El deterioro económico de los hogares salvadoreños bajo Bukele: Las familias al límite y sin apoyo estatal

El impacto del alza en el costo de vida y la disminución de los ingresos han generado una alarmante situación de pobreza y falta de seguridad alimentaria en los hogares salvadoreños. Aunque el Gobierno de Nayib Bukele ha implementado políticas económicas favorables para ciertos estratos de la sociedad, las estadísticas y la angustiante realidad que enfrentan miles de familias revelan que estas medidas no han logrado un impacto sensible en la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños.

En la comunidad Las Palmas, en San Salvador, las jefas de hogar explican el panorama económico de las familias salvadoreñas con más claridad que cualquier economista. Mientras cocina unos huevos con tomate para su desayuno, Anabel Orellana habla sobre las medidas que han tenido que tomar en su casa para poder cubrir los gastos básicos: «Esto es lo que estamos comiendo ahorita porque es lo más barato. Y hay veces que esto se tiene que repetir durante el día, porque para comprar carnes está difícil”, dice.

Los incrementos en el costo de la canasta básica han llevado a Orellana a cambiar la dieta diaria de su familia y a buscar otras fuentes de trabajo en sus tiempos libres, sacrificando la convivencia familiar y su salud. «El fin de semana lo trabajo en otro lugar. Son cosas que antes no hacíamos y que ahora sí. El poco tiempo que me queda trato de ver si puedo dormir un poco las horas porque a veces no duermo más que unas cuatro horas, cinco horas», explica.

La crisis económica que se vive a nivel global a golpeado la ya precaria situación de la mayoría de los hogares salvadoreños, sin que las políticas tomadas por el Gobierno de Nayib Bukele hayan podido atender de manera integral las necesidades de estas familias.

Entre enero de 2021 y marzo de 2023, el costo de la canasta básica subió un 20% en la ciudad y hasta un 25% en el campo, señalan datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC). Las 11 medidas económicas anunciadas con pompa por Bukele en una cadena nacional en marzo de 2022, no tuvieron mayor efecto en la contención de estas alzas, tal como predijeron los expertos en su momento.

Algunas medidas que parecía que podían impactar directamente, como la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos de consumo, se aplicaron a alimentos que ya carecían de impuestos, debido a los tratados de libre comercio y regionales que tiene El Salvador con los países desde donde se importa la gran mayoría de ellos.

Por otro lado, se continuó impulsando la importación de productos, lo cual contradice la recomendación de los economistas en cuanto a la necesidad de fortalecer y promover la producción local, lo cual abarataría los costos de los alimentos y mejoraría los ingresos de las familias agricultoras.

«A cuatro años de gestión, no hay una propuesta clara para que el Estado apueste al sistema alimentario del país, que va desde la producción hasta el consumo», señala el Danilo Pérez, director del CDC.

María del Carmen Asensio, agricultora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Comasagüenses, resiente que el Gobierno haya abandonado a los agricultores en tiempos de crisis. «Aquí hay muchos productores donde pueden comprar los granos básicos. ¿Por qué traen cosas de otro país, cuando aquí los pueden comprar, para obtener un mercado de la producción de acá?», reclama.

En el municipio, los programas de apoyo del Ministerio de Agricultura, como los de entrega de paquetes de fertilizantes y semilla mejorada, han dejado fuera a muchas familias agricultoras, explica Asensio.

Los precios para arriba y los ingresos para abajo

Mientras los precios de la canasta básica siguen al alza, el ritmo de los ingresos no ha crecido de la misma manera en los últimos cuatro años, lo cual limita la capacidad adquisitiva de los hogares salvadoreños.

En 2019 el ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional era de $619.90, mientras que para 2022 fue de $629.38. Esta tendencia se mantuvo, a pesar de que en el 2022 el presidente Bukele anunció el incremento del 20% en el salario mínimo.

Los efectos de esta medida han sido limitados, pues aplica únicamente para el sector formal, que abarca alrededor del 30% de la población. El resto de los trabajadores se desempeñan en el sector informal, para el cual no se han implementado medidas de apoyo integrales y efectivas.

En el 2021, Focos comprobó que los programas de apoyo financiero a vendedores informales que se impulsaron para la reactivación económica en el marco de la pandemia por COVID-19, eran de difícil acceso para este sector, lo que llevó a la gran mayoría de comerciantes a quedarse sin el beneficio.

«El Estado debe hacer un análisis integral y medidas que sí resuelvan la problemática. Si bien se está hablando de un nuevo incremento al salario mínimo, no se toma en cuenta que esto golpea a las micro y pequeñas empresas, y podría generar desempleo u otras problemáticas relacionadas», señala Pérez, del CDC.

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