Crisis política allana camino para aplicación de Carta Democrática en El Salvador

Una Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó en un informe, emitido al menos dos semanas antes del golpe del Ejecutivo al órgano Judicial, que en El Salvador existía una “situación muy grave democráticamente”  que merecía ser conocida por la comunidad internacional.  Después de lo ocurrido el 1 de mayo pasado, el jefe de ese equipo de observación, Santiago Cantón, habla en términos de mayor gravedad y dice que, de no cambiar el rumbo, el Estado salvadoreño está tocando las puertas del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. 

Foto por Presidencia de la República

A un año exacto de la intervención militar y policial del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, un acto ampliamente rechazado a nivel internacional, por constituirse en una violación a la separación de poderes y “afectar a la institucionalidad democrática salvadoreña”, el Gobierno del presidente Nayib Bukele, solicitó a la Secretaría General de la OEA, a través de la canciller Alexandra Hill Tinoco, la visita de una Misión Especial para evaluar la situación democrática en El Salvador, amparándose en lo establecido en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, que señala que:

“Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente (de la OEA) a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

Bukele acudió a la OEA pocos días después de que se conocieran públicamente iniciativas de algunos diputados de Arena y el FMLN que buscaban inhabilitarlo de su cargo en la Presidencia, argumentando la incapacidad mental del mandatario. Entonces, Bukele calificó el hecho como un “intento de golpe de Estado”.

Es así como el 14 de febrero, una Misión Especial encabezada por Santiago Cantón arribó a El Salvador con la finalidad de “evaluar la situación política institucional e intentar contribuir a la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Santiago Cantón es un reconocido abogado de nacionalidad argentina, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, exdirector del Instituto Nacional Demócrata para Latinoamérica y el Caribe. Durante su misión, desarrollada entre el 14 y el 18 de abril, sostuvo una serie de reuniones presenciales incluyendo encuentros con el presidente de la República y su gabinete, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuerpo diplomático y la prensa.

Al llegar a El Salvador, lo que se encontró fue una “grave situación de la democracia” ante la sistemática violación de los derechos humanos contemplados en el espíritu de la Carta Democrática Interamericana. Particularmente, lo que reportó fue un contexto de desacato a las sentencias judiciales y acoso a la independencia judicial.

El informe que fue presentado por Cantón a la Secretaría General el 19 de abril, pero presentado al público dos semanas después, destaca que: “Preocupa a la Misión Especial que no se dé cumplimiento a las decisiones del máximo órgano judicial salvadoreño y se hace un llamado a acatarlas. La Misión Especial recuerda que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, y que la garantía de la independencia de las y los jueces es uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos”.

Pero la sugerencia de la OEA no solo fue ignorada, sino que, además, la crisis se profundizó. El pasado 1 de mayo, el gobierno desobedeció el mandato judicial y decidió la destitución de la totalidad de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, en un procedimiento coordinado. En una inédita plenaria la nueva Asamblea Legislativa dominada por Bukele y sus aliados, decidieron sin previo debate, quitar y poner funcionarios judiciales a su antojo,  lo que ante los ojos de la opinión de los especialistas en el derecho, constituyó una evidente alteración del orden constitucional.

Atendiendo a los hallazgos de Cantón en su informe, los sucesos del 1 de mayo no fueron hechos aislados. Las violaciones a la institucionalidad democrática y los derechos humanos se venían gestando desde meses atrás en El Salvador.  “Cuando yo hice este informe no diría que había un quiebre institucional, no, yo no llegaría a ese extremo. Se podría decir que la situación era muy grave democráticamente, sí, seguro, eso lo digo en el informe de esa manera. Lo sucedido el sábado sí es un quiebre porque hay una toma del poder judicial, hay una ausencia de división de poderes, que es una de las condiciones de la carta democrática”.

“Calculo que esta es la primera vez que se genera un informe de esta naturaleza, en el sentido que combina, a mí entender, la Carta Democrática Interamericana y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, decisiones de la Corte y la CIDH. Es una combinación entre democracia y derechos humanos”, dijo Cantón en una entrevista telefónica con FOCOS.

Y es en este contexto que Cantón destacó la importancia de ventilar a la comunidad internacional las condiciones democráticas que se estaban gestando en El Salvador. “La idea fue avisar lo que estaba pasando en base a la información que obtuve durante esas semanas. Informar a la comunidad internacional, que es el objetivo de la carta democrática”.

Los resultados de esta Misión Especial fueron expuestos al público hasta el domingo 2 de mayo, a través del sitio web de la OEA, dos semanas después que Cantón y su equipo de trabajo los presentaran ante la Secretaría General, y a menos de 24 horas después del golpe que la Asamblea Legislativa dominada por Bukele asestara a la independencia judicial de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

“Los eventos del sábado (1 de mayo), claramente profundizan la gravedad de la situación de la democracia en El Salvador, planteados en el informe. La Carta Democrática Interamericana prevé mecanismos para que la comunidad internacional busque re encauzar a El Salvador en el camino democrático. Si no hay modificaciones significativas, el gobierno está golpeando la puerta del artículo 20”, señaló el exsecretario ejecutivo de la CIDH.

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana destaca que ante la alteración del orden constitucional en un Estado Miembro, que afecte gravemente el orden democrático, cualquier Estado Miembro o la misma Secretaría General de la OEA, puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, apreciar la situación y adoptar decisiones que estime convenientes, en un esfuerzo por realizar las gestiones diplomáticas que permitan promover la normalización de la institucionalidad democrática alterada.

Especialistas en derecho internacional explican que la Carta Democrática Interamericana establece desde el artículo 17, una serie de medidas escalonadas, en función de restablecer el orden institucional ante algún quiebre democrático, y que puede llegar hasta la suspensión temporal del Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.

Si bien Cantón considera que los reciente sucesos políticos agravan la situación de la democracia salvadoreña, aún hay instancias que pueden ser aplicadas antes, para que el gobierno salvadoreño pueda revertir su actuación contra la independencia judicial. La primera de estas medidas es el cumplimiento de las recomendaciones contempladas en el informe, en el sentido de acatar las sentencias judiciales emanadas por la Sala de lo Constitucional; la otra, es la instalación de una nueva Misión Especial que permita sentar al gobierno y explicarle los problemas que existen respecto al funcionamiento democrático y explicarle lo que la comunidad internacional exige.

En sus conclusiones la Misión Especial “subraya la importancia del respeto irrestricto al Estado de Derecho como elemento esencial de la democracia representativa, y con el objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática, insta a todos los poderes del Estado a que actúen en estricto apego de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales”.

Katya Salazar, abogada peruana y actual directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D. C., considera que la destitución de los magistrados y el fiscal salvadoreño, a la luz del reciente informe presentado por la OEA configura a todas luces la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla la convocatoria del Consejo Permanente, apreciar colectivamente la situación y adoptar medidas diplomáticas, a fin de promover la normalización de la institucionalidad democrática. 

“Si esto no es un quiebre institucional como señala el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana , no sé qué se necesitaría para que una situación encaje en lo planteado por el artículo 20. Destituir jueces sin proceso, y todo porque no te gustaron sus decisiones, si eso no es un autogolpe, no sé qué cosa es”, dijo Salazar.

Para la abogada, lo conveniente ante el golpe judicial en El Salvador, es que desde la sociedad civil salvadoreña se solicite la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y se convoque a un Consejo Permanente para evaluar la situación del país,  o en su defecto, que se instale en El Salvador otra Misión Especial encabezada nuevamente por Cantón.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de El Salvador intentaba justificar ante la comunidad internacional la destitución de magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República, y la respectiva sustitución con perfiles afines al gobierno. Así como su rechazo a los resultados del informe de la Misión Especial. 

La OEA se posicionó públicamente sobre los eventos del sábado 1 de mayo, y ha rechazado la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, además destacó como imprescindible dar continuidad al trabajo de la Misión Especial encabezada por Cantón, definiendo como de “extrema validez” las conclusiones y recomendaciones recogidas por el informe ante la crisis institucional actual.

Recientemente, Almagro ha ido más allá, advirtiendo públicamente que El Salvador se enrumba a la situación de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

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