hombre fuerte de la seguridad y que capitaliza un fuerte poder dentro del Estado. Incluso más allá del ámbito de la seguridad, tenía acceso a información privilegiada, probablemente esto fue utilizado para negociar con el gobierno de Sánchez Cerén y así conservar la impunidad. Lo que este juicio nos indica es que los políticos con los que contaban ya no existen y al general Munguía Payés, en algún momento constituyó la seguridad de la administración Funes, ya no cuenta con la protección del gobierno.

Es importante para mí, sobre todo frente a los funcionarios corruptos y mafiosos que creen que su poder durará para siempre, es un mensaje que también debe ser examinado por el actual gobierno. No se había podido cerrar legalmente este episodio, a nivel judicial ahondar a nivel de evidencia e información desde el año 2013 precisamente porque había gozado de cobertura y de protección de altas esferas del estado. 

Acerca de los niveles de las tasas de homicidios, actualmente hay cifras muy similares, incluso un poco más bajas de los que hubo durante el periodo de la tregua, estadísticamente hablando y muchos relacionan eso a que existe una nueva tregua, ¿se puede hablar realmente de eso? ¿Hay suficientes elementos para decir que existe? ¿o es una coincidencia? 

Sí, hay cada vez más indicios de la existencia de acuerdos entre el gobierno de Bukele y las tres principales pandillas. Sin duda, la caída de homicidios, en un país como El Salvador, para los que tenemos años de trabajar en estos temas, es llamativa; sabemos que los efectos de una política pública no se producen de la noche a la mañana, en países como el nuestro u otros que padecen de una violencia endémica como México, Colombia, Italia, muestran que la reducción súbita de homicidios por un tiempo que además perdura a lo largo de un período, sólo es posible cuando miembros de mayor poder e influencia se involucran y creo que este es el caso de la actual reducción. Hay una serie de paralelismos entre la llamada tregua del 2012 y el momento actual, por ejemplo es llamativo que se hayan reducido significativamente las agresiones y ejecuciones extrajudiciales de la policía a las pandillas, después de un índice muy agudo, hemos visto una caída, un desplome abismal de este tipo de agresiones, esto solo puede darse en un contexto donde hay lineamientos superiores.

También sabemos que hubo apoyo de las pandillas hacia Bukele, que hubo acercamientos de algunos de las pandillas con algunos de los funcionarios de Bukele  cuando era alcalde de San Salvador, también sé de primera fuente que hubo apoyo de las tres pandillas hacia Bukele en el marco de las elecciones de 2019, también hay otros indicios más recientemente en el contexto de la pandemia, de cómo las pandillas y sus familiares han sido beneficiadas, no solo con los $300, sino también se sabe, sobre todo en comunidades del área metropolitana en cómo incidieron las pandillas en decidir quienes iban a ser los beneficiarios de estos recursos, también se tiene conocimiento más reciente de algunas comunidades de cómo las pandillas estuvieron distribuyendo los paquetes alimenticios y que ellos incluso decidieron a quién otorgarle este beneficio. Son indicios de la existencia de un acuerdo o de un pacto, precisamente para mantener una especie de gobernanza política a cambio de bajar los homicidios y otorgar prerrogativas que no conocemos precisamente por la manera tan opaca en que el gobierno está manejando este tema.