De la represión a la batalla legal de la UES por abrir los archivos militares

Estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) marchan el 1 de agosto de 1975 hacia la catedral metropolitana de San Salvador. Fotografía: Cortesía MUPI.

A más de 40 años de la primera intervención militar a la Universidad de El Salvador (UES), las autoridades universitarias iniciaron una batalla legal por la apertura de los archivos de la Fuerza Armada con el fin de esclarecer dos décadas de persecución política contra la comunidad universitaria, que ha llevado a la universidad a luchar porque se reconozca a la década de 1970 como el germen de los hechos violentos del conflicto armado, con la consecuente necesidad de procurar el derecho a la verdad y justicia de las víctimas de estos hechos.

El primer paso se dio el 18 de febrero de 2016, cuando la universidad se convirtió en la primera institución estatal en luchar por el acceso libre a los archivos militares mediante la ley de acceso a la información pública (LAIP), con la solicitud de acceso a la información hecha por el entonces rector José Luis Argueta Antillón (2015-2017).

La necesidad de conocer la documentación sobre la UES en los archivos de la Fuerza Armada parte de la hipótesis de que en los setentas se consideró a la universidad como parte de los adversarios del Estado y se le convirtió en un objetivo militar. Para entonces, el país sufría un gran cambio político, social, económico y de seguridad tras la salida del presidente Fidel Sánchez Hernández, al tiempo que nacieron los grupos que posteriormente conformaron el FMLN.

Eliseo Quintanilla, vicepresidente de Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) en 1975, va más allá: “Desde finales de los años 60, venía una escalada represiva que tenía como uno de los objetivos a la UES, bajo la tesis que la universidad era un centro subversivo y de formación de guerrilleros”, afirmó en el documental “Legado de una generación”, producido por la secretaría de comunicaciones de la UES.

Inicia la persecución

El primer golpe que sufrió la Universidad fue la ocupación militar de julio de 1972. “Esta fue una ocupación militar que se conformó con el aval de los tres órganos del Estado, ejecutada por el Ejecutivo, dirigido por el estamento militar”, resume Sofía Zamora, oficial de acceso a la información y miembro de la comisión de memoria histórica de la universidad. La misma contó con el concurso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien aceptó un recurso de nulidad de la elección del rector y el vicerrector a solicitud de la Federación de Asociaciones Profesionales de El Salvador (FAPES), justo un día antes de la ocupación.

“El nuevo gobierno que inicia en junio 1972, abandona la apertura de los años sesenta. Son claras señales: el fraude electoral de 1972; y la ola represiva y el endurecimiento de la seguridad desde los cantones hasta San Salvador”, analiza el historiador Roberto Turcios.

Entre esas “claras señales”, Turcios incluye la intervención militar de la universidad de El Salvador: “Algo lógico en el enfoque de la Doctrina de la Seguridad Nacional” adoptado por los gobiernos de corte militar de la época en toda América Latina. Intervenciones a universidades nacionales ya se habían hecho en Brasil y se harían en Chile, en 1973.”

“Se pueden seguir en las declaraciones presidenciales (de esa época) de que se está viendo la ocupación de la UES, como una especie de ocupación de territorio enemigo”, dijo Turcios. Esto se deja entrever en un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), donde fuentes del gobierno aseguran que el entonces presidente Sánchez Hernández se comprometió limpiar de insurgentes la Universidad antes de que asumiera Arturo Armando Molina en julio 1972, ya que la universidad era vista como un lugar de actividades subversivas.

“Representantes del Gobierno de El Salvador (GOES) han discutido con representantes de la FAPES posibles cursos de acción para eliminar las actividades subversivas que imperan en la UES. El teniente coronel Fernando Berríos, médico de las Fuerzas Armadas que representa al GOES en las discusiones, dijo a los representantes de la FAPES, que el presidente Fidel Sánchez había prometido al presidente electo el coronel Arturo Armando Molina arreglar la situación en la UES antes de que Molina asuma el cargo el 1 de julio de 1972”, se lee en el sumario del cable.

La intervención de 1972 solo fue el inicio la represión a la comunidad universitaria que se mantendría durante los mandatos de los presidentes militares Molina y Romero. Esta persecución a la UES encontró uno de sus picos más altos en la represión violenta a la masacre estudiantil en julio de 1975, según dijo Néstor Hernández, secretario de Relaciones Internacionales y miembro de la comisión de memoria histórica de la universidad, en entrevista con Focos.

Tanquetas y balas frente a estudiantes

Imagen de la marcha del 30 de julio de 1975 antes de ser dispersada por los cuerpos de seguridad de la época. Fotografía: Cortesía.

La marcha de julio de 1975 fue un acto de protesta a la represión que sufrió la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, cinco días antes. Medardo González, quien entonces era presidente de Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), recuerda cómo todo empezó con un llamado a la comunidad universitaria en el local de la asociación y a la que luego sumó más estudiantes hasta que enfilaron hacia la 25 avenida norte, donde, a la altura del paso a desnivel frente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, fueron emboscados por las fuerzas de seguridad quienes dispararon a la gente que iba al frente de la marcha.

“La operación militar de julio de 1975 se puede considerar entre pequeña y mediana escala urbana. Una represión contra una marcha universitaria”, dice Turcios, quien ubica esta operación como parte del patrón de represión a población civil que existía en los años setenta. “Hay ya un diseño de operación militar para atacar población civil opositora.”

Los ataques a la UES continuaron durante toda la década de los setentas y se extendieron por los siguientes 11 años, a las intervenciones que continuaron en la década de los ochentas se sumaron desapariciones forzadas de estudiantes y docentes universitarios, así como persecución política sistemática desde el Estado completo.

Prueba de ello es la decisión de la Asamblea Legislativa de desconocer a las autoridades y crear una Consejo de Administración Provisional de la Universidad de El Salvador (CAPUES), el 30 de marzo de 1977, que estaba facultada a “dictar”, entre otras regulaciones, las medidas para el mantenimiento del orden al interior de la UES. “El CAPUES en realidad fue un órgano de persecución interna a los miembros de la comunidad universitaria”, dice Zamora.

La toma de los organismos de administración, recuerda el historiador Roberto Turcios, permitió la creación hasta de una policía universitaria, bajo la misma lógica represiva de los organismos de seguridad pública, que entonces dependían del ministerio de la Defensa.

Prohibido olvidar los setentas

Este patrón de persecución a la comunidad universitaria que existió durante dos décadas es el punto de partida para que las autoridades de la UES se muestren interesadas en que las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en los setentas sean investigadas en la actualidad y que se incluyan dentro de las medidas de reparación de Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que aprobó la Asamblea Legislativa en febrero pasado y que fue vetada por el presidente Nayib Bukele.

Para Hernández, los patrones de violencia de la década de 1970, que incluyeron persecución política, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y exilio, afectaron a toda la población salvadoreña y no solo a la comunidad universitaria, por ello la importancia de tomar en cuenta estos años dentro de cualquier normativa legal y en la deuda pendiente de recuperación de la memoria histórica de todo el país.

Estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) detenidos durante un allanamiento del campus a inicios de 1980. Fotografía: Cortesía MUPI.

Parte de ese trabajo de recuperación de memoria histórica que hace la UES en la actualidad es intentar probar que existía un plan coordinado que hizo de la universidad un objetivo militar antes del inicio mismo del conflicto armado interno. Es por ello que requirió el acceso a los archivos militares, en búsqueda de elementos para reconstruir la historia de la Universidad en este período y de pruebas que sirvan para futuros casos judiciales.

Aunque instituciones nacionales, como la Sala de lo Constitucional, e internacionales, como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado repetidas veces a la apertura de archivos militares, los últimos tres gobiernos negaron la existencia de estos documentos.

Según relató Zamora, el primer intento de acceder a los archivos militares se vio frenado porque el ministerio de la Defensa Nacional (MDN) se tomó todo el plazo legal disponible, 25 días hábiles, para decir que la información solicitada era inexistente. Las autoridades de la UES dudaron de la respuesta oficial y apelaron al IAIP, solicitando como medida cautelar de una visita a los archivos. Unas horas antes de hacer efectiva esa visita, la Sala de lo Administrativo Contencioso admitió un recurso del ministerio que frenó la revisión física de la documentación.

La UES no desistió y presentaron una nueva solicitud, recorriendo el mismo camino de apelaciones ante el IAIP. En enero, el Instituto dio un nuevo aval para la verificación in situ de los archivos militares. El 6 de marzo pasado, en el último intento de corroborar la existencia o no de esta documentación, ni los mismos comisionados del Instituto pudieron ingresar a las instalaciones del MDN para verificarlo.

“En relación al rechazo de la Fuerza Armada a abrir los archivos y documentos como han solicitado diferentes jueces, fiscales y otros. Solo quiero resaltar el hecho de que la obligación en relación al acceso a la información no solo es con cierta categoría de personas, es para cada uno de los ciudadanos por igual”, recordó en febrero de 2019 la comisionada Margarette May Macaulay, relatora de la CIDH para El Salvador.

El historiador Roberto Turcios concuerda con la necesidad al acceso general de estos archivos: “Sería importante un acceso a los archivos referidos tanto de la ocupación militar en donde se podrían identificar los objetivos de esa operación militar. Pero también sería muy importante conocer los planteamientos internos del Estado Mayor general de la Fuerza Armada, los acuerdos o los análisis que llevan a esa definición. Tiene muchísima importancia el conocimiento de los archivos en torno a la ocupación militar de la universidad; como indica mucho la negativa a abrir esos archivos, sí los hay.” 

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