CICIES deberá aprobarse en la Asamblea Legislativa


La Carta de Intención suscrita con la OEA  establece un plazo de tres meses para la instalación formal de la comisión anticorrupción en el país.

Por Andrés Dimas y Claudia Palacios

El documento firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Organización de Estados Americanos (OEA) contempla la suscripción de un convenio para crear una comisión contra la corrupción dentro de los próximos tres meses, el cual deberá cumplir “con los procedimientos legales internos” del país para poder operar, según la Carta de Intención suscrita el 6 de septiembre y publicada este lunes en la página web de la OEA.

De acuerdo con el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, estos procedimientos legales internos hacen referencia a la ratificación del convenio por parte de la Asamblea Legislativa, como lo establece la Constitución de la República en el artículo 131, inciso 7.

“En El Salvador no habrá una CICIES tal como se planteó en el Plan Cuscatlán hasta que no haya aquí un convenio formal firmado entre el Gobierno salvadoreño y la OEA y que este convenio sea ratificado por la Asamblea para que se convierta en ley de la República y de esa forma sea ejecutable en todos los órganos de El Salvador”, dijo el jurista a FOCOS.

Esta disposición contenida en la Carta de Intención suscrita entre la OEA y el Gobierno contradice las declaraciones del propio Bukele, quien aseguró que el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) puede hacerse sin el aval del congreso. 

“La CICIES no requiere aprobación de la Asamblea Legislativa, porque la CICIES se puede crear con un acuerdo ejecutivo. Lo que sí podemos hacer con la Asamblea Legislativa es fortalecer a la CICIES y se puede hacer dándole más atribuciones”, expresó el gobernante salvadoreño, minutos después de la firma del documento.

La carta firmada también indica que el convenio definitivo deberá detallar el mandato de la CICIES, objetivos, atribuciones y alcances, para los cuales se establecerá la Comisión dentro de la estructura de la Secretaría General de la OEA dotada de capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones en el país.

Para Arévalo, esta disposición reviste de independencia y autonomía a la comisión anticorrupción, y la habilita para firmar acuerdos de cooperación con otras entidades del país, en orden de cumplir sus atribuciones en la lucha contra la impunidad. El presidente del CEJ reiteró que este respaldo jurídico se obtiene únicamente con la aprobación de los diputados.

El documento firmado establece un trimestre como plazo para la instalación de la CICIES e indica que ambas partes avanzarán la cooperación con acciones de prevención del delito y apoyo a algunas investigaciones vinculadas al Ejecutivo, sin embargo, advierte que las actividades de investigación se profundizarán hasta que el convenio final sea aprobado de acuerdo a las leyes salvadoreñas.

Como parte de estos avances, la carta suscrita indica que la Comisión podrá suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la República (FGR), el Órgano Judicial y con la Policía Nacional Civil (PNC) a través de una Unidad Especializada Anticorrupción. 

Al respecto, el fiscal general Raúl Melara dijo a periodistas que la FGR es la única entidad con la facultad investigar y perseguir delitos en el país. Melara aseguró que desconoce el contenido de la carta de intención para implementar la CICIES.

El presidente del CEJ se pronunció en el mismo sentido que el jefe del ministerio público y explicó que la CICIES no podrá presentar de forma directa un caso a juicio, si no que tendrá que hacerlo a través de la FGR, es decir, a través de la institucionalidad que ya está en El Salvador.

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