Capturas arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia en el primer mes del Régimen de Excepción

Los hallazgos preliminares se basan en 43 entrevistas con víctimas, familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de documentos.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal documentaron 40 casos de abusos por parte de fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, entre ellos graves violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia.

 Estos fueron los principales hallazgos:

Capturas sin explicaciones

En 20 de los casos las fuerzas de seguridad allanaron las casas de las víctimas sin presentar orden judicial. En 11 de estos, cuando las víctimas preguntaron por qué estaban siendo detenidas, los agentes dijeron que “cumplían órdenes de arriba”.

Criminalización por tatuajes

En algunos casos, los agentes inspeccionaron a los detenidos buscando tatuajes, como prueba de vinculación con pandillas. Entrevistados dijeron que sus familiares fueron detenidos «aunque no tenían tatuajes o que no hacían alusión a pandillas».

Golpizas y amenazas

En cinco casos, testigos indicaron que los agentes golpearon a las personas mientras eran detenidas. En otros cinco casos, indicaron que los policías amenazaron a los familiares con detenerlos si no “dejaban de hacer preguntas”.

Desapariciones forzadas de corta duración

24 testigos estuvieron incomunicados por días o semanas sin conocer el paradero de sus seres queridos, indica el reporte.  En 19 de estos casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran sus seres queridos. 

Según HRW, cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo su custodia, independientemente del tiempo que pase, se puede considerar una desaparición forzada, la cual está prohibida por el derecho internacional. 

“Cuando esto ocurre la persona desaparecida queda totalmente indefensa y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son inhumanos y abusivos”, señalan las organizaciones.

Muertes bajo custodia

Las organizaciones documentaron dos casos de personas detenidas que murieron bajo custodia.  Una de estas muertes es la del músico Elvis Sánchez Rivera, de 21 años, quien falleció 16 días después de ser capturado el 3 de abril, cuando se dirigía a jugar fútbol con un amigo. Los familiares del joven desconocían su paradero hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había muerto. 

La familia denunció que el cuerpo presentaba marcas de golpes en la espalda y tórax, pero las autoridades se negaron a realizar una autopsia del cadáver. La causa del fallecimiento se registró como “hipertensión” y “muerte súbita”.

A solicitud de las organizaciones, Rusudan Beriashvili y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, analizaron las fotografías y señalaron que “parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”. 

Los forenses además señalaron que la muerte de Sánchez Rivera era “sospechosa” y calificaron como “preocupante” la supuesta falta de una autopsia por parte de las autoridades, pues contraría estándares internacionales y prácticas médicas ampliamente aceptadas. 

Estos hallazgos preliminares se basan en 43 entrevistas con víctimas, familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios. 

Las organizaciones dijeron que, al 26 de abril, estaban analizando más de 200 denuncias adicionales, incluyendo más de 160 detenciones arbitrarias identificadas por Cristosal.

El 24 de abril, la Asamblea Legislativa prorrogó el Estado de Excepción por 30 días. Durante este nuevo régimen se mantienen suspendidos los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de reunión, así como varias garantías al debido proceso.

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