Diputados de Bukele aprueban la reelección presidencial indefinida y le abren puertas para perpetuarse hasta 2033

Por Gabriela Villarroel/Jaime Quintanilla

La Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo reformó este jueves 31 de julio la Constitución de la República para habilitar la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La iniciativa, aprobada de forma exprés por 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, desmontó los últimos candados legales que impedían la perpetuidad en el poder de Nayib Bukele, que ahora tiene el camino abierto para extender su mandato hasta el 2033 de manera ininterrumpida. 

De lograrlo, El Salvador entraría a las puertas de un gobierno bukelista de 14 años, un hecho inédito que incluso superaría el tiempo en el poder del dictador Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944). Y el camino para que este escenario ocurra también ha sido allanado por sus diputados. 

La reforma incluye una suspensión en 2027 de su actual segundo mandato (que debería culminar en 2029), para que un “nuevo presidente” sea electo en unas nuevas elecciones generales que homologarán los periodos presidenciales, municipales y legislativos a seis años: de 2027 a 2033.

Y no hay nada, según la reforma, que impida que Bukele corra de nuevo por esa candidatura en un contexto que se vislumbra favorable para el oficialismo, que ahora mismo controla todos los órganos del Estado, pero también el Tribunal Supremo Electoral.  Los cambios a la Constitución, por el contrario, sí explicitan que tendrán prohibido ser candidatos el presidente de la Asamblea, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros del gabinete, entre otros.

Otra de la reformas también elimina la segunda vuelta electoral, un mecanismo que permitía buscar certeza electoral ante resultados en los que ninguno de los contendientes alcanzara más del 50 % de los votos válidos en una elección. Ahora, en la legislación bukelista, ganará el que reciba más votos en una sola vuelta.Hasta ese jueves 31, un día antes del inicio de las festividades vacacionales de agosto en El Salvador, la Constitución de la República prohibía la reelección hasta en siete artículos. Una de estas disposiciones incluso ordenaba el retiro de los derechos de ciudadano a quienes apoyaran y promulgaran una reelección. Los diputados se aseguraron de que este artículo ya no exista, alegando que el país y las nuevas generaciones se enfrentan a una “nueva realidad” y ya no pueden estar atadas a “fórmulas del pasado”.

“Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”, declaró la diputada Ana Figueroa en la sesión plenaria, al presentar la solicitud de reforma a cinco artículos clave de la Carta Magna: los artículos 75, 80, 152 y 154. Desde que la Sala de lo Constitucional electa ilegítimamente por el oficialismo en mayo 2021 interpretó a favor de Bukele que  la reelección inmediata era posible, diferentes abogados constitucionalistas señalaron que justamente los artículos que fueron reformados eran los candados que impedían que un presidente se postulara a otro periodo inmediato.

“Históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones. Alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente (…) la única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos 75 y 152 propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos”, aseguró Figueroa.

La diputada insistió en que “lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño”, pero los cambios planteados por la bancada oficialista únicamente aseguran la continuidad de Bukele en el poder, al modificar los artículos que le prohibían ir por un nuevo mandato en las elecciones de 2029, cuando terminaba su actual periodo inconstitucional, porque la Constitución  salvadoreña, vigente desde 1983, prohíbe expresamente la reelección presidencial inmediata y vitalicia en al menos seis artículos diferentes. 

“Ha muerto la democracia en El Salvador”, aseguró la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, ante el pleno legislativo. “Hacen la reforma un día antes de las vacaciones, para que mientras la gente está en las ruedas por las vacaciones agostinas no se acuerden de cómo cambiaron la Constitución por dispensa de trámite, en una tarde, sin consulta y de la forma más burda y cínica que solo los diputados de Nuevas Ideas están acostumbrados a hacer”, añadió.

Pero lo cierto es que el parteaguas de la deriva autoritaria de Bukele puede marcarse  en mayo de 2021, cuando sus diputados, por mayoría, destituyeron de manera irregular a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Así lo reseñó el Centro de Estudios Jurídicos en un pronunciamiento en redes sociales: “La democracia no murió hoy en #ElSalvador, murió el 1 de mayo de 2021 cuando el gremio de abogados guardó silencio ante los infames atropellos a la Constitución y cuando la comunidad internacional nos dejo solos”.

La entidad también recordó que el artículo 88 de la Constitución señala que ”La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga la la insurrección”.

La organización Acción Ciudadana también condenó la maniobra de la asamblea oficialista, señalando que estas reformas “no buscan dar poder al pueblo ni ahorrar fondos públicos; por el contrario, su objetivo real es perpetuar al presidente en el poder”.

Para Acción Ciudadana, la apuesta de juntar una elección general busca una vez más la concentración de poder, evitar pérdidas de diputaciones y alcaldías al hermanar la elección con la presidencial y golpear a la oposición política. “Con esta reforma, en El Salvador está prácticamente cerrada la vía electoral como mecanismo para la alternancia democrática en el poder”.  

La directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, aseguró que los diputados de Bukele “están recorriendo el mismo camino que Venezuela”, al impulsar una reforma exprés para permitir la reelección presidencial indefinida. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, concluyó.

Un gobierno y un Bukele que mienten

La reforma presentada de forma exprés a la Asamblea Legislativa fue, en teoría, una iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, el partido dirigido por familiares y amigos de Bukele. 

La apuesta, de fondo, contradice una vez más a un Bukele que alguna vez como político recién estrenado y alcalde defendía los blindajes que daba la Constitución contra aquellos que buscaban perpetuarse en el poder.

Pero la reforma, además, contradice y deja un relegado tercer plano la apuesta de reforma constitucional impulsada por el vicepresidente Félix Ulloa, que según él aseguraba, no impulsaba la reelección indefinida.

La apuesta de Bukele y su partido, de hecho, bota toda la apuesta de Ulloa, que dedicó meses durante el primer mandato, el legítimo, a una apuesta que ni siquiera ha sido introducida a debate y estudio en los periodos legislativos dominados por Nuevas Ideas. 

Pero la reforma, además, vuelve a poner en entredicho las palabras y promesas de Bukele en torno a su continuidad en el poder. Solo en 2024, aseguró al menos en tres ocasiones que no buscará un tercer periodo porque la Constitución lo prohibía. “Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución por la prohibición del Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último”, dijo en una entrevista con la revista estadounidense TIME. 

En junio de 2024, poco después de ser reelecto de manera inconstitucional y haciendo uso de todo el aparataje gubernamental para asegurarse la victoria, el entrevistador estadounidense Tucker Carlson le preguntó a Bukele cuántos años le quedaban en la Presidencia, a lo que respondió: “Cinco años. Eso es lo que me permite la Constitución”

Y a principios de año, en febrero, en un space de red social Twitter (rebautizada como X), también dijo que “actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso”.

En la votación para aprobar las reformas, los diputados oficialistas jugaron con la idea de que en 2027 será “la población” la que tendrá en el poder qué presidente quieren que dirija al país en los próximos ocho años. Y en redes sociales hay quienes incluso ya comenzaron a hacer campaña a favor de su líder: “Lo digo sin rodeos: el Presidente Nayib Bukele es el único que puede llevar a El Salvador hacia donde nuestra población quiere llegar. No hay nadie más”, escribió Xavier Zablah Bukele, presidente de Nuevas Ideas y primo del mandatario.

Digan lo que digan, Nayib Bukele debe seguir al frente de esta transformación (…) Aquí estamos, Nayib. Tus guerreros. Preparados para defender esta transformación, para apoyarte con lealtad, y para asegurarnos de que todo esto se cumpla hasta el final…”, añadió.

Las reformas

1. Reelección indefinida

Con la reforma aprobada, los diputados eliminan el primer inciso del artículo 152 de la Constitución de la República, el cual establece que no puede ser candidato “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Este artículo fue el que utilizó el bukelismo como pretexto para permitir la reelección inconstitucional de Bukele en 2024. Los magistrados impuestos por el oficialismo en la Sala de lo Constitucional —tras la destitución ilegal de los jueces anteriores— reinterpretaron el 3 de septiembre de 2021 este mismo artículo, para permitir la reelección de Bukele por un segundo mandato consecutivo. 

El vicepresidente de la República, también reelecto inconstitucionalmente, ya había advertido que esta interpretación del artículo no garantizaba una reelección indefinida, si no un segundo mandato, que ya está en curso. 

2. Sin segunda vuelta 

Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados reformaron también el artículo 80 para “eliminar todo lo concerniente a la segunda vuelta electoral”, alegando que el costo de las elecciones se eleva hasta en $50 millones al desarrollar un balotaje. 

Se eliminó el segundo inciso que establece que “cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República ningún partido político o coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido mayoría absoluta de votos de conformidad con el escrutinio practicado, se llevará a cabo una segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos válidos; esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección”.

Ahora, el artículo indica que “se considerarán electos como presidente y vicepresidente de la República, los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en el correspondiente proceso electoral”.

3. Alargan periodo presidencial 

La reforma aprobada por Nuevas Ideas también modifica el artículo 154 de la Constitución que establece la duración del periodo presidencial, pasando de cinco a seis años. 

Además, añade un inciso para indicar que “en el caso de una reelección, el primer día del nuevo mandato no constituye un día más del

periodo que finalizó”. 

Figueroa explicó que la reforma busca una “mayor estabilidad” a los ciclos electorales, y aseguró que esto generará «más seguridad política y jurídica» para inversionistas extranjeros.

Los diputados también incluyeron una cláusula transitoria que acortaría el actual periodo presidencial (2024-2029) en dos años, para que finalice en 2027, y así «alinear» los calendarios electorales presidenciales, legislativos y municipales. 

4. Inmunidad a promotores

Los diputados oficialistas también eliminaron el inciso cuarto del artículo 75, que retiraba los derechos de ciudadano a quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Esta publicación es una colaboración entre FOCOS y Redacción Regional.