Directora Amnistía Internacional: “Nos preocupa mucho que Bukele se reelija”

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Andrés Dimas)

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, dijo que les preocupa que Nayib Bukele, presidente y candidato a una reelección inconstitucional, continúe en el poder tras los comicios generales del próximo año.

La abogada chilena y defensora de derechos humanos, quien se estrena como máxima representante del organismo en la región, conversó con FOCOS luego de la presentación del informe “Detrás del velo de la popularidad y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador” presentado el 5 de diciembre pasado.

El estudio de AI reveló que el Gobierno salvadoreño dirigido por Bukele ha empleado tortura y tratos crueles -sistemáticamente- en las cárceles salvadoreñas en el marco del régimen de excepción, que ha llevado, en varios casos, a la muerte de personas bajo custodia del Estado.

El informe también sostiene que la violencia de las pandillas ha sido sustituida por la violencia estatal en comunidades estigmatizadas y empobrecidas con la instauración de un “modelo estatal punitivo” que provoca que El Salvador esté en una grave crisis de derechos humanos.

En esta entrevista, Piquer dice que las actuaciones del Estado pueden ser crímenes contra el derecho internacional y que la permanencia de Bukele en el poder es peligrosa porque puede continuar con este sistema y fortalecerlo.

¿Cuáles son los hallazgos que desde Amnistía Internacional destacan de su informe?

Identificamos la presencia de una verdadera crisis en materia de derechos humanos en El Salvador que se ha ido agudizando con el tiempo. El informe analiza, los cuatro años de gobierno del presidente Nayib Bukele e identificamos la instalación de un modelo estatal punitivo que conlleva una serie de patrones de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso, torturas y malos tratos a personas privadas de libertad, y también fallecimientos en las cárceles. Por otro lado, identificamos  el cierre del espacio cívico y la persecución, estigmatización, criminalización de voces disidentes a las políticas que está adoptando el gobierno, incluyendo personas defensoras, organizaciones y periodistas.

El informe menciona con contundencia que el Estado ha empleado sistemáticamente la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en el marco del régimen de Excepción, ¿qué elementos les permiten llegar con certeza a esa conclusión?

Son varios elementos, el primero tiene que ver con testimonios. Entrevistamos a más de 80 personas quienes han estado dentro de las cárceles y todas han relatado tanto haber experimentado tortura como también haberla visto. Esto tiene que ver con golpizas principalmente, pero también con otras formas de malos tratos como la negación de atención médica en el caso de mujeres, la negación de atención a mujeres embarazadas. Todo esto se complementa con el hecho de que incluso las propias autoridades, las altas autoridades a cargo de las cárceles en El Salvador han, abiertamente, mencionado en Twitter que tenían una intención de causar sufrimiento a las personas que están privadas de libertad. Eso habla de una intención efectiva de causar daño. La tortura está siendo utilizada de distintas formas, tiene que ver con extraer supuestas confesiones de, por ejemplo, participar de pandillas. También se ha usado como forma de castigo o a veces simplemente porque podían y por qué querían, sin un motivo aparente. Los testimonios hablan de que ya no es algo aislado, es algo que se está haciendo casi de manera rutinaria al interior de las cárceles.

Estos hallazgos no causan empatía en gran parte de la población salvadoreña porque han sufrido barbaries de la violencia criminal ejercida por las pandillas, ¿podría explicar porqué es realmente grave que un Estado emplee la tortura o haga tratos crueles y degradantes a las personas privadas de libertad?

Lo primero es decir que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la tortura está prohibida siempre. No hay nada que justifique torturar, no hay una excepción a la regla. La tortura está prohibida, es un nivel de deshumanización y de “desdignificación” de la persona que no es aceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Ahora, tú hablabas del tema de la empatía. Lo crucial es que la tortura tampoco resolverá absolutamente nada en el sentido que la violencia pandilleril es algo que el pueblo salvadoreño ha sufrido por décadas. Es horroroso y que debe atenderse, pero el torturar a esas personas en las cárceles, aún cuando hayan cometido crímenes atroces, que no necesariamente todas ellas lo han hecho, muchas son personas inocentes detenidas arbitrariamente,¿qué se resuelve? No estamos atendiendo con eso una solución a la violencia, no se están atendiendo  las causas, la raíz. Se le está causando un sufrimiento a una persona que no va a cambiar su conducta, y que cualquier medida que tenga que ver con la prevención, rehabilitación, no se está consiguiendo, no se está haciendo nada al respecto. Hablamos de algo que no resuelve nada, que está prohibido en el derecho internacional, que está causando sufrimiento también a personas inocentes y que en definitiva, no está solucionando de ninguna manera ese sufrimiento que traía la población salvadoreña con la violencia de pandillas. Lo que está haciendo es sustituir una violencia por otra: la violencia de pandillas, se sustituye por violencia estatal y no hay ningún avance a partir de eso.

¿Cómo califica Amnistía Internacional a un gobierno que practica la tortura, o que bajo sus ojos se tortura o mueren personas con signos de tortura?

Nuestra calificación es que estamos hablando de un patrón de violaciones a derechos humanos y de una situación que revela la práctica sistemática de tortura y de malos tratos. Estamos hablando incluso de situaciones en las que esa tortura y malos tratos ha causado la muerte; y que implica una responsabilidad del Estado frente que podría llevar incluso a crímenes de derecho internacional.

¿El Salvador es un Estado torturador a la luz de estas evidencias y de sus conclusiones?

Es un Estado que está torturando de manera sistemática, que ha validado esa práctica de manera rutinaria en sus declaraciones y en su práctica. También porque no está haciendo nada por investigarlo, por detenerlo o por de alguna manera hacerse cargo de estos abusos. Está negándolo, no está haciendo ningún tipo de investigación. O lo está negando o lo está validando.

Usted menciona que estos hechos pueden constituirse en crímenes contra el derecho internacional, ¿por qué?

Para afirmarlo falta mucho por investigar y recopilar evidencias, pero la tortura ya es en sí misma un crimen de derecho internacional que está tipificado a nivel internacional como delito. Cuando hablamos de tortura, o de muertes en custodia, hablamos de los crímenes más graves desde la perspectiva de los derechos humanos.

Insisto, ¿no lleva esto a llamar a El Salvador a un estado criminal, torturador?

Estamos hablando de un Estado que puede estar incurriendo en crímenes y que se tendría que estar investigando de esa forma. Hay una responsabilidad del Estado en cuanto a garante de los derechos humanos y podría haber responsabilidad criminal específica de las personas que, de alguna forma, han cometido estos actos, o bien los han ordenado o consentido o han tenido conocimiento y no han hecho nada para evitarlo.

¿Es todavía un “podría”, entonces?

Lo que pasa es que la evidencia muestra que estos hechos están ocurriendo. La responsabilidad penal es algo que no nos corresponde como Amnistía Internacional calificarla, es algo que toca a los tribunales sea nacionales o internacionales. Pero los elementos, los hechos para que eso se produzca es algo que tenemos con nuestra evidencia y es lo que queremos mostrar también para alertar de esa situación y que ojalá esas investigaciones se hagan.

¿Qué normativas o convenciones internacionales el Estado salvadoreño podría estar violando?

Bueno prácticamente todas. Empecemos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el conocido como Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal, los pactos internacionales en materia de derechos civiles y políticos. Todos ellos tienen normas que resguardan el derecho a la vida la integridad personal, la prohibición de la tortura, la prohibición de la discriminación y el derecho a la asociación, a la libertad de expresión, etcétera. Todos estos derechos en nuestro informe hemos identificado que de una u otra forma se han se han estado violando en El Salvador.

En el informe, y recién lo comenta, se dice que la violencia de las pandillas ha sido sustituida por violencia estatal, principalmente en comunidades estigmatizadas, empobrecidas, de bajo nivel educativo, ¿cómo sustentan esta afirmación?

Esto empieza desde la revisión de bases de datos que nos proporcionaron organizaciones de la sociedad civil salvadoreña de personas que han sido detenidas arbitrariamente. Identificamos que la mayor parte de las personas detenidas son personas que tienen bajo nivel educacional, que no pasan de tener educación escolar, que tienen empleos precarios, principalmente, empleo informal y además, que viven en zonas que ya estaban identificadas como zonas marginalizadas, pobres y afectadas por el crimen organizado. En definitiva, son las mismas personas que antes estaban siendo víctimas del crimen organizado las que hoy día están siendo identificadas como sospechosas de pertenecer a ese crimen organizado y detenidas arbitrariamente. Para muchas de estas personas el temor cambió, pasó a ser víctima de las arbitrariedades de las autoridades estatales y ya no de las pandillas. Se sustituye o coexisten en algunos casos la violencia pandilleril con la violencia estatal y las personas afectadas por esto terminan siendo las mismas.

¿Cuán grave es esta sustitución y qué consecuencias trae a largo plazo?

Hay una cierta narrativa que te lleva a tener que elegir entre seguridad y derechos humanos, como que los derechos humanos fueran un bloqueo o un impedimento para poder conseguir seguridad. Eso es una falacia, una falsa dicotomía. No te pueden obligar a elegir entre seguridad y derechos humanos. Hay personas que antes se sentían inseguras por la violencia de pandilla y hoy día sienten otra inseguridad diferente de que tal vez los pueden tomar detenidos, que tal vez alguien les puede acusar injustamente. Lo que se está mostrando es que si no hay un elemento de derechos humanos en las políticas de seguridad, tampoco hay seguridad para nadie.

En el informe ustedes siguieron el discurso y mensajes en redes sociales de funcionarios del Gobierno, entre ellos el del director de Centros Penales, Osiris Luna… ¿Cómo califican su rol a la luz de estos discursos, qué evidencias se desprenden de ahí?

Del análisis que hicimos de estas cuentas de twitter, institucionales y de personas de Gobierno, encontramos que usan estas cuentas para descalificar, estigmatizar, incluso difundir cosas falsas de personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y que eso además tiene efectos muy reales en la vida de estas personas. Entonces, por una parte las autoridades están de alguna forma validando las violaciones de derechos humanos como una suerte de “mal necesario”; y por otro lado están atacando fuertemente a las personas que aparecen públicamente criticando estas medidas.

¿Cómo evalúan el trabajo del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el fiscal general o la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos?

En términos generales nuestra evaluación es que no están cumpliendo con el rol que debieran cumplir y eso es algo que también lo hemos escuchado de organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas. Nos han planteado esa misma preocupación, de que o bien están negando lo que está ocurriendo o bien no están cumpliendo su función investigadora, en el caso de la Fiscalía, y que tampoco están cumpliendo su función protectora de los derechos humanos.

¿Esto convierte en cómplice a estos funcionarios?

Al menos, están permitiendo que eso ocurra desde el momento en que no están cumpliendo con una función contralora efectiva de reaccionar frente a denuncias de violaciones a derechos humanos.

¿Eso es negligencia, no?

Podría serlo, sí.

Aunque el régimen podría llegar a su fin, en su informe advierten que las reformas penales permanecerán y que estas son peligrosas, ¿por qué? ¿Qué derechos violan estas reformas?

La mayor parte de esa reformas afectan directamente al debido proceso. Son normas que están dando un paraguas de legalidad a la suspensión de derechos procesales, que son derechos que nunca debieran suspenderse, incluso en estado de excepción. Elementos como el derecho a la defensa, el hecho que se aplique de manera automática la prisión preventiva cuando se trata de delitos asociados con pandillas, sin hacer una evaluación caso a caso de la necesidad de la prisión preventiva…  Que se hayan eliminado los plazos de máximos de prisión preventiva,  la posibilidad de que haya jueces anónimos, son todos elementos que afectan directamente el debido proceso. Nos preocupa que incluso si se levantara el régimen de excepción, hay muchas de estas prácticas de violaciones de derechos humanos que no van a terminar, porque ya de alguna manera se han instaurado como una práctica permanente en esta política punitiva del Estado.

¿Por qué es grave que personas inocentes estén en prisión?

Porque son inocentes. La cárcel debería ser el último recurso que tiene una sociedad para las situaciones particularmente graves y por lo mismo debiera ser tratada como una excepción, únicamente para personas que cometen delitos graves. Po eso es bastante importante el debido proceso porque esa es la manera, la herramienta, que tenemos para asegurarnos de que las personas que estén presas estén presas justificadamente. Si una persona ni siquiera tiene acceso a un debido proceso, no ha cometido nada, termina en la cárcel, se le están vulnerando una gama de derechos humanos que ya llega a un nivel de gravedad absurda. De nuevo, la prisión debería ser algo excepcional y cuando estás metiendo en la cárcel masivamente a personas solo por como se ven, por donde viven, pero sin ninguna investigación real, lo que estás haciendo es vulnerar una lista enorme de derechos humanos para cada una de estas personas. Básicamente imposibilita el desarrollo de su vida.También es importante ver que son familias que están rotas que se les trunca su proyecto de vida. Son historias de vida completas, no solo la persona que cae presa, sino todo un entorno, su familia, su comunidad la que se ve alterada por esto.

El presidente Bukele busca una reelección y las encuestas le dan el triunfo en 2024. Su principal activo de campaña es la seguridad y el régimen de excepción. ¿Es peligroso para los derechos de los salvadoreños que el presidente Bukele se reelija?

Nos preocupa mucho que se reelija básicamente porque no hemos visto nada, hasta ahora, que nos indique un cambio de rumbo. Su reelección es algo que podría no sólo continuar, sino incluso fortalecer este tipo de prácticas. Esperamos que no sea el caso y parte del objetivo de este informe justamente es alertar de eso y alertar también a nivel internacional, tratar de dar la máxima visibilidad posible a lo que está ocurriendo, acompañar a las organizaciones locales que están haciendo un trabajo impresionante de denuncia en un contexto sumamente hostil, y que podría ponerse más hostil, y básicamente alertar de que esto está pasando y de que una reelección podría significar que esto continúe o se profundice.

¿Qué tan complejo es que a la luz de los hallazgos de este informe, esta estrategia funcione como principal activo de campaña política del presidente Bukele?

Es cuanto menos preocupante.