Defensa intenta retrasar el juicio de la masacre de El Mozote

El juicio de la masacre de El Mozote y sitios aledaños sigue parado por los recursos de revocación al juez Jorge Guzmán, juez segundo de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, presentados en los últimos días

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) desistió el lunes pasado de su solicitud para separar al juez Guzmán, quien reabrió el juicio a los presuntos autores intelectuales de la masacre de El Mozote, presentada en febrero pasado, lo que ya representó un nuevo retraso en el proceso judicial reiniciado en 2016.

Ahora son los abogados Francisco Garay Pineda y Adrián Meléndez Quijano, defensores de los acusados Roberto Antonio Garay Saravia y Rafael Santiago del Cid Aguirre quienes presentaron una nueva solicitud de recusación contra el juez Guzmán ante la Cámara de Segunda Instancia.

Si un mes atrás, la FGR estimaba que Guzmán no había cumplido con algunos requisitos de ley en el proceso para pedir su separación del caso; ahora, los defensores Garay Pineda y Quijano, aseguran que Guzmán adelantó “un criterio subjetivo” al posicionarse sobre el papel que jugó la Fuerza Armada en la masacre de El Mozote cuando escribió su tesis de graduación para obtener el título de licenciado en Ciencias Jurídicas en 1990. Según los defensores, Guzmán posee un criterio subjetivo sobre los hechos de la masacre que investiga porque en su tesis expresa ocho veces una postura vulnerando su imparcialidad en el proceso judicial.

La tesis de la discordia

La tesis de graduación de juez Jorge Alberto Guzmán: “La vigencia de los derechos humanos en nuestro país”, fue hecha junto a otros dos alumnos de la Universidad de El Salvador (UES) – Juan Carlos Flores Espinal y Martha Lilian Villatoro Saravia- en 1990 y es pública en el portal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde 1998. Ahora, 31 años desde que fue escrita la tesis, la defensa del caso cree que en ella existe una arista legal para separar a al juez Guzmán y el 22 de marzo presentó la recusación contra él.

El mismo día que se presentó la recusación , Guzmán presentó una declaración jurada a manera de defensa ante la Cámara argumentando que no admite las razones expuesta de la recusación de los defensores, ya que en 1990, cuando hizo el estudio académico, “no éramos abogados, mucho menos jueces, éramos solo estudiantes de derecho”, dijo Guzmán.

Según la declaración jurada de Guzmán en la tesis solo se hace “una investigación y estudio de la situación de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país”, detallando las circunstancias políticas, sociales y económicas que generaron dichas violaciones. “En ese sentido se mencionaron algunas masacres atribuidas al ejército salvadoreño”, incluyendo la masacre de El Mozote -que se meciona 13 veces en la tesis- pero “sin profundizar sobre sus causas, los hechos suscitados y sus perpetradores, así como sus consecuencias” finales.

Por ello, Guzmán asegura que la tesis solo fue un estudio académico realizado por estudiantes universitarios y que con lo escrito en ella no viola ninguna ley que le impida seguir conociendo del caso. Más allá de las posiciones encontradas del juez y los defensores, lo cierto es que la petición de recusación dilata el caso en la actualidad, ya que los diferentes procedimientos del juicio están suspendidos hasta que la Cámara falle a favor o en contra de los defensores.

Para abogados de diferentes organizaciones de Derechos Humanos consultados por Focos, la nueva recusación presentada el 22 de febrero carece de sentido legal, pero representa una táctica dilatoria más para generar nuevos retrasos en la búsqueda de justicia de un caso que ocurrió 40 años atrás y que ya tiene 28 años de estar en sede judicial.

Más retrasos en el juicio

El peor escenario para el juicio sería que se falle a favor de los defensores. Wilfredo Medrano, abogado querellante de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, explicó que esto tendría un impacto “desastroso” en el proceso, porque implicaría que la Cámara nombrará a otro juez para tomar el caso, quien primero debería ponerse al corriente de las 150 piezas legales que contiene el proceso antes de continuar con él.

Según Medrano, la recusación se basa en un argumento inconsistente porque la tesis fue solo investigación académica que cualquier estudiante debe hacer para optar a un grado académico y solo es una medida más del esfuerzo constante de los defensores por apartar al juez del caso con, lo que él llama, “argumentos sacados de la manga.”

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), esta sería la tercera ocasión que se intenta separar al juez Guzmán parte de una serie de esfuerzos por impedir que el juicio se realice.

Según Escalante, la dilatación del juicio se da en un momento en que muchas de las personas señaladas en el mismo, debido a su edad, fallezcan e impide que la justicia salvadoreña de un pronunciamiento real contra de los responsables de la masacre. “Estamos viendo la negligencia y la lentitud del sistema judicial es algo que juega a favor de los victimarios y de la impunidad, siempre en contra de las víctimas”, dijo.

Para David Morales, abogado querellante de la organización de derechos humanos Cristosal, este tipo de acciones y que ha sido un proceso judicial demasiado largo afecta directamente a las víctimas y a los mismos imputados. A los primeros, porque no han podido ver justicia en el caso; mientras que los segundos están sometidos un juicio prolongado en su contra.

Según Morales, la defensa de los imputados ha dejado de lado durante el juicio acciones válidas como el aportar una teoría propia sobre los hechos o presentar pruebas de descargo a la teoría de las víctimas, que sí contribuirían a un proceso judicial más expedito y que permitiría llegar a la verdad judicial en el caso. En su lugar, ha mantenido una estrategia de dilatación desde el inicio del proceso, algo que también hizo la FGR con el primer intento de recusación del juez, en febrero pasado.

Krisia Moya, miembro de la Asociación Promotora de Derechos Humanos en El Mozote, quien durante los últimos 11 años ha acompañado a las víctimas en el proceso judicial, no es de extrañar que la defensa siga interponiendo otro tipo de escritos o recursos legales para alargar el proceso.