Deportados al infierno: Informe documenta torturas contra venezolanos enviados al CECOT

Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal publicado este miércoles documentó cientos de torturas, abusos sexuales y desapariciones forzadas cometidas en contra de 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel insignia del gobierno de Nayib Bukele.

El documento, titulado “Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el CECOT de El Salvador”, denuncia que los migrantes fueron víctimas de detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y violencia sistemática a manos de custodios y fuerzas de seguridad salvadoreñas.

“Desde que me bajaron del avión empezó la pesadilla”, relató uno de los sobrevivientes entrevistados por los investigadores. “Nos golpearon, nos patearon, nos gritaron que éramos basura. Nadie sabía dónde estábamos ni por qué nos tenían ahí”.

Según HRW y Cristosal, los venezolanos fueron trasladados a El Salvador entre marzo y abril de 2025 como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele para deportar a migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. 

Aunque muchos de ellos habían tramitado solicitudes de asilo y más de un 48 % ni siquiera tenían antecedentes penales, los migrantes fueron enviados a un país que, según las organizaciones, no ofrecía garantías mínimas de protección y donde el riesgo de tortura era “plenamente conocido”.

«Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos», aseguró HRW.

Para realizar el informe, los Investigadores de HRW y Cristosal entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos familiares y abogados.

“El CECOT no es una cárcel, es un campo de tortura moderna”, señala el documento. “Los detenidos son sometidos a hambre, humillación, agresiones y aislamiento total, bajo un sistema que deshumaniza y anula cualquier forma de dignidad”.

El informe contextualiza los hechos dentro del régimen de excepción impuesto por la Asamblea Legislativa de Bukele desde marzo de 2022, prorrogado mensualmente por más de tres años. Este régimen suspendió derechos constitucionales como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) ya han pedido el cese de esta suspensión de derechos, que suma 80,000 capturas arbitrarias, denuncias de torturas, muertes bajo custodia y un colapso del sistema judicial.

En ese contexto, el CECOT se ha convertido en el símbolo más extremo del modelo de “mano dura” de Bukele –aunque está lejos de ser la cárcel más violenta de El Salvador–. Es una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40,000 reos.

Los venezolanos fueron repatriados en julio pasado, después de casi cuatro meses en el CECOT, como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro accedió a liberar a diez ciudadanos estadounidenses en Caracas y a unos 80 presos políticos.

Golpes, abusos sexuales y desapariciones

Los testimonios recabados por HRW y Cristosal describen golpizas diarias, privación de sueño, negligencia médica, y abusos sexuales cometidos por custodios en contra de los migrantes.

Al menos tres víctimas afirmaron haber sido violadas en una celda de castigo conocida como “La Isla”. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo… me obligaron a practicar sexo oral”, declaró uno de los deportados, ahora repatriado a Venezuela.

El informe también documenta que los venezolanos permanecieron incomunicados durante semanas, sin acceso a abogados, familiares ni información sobre su estatus legal. Las autoridades salvadoreñas se negaron a confirmar su paradero, lo que según las organizaciones constituye una desaparición forzada bajo el derecho internacional.

“Estas personas fueron entregadas a un sistema penitenciario que se encuentra en crisis y que opera sin supervisión ni rendición de cuentas”, afirmó Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de HRW. “Washington sabía —o debía saber— que enviarlas a El Salvador era condenarlas al sufrimiento”.

El documento concluye que tanto Estados Unidos como El Salvador incurrieron en graves violaciones de derechos humanos. En el caso estadounidense, se vulneró el principio de no devolución, que prohíbe enviar personas a un país donde corran riesgo de tortura o persecución.

Para El Salvador, los hechos representan una violación directa de las obligaciones contraídas en la Convención contra la Tortura y de los estándares mínimos del derecho internacional humanitario.

HRW advierte que el caso podría representar “la violación más grave de derechos humanos vinculada a Washington en dos décadas”, y pide que se investiguen los acuerdos bilaterales que facilitaron las deportaciones.

El informe urge a Estados Unidos suspender de inmediato los traslados de personas a El Salvador o a cualquier país donde existan riesgos de tortura y revelar los acuerdos de cooperación migratoria con el gobierno de Bukele, hasta ahora desconocidos. 

Además, exigen suspender el financiamiento y la asistencia en seguridad a instituciones salvadoreñas implicadas en abusos, y permitir que las víctimas venezolanas puedan regresar a EE.UU. para reabrir sus solicitudes de asilo.

En el caso de El Salvador, las organizaciones exigen investigar de forma independiente los abusos denunciados en el CECOT, publicar la lista de personas detenidas y permitir el acceso de familiares, abogados y organizaciones humanitarias. Además, insisten en la necesidad de poner fin al régimen de excepción como política permanente y restituir el control judicial sobre las detenciones.

Para Cristosal, estos abusos no son aislados, sino parte de un patrón de criminalización de la pobreza y la migración bajo el discurso del orden y la seguridad. “El régimen de excepción ha normalizado la tortura y la desaparición como herramientas del Estado”, señala la organización.