Chalchuapa desde la pedagogía de la crueldad
Por Keyla Cáceres
El Salvador es un país que se caracteriza por perpetuar la impunidad de los delitos que se cometen contra las mujeres y las niñas.
No es nada nuevo, los casos se remontan mucho tiempo atrás, como el de Katya Miranda, que se ha convertido en el rostro de la normalización de la violencia sexual y feminicida contra las niñas, o el de Elda Ramos, asesinada por Ricardo Augusto Cruz Martínez en 2009. El feminicida le quitó la vida frente a su hijo. La familia de Elda nunca accedió a la justicia, su muerte sigue impune. Más reciente, el feminicidio de Fernanda Nájera en el 2019, que no solo fue asesinada por el padre de su hijo, si no que el feminicida atentó contra la vida del menor de tan solo un año y siete meses. Después de dos años del feminicidio, el caso sigue sin judicializarse.
Hago este recuento para introducir lo que Rita Segato denomina como “pedagogía de la crueldad”. Porque nuestro país está enfermo de la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad, según Rita Segato, es aquello que nos enseña a reducir el umbral de empatía, aquello a lo que se ha sido expuesto tantas veces que se vuelve una costumbre en nuestra vida. Este país se acostumbró a la violencia contra las mujeres y niñas a tal punto que cuando nos encontramos un cementerio clandestino con más de 40 cuerpos, en su mayoría de mujeres, y con clara evidencia de feminicidios, las autoridades hacen del feminicida, Hugo Osorio, un testigo criteriado.
Somos una sociedad con la costumbre de la crueldad que hemos enterrado a las víctimas de Chalchuapa en el silencio y las perfilamos al olvido.
Chalchuapa nos vino a mover las entrañas a las que acompañamos en algunos momentos a las madres víctimas de feminicidio, a las que se nos ha perdido una sobrina, hermana, amiga o alguna mujer que conocemos. Eso debería ser motivo suficiente para movilizarnos buscando justicia para todas las víctimas. Sin embargo, lo único que tenemos es silencio, porque en El Salvador no es suficiente que 547 mujeres hayan desaparecido en el 2020 y que en los primeros meses del 2021 hayan desaparecido otras 96 para movilizarnos y exigir la búsqueda de estas víctimas que no han regresado a sus hogares.
Estamos tan acostumbradas a la crueldad sobre las mujeres que, en el 2020 se registraron 11,277 hechos de violencia contra la niñez y la adolescencia; de estos casos, 2,562 son niñas de 0 a 11 años. En 2020 se registraron 130 feminicidios, el 67% en cuarentena obligatoria. Mientras las autoridades nos arrestaban si nos encontraban en la calle, los cuerpos de esas mujeres eran encontrados en sus casas, en el lugar donde supuestamente estaban “resguardadas” con las personas que les juraron amor. Y esas cifras sólo dan lectura de los casos denunciados. ¿Qué hay de las desaparecidas que no han sido reportadas?
Aquí nadie nos protege, a nadie le importamos. Eso se evidenció cuando la bancada cyan de la Asamblea Legislativa eligió a Rodolfo Delgado como fiscal general. Este agresor ha sido denunciado por violencia intrafamiliar, según lo reportó un medio digital. No hay garantía de justicia si el gobierno liderado por Nayib Bukele nos sigue repitiendo que estamos más seguras, pero de enero a marzo del 2021 se ha registrado un aumento del 60% de casos de feminicidios respecto al 2020, con un total de 47 muertes.
Chalchuapa ha evidenciado que el Estado salvadoreño no está diseñado para responder al clamor de pronta justicia de las madres y familiares que buscan a sus mujeres y niñas. Las autoridades decidieron esconder la información con la reserva total del caso para no exponer a los implicados. Hugo Osorio fue miembro de la Policía Nacional Civil (PNC), apartado de su cargo por violencia sexual contra una menor y en 2011 fue acusado de privación de libertad de una menor de edad. Osorio es el rostro de las instituciones encargadas de garantizar una pronta justicia a las mujeres y las niñas. Son estas las instituciones que dejan en libertad a los agresores del 53% de la población salvadoreña.
Los crímenes contra las mujeres y las niñas no son plenamente públicos, por eso las autoridades resguardan el proceso. Lo hacen, no para buscar una sentencia firme contra el feminicida, sino para evitar que se conozca el pacto que existe entre las autoridades y los agresores para seguir perpetuando la impunidad.
Las mujeres no somos sujetas con plenos derechos en esta nación, menos aún, cuando el director de la PNC, Mauricio Arriza Chicas no se pronuncia para condenar los actos cometidos por Hugo Osorio, sino más bien, para culpar a las familias por los hechos de violencia que se generan por parte de agresores que hacen uso de las redes sociales para buscar víctimas.
Chalchuapa nos deja demasiadas interrogantes, pero dos respuestas: El Salvador es un Estado feminicida que le entrega beneficios judiciales y protección como testigo criteriado a un agresor de mujeres y niñas de larga data. Y es también un Estado que hace un show político de los cuerpos de las mujeres y niñas, pero no entrega justicia ni mucho menos la prevención efectiva contra los crímenes de género.
Las únicas que nos vamos a cuidar y proteger somos nosotras mismas, nuestras familias y nuestras amigas.
Keyla Cáceres
Es egresada de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Posee estudios en Derechos Humanos, prevención de la violencia contra las mujeres y comunicación política. Es una activista feminista y defensora de derechos de las niñas, mujeres y las juventudes. Se especializa en incidencia parlamentaria y organización comunitaria de mujeres, jóvenes y adolescentes. Actualmente es militante en la colectiva de mujeres jóvenes artistas y feminista Amorales.
