Cicíes propone al Ejecutivo reformas legales para mejorar su mandato
La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció en un comunicado de prensa que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) propuso al Ejecutivo una serie de reforma a ocho leyes y códigos para mejorar su mandato para poder “prevenir la corrupción, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas de funcionarios; así como nuevas tipologías para la persecución de delitos contra el patrimonio del Estado” y una serie de recomendaciones adicionales.
Según el comunicado, el paquete de propuestas legales fue entregado a la Canciller de la República, Alexandra Hill, y al Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, durante una reunión con el Comisionado de Cicíes, el abogado guatemalteco Ronalth Ochaeta. La OEA adelantó en su comunicado que la Comisión propuso reformas a las leyes de Enriquecimiento Ilícito y contra el lavado de dinero; y los Códigos Penal y Procesal Penal.
Además la Cícies habría propuesto “la reforma o derogación” de las leyes de Ética Gubernamental (LEG), Especial de extinción de dominio y del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), estas dos últimas cuestionadas por actores de sociedad civil durante la pandemia de Covid-19 por prestarse a la opacidad del gasto público durante la crisis sanitaria.
Más allá del comunicado de prensa, la Cicíes no hizo público el paquete de reformas legales que presentó al Ejecutivo. Tampoco lo hizo al consorcio de organizaciones de sociedad civil, que fueron quienes brindaron algunos de los insumos que analizó la Comisión para las reformas propuestas. El resto de los insumos salieron de entidades intergubernamentales.
Además de promover la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y que la Cicíes pueda participar de forma activa en el proceso penal como querellante, dos solicitudes expuestas en el anteproyecto de una Ley Especial para la Facilitación del Mandato de la Comisión promovida por diferentes organizaciones de sociedad civil en la Asamblea Legislativa. Ochaeta trasladó otras cuatro recomendaciones al Ejecutivo.
La principal es el envío a la Asamblea Legislativa del Acuerdo Marco para su ratificación, algo que el presidente Nayib Bukele dijo desde el anuncio oficial de la Comisión, el 6 de septiembre de 2019, que no era necesario. Pero para personeros de organizaciones de sociedad civil era un paso necesario para que la Comisión tenga carácter vinculante y obliga a las instituciones del Estado más allá del Ejecutivo a colaborar en las investigaciones y requerimientos de la Comisión y “no se limite a un convenio de buena voluntad”, como dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal dos semanas atrás a Focos.
Además, la Cicíes recomendó fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones de control; hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado; así como la actualización de “leyes que regulen eficazmente la función pública”.
Un voto de confianza a medias
Focos consultó a miembros de diferentes organizaciones que participaron en la elaboración el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea, quienes tomaron el anuncio como una sorpresa y reaccionaron a él con cautela por desconocer el contenido real de las reformas propuestas pero con optimismo porque se retomaron algunas de las recomendaciones hechas por sus organizaciones.
“Sobre el comunicado hecho por la OEA, vemos como positivo el anuncio de reformas a leyes que están en la propuesta que hemos hecho, pero tenemos que esperar a leer las reformas para asegurarnos de que permitan la independencia de la Comisión”, reconoció José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ).
Tanto Marinero como Bullock ven con buenos ojos que se tome en cuenta la posibilidad de un diálogo y participación con la sociedad civil. “Si, por lo que podemos leer entre líneas, este es un paquete de reformas legales que dan un giro al modelo anticorrupción, la sociedad civil tiene que participar en ella y aprovechar el impulso para promover otros cambios necesarios, como la aprobación de una nueva Ley del servicio público”, afirmó Marinero.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (ALAC), ven como una deuda pendiente de país las reformas legales al Código Penal y la LEG para perseguir penalmente y castigar delitos de corrupción y sancionar actos irregulares cometidos por funcionarios.
“A priori, sin conocer realmente las reformas, nos parece positivo si estas reformas van en la lógica de combatir realmente la impunidad y la corrupción. Además es positivo que se retome el esfuerzo que la sociedad civil ha hecho, como se reconoce en el comunicado”, comentó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Bullock recalcó como algo positivo “que la Cicíes coincide en la necesidad de una ley que garantice la estabilidad de su mandato y la necesidad de ampliar sus facultades como en la participación como querellante.”
Algo que Sandoval mira con cautela porque la Comisión no ha demostrado una independencia total del Ejecutivo. Sin lograr esta, Sandoval afirma que “sería un riesgo darle más poder a una Cicíes ya que puede convertirse en un arma de persecución política.”
“No puede omitirse mencionar, que la OEA ha jugado un pobre papel en el país en materia democrática -como el silencio ante los hechos del 9 de febrero de 2020- y que la Comisión además de responder al país que la contrato, responde a Almagro, un personaje que poco o nada ha hecho por la transparencia en el país. Con ese antecedente, debe analizarse muy bien todo lo que se relaciona con la Cicíes”, analizó Sandoval.
Marinero reconoció este temor de tener una Cicíes como arma política del Ejecutivo es compartido por algunos más, ya que “la OEA aparece muy cómoda al lado del gobierno para hacerse las fotos, mientras que no se han visto resultados reales de su trabajo.”
“Ahora, en este momento, lo que sí hace este paquete de reformas propuestas, si es de cara a combatir la corrupción, es poner en la opinión pública el tema de si el gobierno realmente es o no ‘un gobierno anticorrupción’”, dijo Escobar, quien cree que presentarlo hasta ahora le toma “la palabra al gobierno y al partido Nuevas Ideas, quién dominará la próxima legislatura, y obligará a una serie de reformas reales. Hay más ahora de que esto termine de forma positiva, porque el gobierno no tendrá ningún adversario político que lo pueda detener. Está en sus manos.”
