Desapariciones, la impunidad de ayer y hoy

«Cada vez que las madres de desaparecidos durante la guerra ven los casos de las desapariciones de los jóvenes en la actualidad reviven ese ciclo, porque la desaparición forzada es una tortura permanente para la víctima. El Estado del Salvador, con esa deuda de impunidad que tiene sigue revitimizando a las madres y sigue revitimizando a la misma sociedad que tiene estas heridas abiertas y sangran como hace 45 años», afirmó Jayme Magaña, abogada del Comité de Madres y Parientes de Prisioneros, Desaparecidos y Mártires Políticos de El Salvador (COMADRES) en el conversatorio «Desapariciones: una conversación urgente en la sociedad salvadoreña».

El conversatorio inició con una proyección del reportaje «La impunidad sigue golpeando a las madres de desaparecidos en la guerra» y contó con la moderación de la periodista Gabriela Castellón, quien realizó la pieza audiovisual.

También acompañaron la jornada de reflexión Johanna Ramírez, coordinadora de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista (SSPAS), y Beatriz Campos, procuradora Adjunta para la Defensa de de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.

Magaña advirtió sobre la falta de voluntad política de las instituciones del Estado para dar respuesta a las familias de desaparecidos de la guerra, y señaló como una muestra de esta desidia la ausencia de una investigación seria en torno al hurto de cientos de expedientes que estaban bajo resguardo de Comadres, y que podrían haber ayudado a la investigación de dichos casos.

«La Policía y la Fiscalía han clasificado el caso como un delito de robo de documentos privados, cuando estos documentos tienen calidad de documentos históricos de crimen de Lesa Humanidad, y tendrían que estar haciendo investigaciones rápidas para poder ubicarlos», apuntó.

En ese sentido, Ramírez agregó que históricamente El Salvador ha sido un país en conflicto social, que no ha podido abordar las distintas expresiones de violencia que afectan a la población desde estrategias de prevención y con enfoque de derechos humanos.

Las comunidades vunerables en el país han visto mutar las formas de violencia que están históricamente arraigadas, sin que hayan apuestas claras para combatirlas. Actualmente el fenómeno de las desapariciones se expresa como una nueva modalidad para generar control en los territorios, pero también en la vida y en los cuerpos de las mujeres, de los jóvenes y adolescentes, además de otras poblaciones invisibilizadas como las personas LGBTIQ+.

«El tema de las desapariciones no es un tema solo actual, sino que es un tema que se ha venido arrastrando históricamente en el país, en donde elementos sumamente importantes como el acceso a la justicia, la negación de derechos, la impunidad y la negación de la existencia de delitos por parte de las autoridades ha estado presente y ha generado mecanismos de revictimización para las familias», explicó la representante del SSPAS.

Tanto en el pasado, como en el presente son mujeres, madres, esposas y hermanas, quienes protagonizan en la mayoría de casos la búsqueda de sus familiares desaparecidos, aunque esto signifique enfrentar un sistema de justicia que las acosa y criminaliza.

Campos, de la PDDH, señaló que para la institución es preocupante que el Estado no cumpla con su deber de garantizar la protección y el derecho a la verdad de la víctimas, pues no existen mecanismos eficientes de búsqueda e identificación con protocolos específicos para dar a las víctimas asistencia psicosocial y protección.

La Procuraduría también debe fortalecerse en ese aspecto, dijo Campos, pues carece de lineamientos claros para la atención de víctimas de desaparición.

Hasta la fecha, no hay una articulación del Estado con las organizaciones sociales que tratan el tema de atención a víctimas de violencia. Las panelistas coincidieron en la importancia de un diálogo transparente para garantizar un abordaje integral ante la situación de la desapariciones forzadas. De lo contrario, afirmaron, este flagelo continuará siendo una herida abierta del país, afectando a miles de familias.

Durante una audiencia temática sobre este fenómeno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversas organizaciones salvadoreñas señalaron al Estado por intentar invisibilizar la problemática de las desapariciones. Además, solicitaron al Gobierno que cumpla con sus compromisos en el tema, como la creación de un registro único de personas desaparecidas, el desarrollo de mecanismos de diálogo con los familiares y el fortalecimiento de las acciones de búsqueda, investigación y judicialización de los casos.