La fuga de pandilleros que desató un nuevo intento de desestabilización contra el gobierno de Arévalo
06 de noviembre de 2025
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La fuga de pandilleros que desató un nuevo intento de desestabilización contra el gobierno de Arévalo
Una fuga masiva de pandilleros del Barrio 18 y una orden judicial para anular al Movimiento Semilla sitúan al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ante una doble crisis. Aunque estos procesos son independientes, el Ministerio Público de Consuelo Porras ha explotado ambos frentes de manera simultánea. En menos de dos años, el ente investigador ha solicitado al menos cinco veces el retiro de inmunidad al mandatario, todo esto como parte de una ofensiva judicial en contra del gobierno, meses antes de que el presidente nombre a su sucesor en la Fiscalía.
El Ministerio Público (MP) de Guatemala, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, aprovechó una fuga masiva de pandilleros del Barrio 18 para acusar al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera por “incumplimiento de deberes” y pedir un antejuicio, el quinto en su contra desde 2023. La última maniobra ocurre paralelamente a un intento de anular su partido político, Movimiento Semilla, y en un momento clave para la designación del próximo fiscal general.
Con solo siete meses restantes para que Porras deje el cargo tras ocho años en el poder, la resistencia a entregar la Fiscalía se ha intensificado. Su estrategia se ha centrado en deslegitimar los resultados de las elecciones de 2023, a través de procesos judiciales que analistas y organismos internacionales han calificado como un «golpe de Estado» a través de resoluciones judiciales.
El pasado 29 de octubre, la fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de retiro de antejuicio al binomio presidencial de Arévalo y Herrera, a consecuencia de la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II, al sur de la Ciudad de Guatemala. La fuga, que ocurrió de manera intermitente durante meses, puso en evidencia la precariedad y corrupción en todo el sistema penitenciario del país.
Sin embargo, la instrumentalización de esta emergencia es solamente el último movimiento de Consuelo Porras en una serie de intentos por desestabilizar el gobierno de Arévalo, que llegó al poder prometiendo combatir la corrupción enquistada en las instituciones del Estado. Este es un recuento de los eventos que han desencadenado la crisis en el gobierno de Guatemala –y sus detonantes–.
La crisis actual se remonta al 12 de octubre, cuando las autoridades penitenciarias confirmaron la desaparición de 20 reos de la cárcel de la cárcel de Fraijanes II. Aunque el exdirector del sistema, Ludin Godínez, aseguró que los escapes fueron «intermitentes» durante varios meses y no masivos, esto evidenció fallas críticas en el sistema de cárceles.
El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció que no se hacían conteos diarios de reclusos y que la fuga solo se descubrió al notar la ausencia de un preso y hacer un conteo manual. Al descubrir que faltaban 20 presos, se realizó una verificación del sistema MI3, que toma la huella digital de cada reo.
Jiménez se justificó diciendo que el Sistema Penitenciario no cuenta con los recursos necesarios para hacer el conteo diario de la población reclusa, a pesar de que la Ley del Régimen Penitenciario así lo demanda.
En ese momento, se realizaron varias destituciones: el director del Sistema Penitenciario Ludin Godínez; y los directores y subdirectores de las cárceles de Fraijanes II, Renovación 1, la cárcel de Puerto Barrios y Mariscal Zavala. Hasta el 13 de octubre, el ministro Jiménez aseguró que no iba a renunciar a su cargo a pesar del escandaloso suceso.
Pero este no fue un hecho aislado. La capacidad de las pandillas para operar desde dentro de las prisiones es un problema histórico en Guatemala: en 2018, varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 entregaron sobornos que sumaron más de Q2 millones para salir de las cárceles en donde se encontraban.
La tensión con el Barrio 18
La fuga ocurre en un contexto de creciente tensión por la violencia de las pandillas de Guatemala. Entre junio y julio de 2025, en medio de señalamientos de diputados del Congreso por el aumento de la criminalidad, las autoridades del Ministerio de Gobernación indicaron que la disputa territorial de las pandillas aumentó los indicadores de violencia.
La organización Diálogos, un espacio de análisis sobre problemas sociales en Guatemala lo confirma. Los datos que recoge hasta agosto reportan que los homicidios aumentaron un 11.3%; las lesiones por violencia incrementaron más del 35% y las extorsiones un 19%.
La tensión, sin embargo, no solo aumentaba en las calles, si no en las cárceles. En junio, el gobierno de Arévalo en coordinación con la Policía Nacional Civil y unidades de investigación, realizó una requisa para recuperar el control de la Granja Penal Canadá, cárcel conocida como “El Infiernito”. En las habitaciones de varios reclusos encontraron televisores, celulares, videojuegos, sillas gaming y otros beneficios con los cuales vivían en esa prisión, ubicada en el departamento de Escuintla.
El proceso culminó con el traslado de 225 presos a otras cárceles, mientras se remodelan las instalaciones de El Infiernito. A finales de julio iniciaron los traslados de cabecillas y líderes de la MS-13 y el Barrio 18 a una nueva prisión denominada por las autoridades como “Renovación 1”.
Del Barrio 18 fueron trasladados Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”;Wilder Rodríguez Aguilar, alias “El Pato”Mayro De León Hernández, alias “Viejo Zacapa”; Jarvin Leonel Itzoy Cruz, alias “El Crazy” y Manuel de Jesús Rivas Granados, alias “El Drimer”.
Mientras que de la MS-13 fueron movilizados Jorge Jair de León Hernández, alias “El Diabólico”; Amílcar Galileo Torres Rosales, alias “El Garrobo”; Nixon Bantes González, alias “El Flaco”: Ronal Bosbeli Choc Alemán, alias “El Sexy Boy” y Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias “El White”.
El ministro Jiménez advirtió que la violencia podría incrementarse luego de que se realizaron estos movimientos. Y así fue: en agosto, se reportaron al menos siete motines en varias prisiones del país, que según las autoridades ocurrieron debido a que los líderes pandilleros querían regresar a las prisiones de las que fueron sacados. Los disturbios dejaron a un reo y a un agente penitenciario fallecidos y retuvieron a guardias por varias horas.
Los motines se dan en medio de un pulso entre el gobierno de Arévalo y las pandillas. El 27 de agosto, el Ministerio de Gobernación logró la captura de María Marta Castañeda Torres, una operadora financiera clave del Barrio 18 y esposa del cabecilla Aldo Ochoa, alias “El Lobo”. La relevancia de Castañeda Torres –señalada por asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria y casos especiales de estafa–, no era solo criminal, sino también política: es sobrina de Sandra Torres, excandidata presidencial y figura central del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Pero la presión no se hizo esperar. El 2 de septiembre, Bomberos Voluntarios reportaron el asesinato de Edwin Mayén, identificado como uno de los abogados defensores de María Marta y de “El Lobo”, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Días después, la prensa guatemalteca dio a conocer que una jueza ordenó el traslado de Aldo Ochoa de la prisión de Renovación 1 a una de menor seguridad.
La juzgadora Mireya Batún Betancourt dio 24 horas al Sistema Penitenciario para cumplir con la orden, la cual se basó en dictámenes que hizo la oficina del Procurador de Derechos Humanos y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. La cartera de Gobernación apeló en los juzgados esa decisión y el traslado no se ha realizado hasta la fecha.
Jiménez se mantenía como uno de los funcionarios cercanos y de confianza del presidente Bernardo Arévalo. Fue hasta el 15 de octubre que el mandatario aceptó su renuncia luego del escándalo por la fuga de los 20 reos de alta peligrosidad.
La fuga masiva se atribuye a la pandilla Barrio 18, considerada la más numerosa del hemisferio, con presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. El 23 de septiembre pasado, Estados Unidos la declaró organización terrorista.
También fueron removidos los viceministros de Seguridad, José Portillo, y de Antinarcóticos, Claudia Palencia. El presidente dijo que Jiménez se mantendría en el cargo hasta que se designara a una nueva persona para dirigir la cartera.
El escape de los 20 reos fue utilizado por el MP para iniciar una investigación en contra de los funcionarios. El 17 de octubre, giraron cuatro órdenes de captura y realizaron allanamientos en la sede del Ministerio de Gobernación.
Jiménez sostuvo en una entrevista con Prensa Libre que iba a enfrentar a la justicia, incluso después de dejar el cargo. Pero Arévalo designó a Marco Villeda (quien fungió por varios años como juez de Extinción de Dominio) para el puesto, y el 23 de octubre fuentes del Ministerio confirmaron que el ahora exministro salió del país.
El ataque judicial de actores corruptos
Mientras la crisis penitenciaria empujaba los cambios en el Ministerio de Gobernación, el MP reactivó su ofensiva política.
El juez Fredy Orellana, designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un personaje corrupto y antidemocrático, solicitó al Tribunal Supremo Electoral que declarara la nulidad del comité pro formación y del partido Movimiento Semilla. Con esta organización política fueron electos Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta, así como 23 diputados y un alcalde.
La orden del juez Orellana indicó que la solicitud se hizo a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, otro personaje señalado de antidemocrático y sancionado en más de 20 países. La nulidad absoluta se ha incluido dentro del caso denominado “Corrupción Semilla”, por supuestas irregularidades en la conformación de la agrupación política.
Pero la creación de procesos penales contra el mandatario no es nueva. Desde 2023, el MP ha presentado al menos cuatro solicitudes de antejuicio, con la finalidad de que el presidente sea investigado. En el primer caso lo señalaron de aprovechar las protestas en la Universidad San Carlos (USAC) para promover su figura política.
La FECI también acusó a Arévalo por el delito de lavado de dinero y otros activos, dentro del caso “Corrupción Semilla”, por supuestamente no poder respaldar el pago de una multa de $44,000 al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego, en agosto de 2024, la FECI vinculó al presidente al caso “Mecanismos de Corrupción Micivi”, en el cual lo acusan de haber dado una orden “ilegal” para la creación de un mecanismo arbitrario para pagar a constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
El 21 de octubre pasado, el MP también vinculó al presidente a una investigación realizada por supuestas “negociaciones fraudulentas” entre el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de medicamentos.
Por este caso señalan al presidente Arévalo, al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y a otros funcionarios de esa cartera de Estado. Curruchiche presentó los indicios y dijo que fue una negociación unilateral para la compra de medicamentos para abastecer los servicios de salud, a través de un “contrato lesivo” firmado en 2024 por $943.9 millones.
Curruchiche incluso señaló al empresario Gustavo Alejos, quien habría recibido Q223 millones a través de la farmacéutica Reus Pharma, S. A.; sin embargo, contra él no existe una órden de captura o investigación.
El gobierno sostiene que con este contrato han adquirido medicinas a menor precio que al hacerlo con farmacéuticas nacionales y así mantener un alto porcentaje de abastecimiento en la red pública de salud.
La Fundación Contra el Terrorismo, entidad que ha criminalizado a jueces, fiscales y periodistas, también ha solicitado en dos ocasiones quitarle la inmunidad al presidente Arévalo.
Un golpe de Estado vía judicial
Para el analista Héctor Solares, esta medida es la punta de lanza de un “golpe de Estado con resoluciones judiciales”, para dejar vacantes los cargos del presidente, vicepresidenta y diputados de Semilla. Esto, después que el Tribunal Electoral acatara la decisión, y se trasladara la información a otros órganos como el Congreso.
“Desde que se inició el caso supuesto de corrupción en la conformación del partido Semilla, hemos visto intento tras intento de un golpe de Estado. Ya no de la forma en que los conocimos décadas pasadas con armamento militar, sino con resoluciones judiciales y así hacerlo parecer legal; pero es con todas sus letras un golpe de Estado”, dijo Solares.
Autoridades indígenas, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y La Unión Europea se han pronunciado en contra de estas acciones promovidas por Orellana y el MP de Consuelo Porras. Los abogados Gregorio Saavedra y Edgar Ortíz presentaron una acción ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar el cumplimiento de una sentencia previa que protegía los resultados electorales del 2023. La alta Corte reafirmó la legitimidad de los resultados electorales y señaló que el juez Orellana estaba sobrepasando su competencia al pedir la nulidad de un partido cuando eso le incumbe al Tribunal Supremo Electoral.
Además, señaló que el juez podría cometer el delito de prevaricato por sus resoluciones y le exigieron abstenerse de contravenir la Constitución y la institucionalidad del país.
El objetivo final de esta ofensiva, según expertos, es que Consuelo Porras se aferre al poder. El Ministerio Público ha sido dirigido durante ocho años por la actual fiscal, que ha orquestado numerosos intentos por sacar del escenario político al actual presidente, de quien depende la decisión de elegir a la persona que ocupará ese puesto el próximo mes de mayo de 2026.
A inicios del 2026 se convocará a una Comisión de Postulación, integrada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Organismo Judicial y los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. Ellos tendrán a su cargo elegir a los perfiles más “idóneos”, de donde Arévalo deberá designar a una persona.
Según Solares, Porras tendría muchas dificultades para integrar esta nómina porque será un proceso de elección vigilado por la ciudadanía y a nivel internacional. Asegura que, aunque existiera esa posibilidad, el presidente Arévalo no la elegiría.
La politóloga Aura Castillo asegura que en estos próximos meses el MP podría recurrir a seguir “armando” casos que buscan deslegitimar al gobierno y permitir a Porras y a sus aliados mantener el control de una institución clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y exfiscal general de Guatemala, considera que son precisamente actores que se benefician de la impunidad los que sostienen la campaña de la fiscal Porras, y que han criminalizado a periodistas, defensores y líderes indígenas.
“El poder de esas redes pro corrupción y pro impunidad es tan fuerte que ha llegado a las más altas autoridades de justicia del país (…) Son redes que tienen mucho poder, y poder económico también”, aseguró Paz y Paz durante una entrevista con FOCOS.
La llegada de Arévalo a la presidencia, afirma, ha sido un “paso adelante” en la lucha contra la corrupción, “pero aún queda este desafío del primer semestre del próximo año, donde se intentará recuperar estas otras entidades que siguen cooptadas”.
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