División entre comisionados del IAIP por reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

Dos conferencias de prensa con dos posturas distintas. En una de ellas tres magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) externaron su preocupación por las recientes reformas al Reglamento de la Ley del Acceso a la Información Pública (LAIP) promovidas por el Órgano Ejecutivo, al considerar que menoscaban la autonomía de la institución. En la otra el magistrado presidente, en solitario, salió al paso y aseguró que no se pueden considerar como malos los cambios en la reglamentación sin estudio previo, pero evitó dar su postura profesional y personal sobre si apoya o no las modificaciones promovidas por el gobierno.

De esa manera este jueves 10 de septiembre saltó a la luz la primera división en el interior del pleno de comisionados del IAIP, los mismos que tienen en sus manos la responsabilidad de velar por el acceso a la información pública de la ciudadanía, un derecho que está siendo ampliamente cuestionado durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, al que diversas organizaciones civiles señalan de poco transparente.

El ejecutivo liderado por Bukele publicó en el Diario Oficial del 31 de agosto de 2020 el Decreto Ejecutivo número 34 que contiene seis modificaciones al Reglamento de la LAIP, que se centran en la resolución de controversias sobre información reservada, atribuciones del presidente del Instituto, inscripción de candidatos a comisionados y requisitos para ser comisionados.

De estos temas son los primeros dos los que más preocupan a las comisionadas Liduvina Escobar y Yanira Cortez y al comisionado Andrés Rodríguez, quienes creen que se está vulnerando la autonomía del IAIP y violentando los derechos de los ciudadanos. Los tres expresaron este jueves que un día antes, el miércoles 9 de septiembre, analizaron junto al resto de comisionados las reformas planteadas al Reglamento y que tras una discusión decidieron, por mayoría, emitir un pronunciamiento con sus inquietudes en el tema.

“Estamos haciendo las valoraciones jurídicas pertinentes de la aplicabilidad o no de la normativa, pero lo que hemos expresado a través de nuestro posicionamiento es que para nosotros la legislación que regula nuestro funcionamiento es la Ley de Acceso a la Información Pública y un reglamento no puede estar sobre esta normativa. Hemos sido nombrados para hacer cumplir y velar que el acceso a la información sea un derecho para todos los ciudadanos del país”, declaró ayer la comisionada Liduvina Escobar, que al igual que Yanira Cortez y Andrés Rodríguez fueron nombrados en el Instituto en 2019 por el ex presidente Salvador Sánchez Cerén.

Luego de forma específica se refirió a los dos temas que más les inquietan. El primero es la reforma al artículo 38 del Reglamento. En su versión original se establecía que el pleno de comisionados tenía la atribución de resolver de manera directa y por petición del solicitante las controversias sobre la clasificación o desclasificación de la reserva de una información, pero la nueva versión agrega un nuevo paso: el solicitante de la información debe hacer una primera apelación ante la misma institución a la que ha solicitado la información y hasta después podrá recurrir al Instituto.

“Esa reforma lo que hace es que el trámite se vuelva más engorroso, porque se está recurriendo ante la misma institución y posteriormente puede recurrir al IAIP. A veces esa información la gente la necesita de manera inmediata y con esto se amplía la espera para recibirla”, explicó Escobar sobre este punto. Actualmente el IAIP ya presenta una mora respecto a la resolución de este tipo de casos y hay retrasos hasta de un año para remover una reserva y entregar la información solicitada por un ciudadano.

El segundo punto fue sobre las atribuciones que el Ejecutivo le otorga de forma exclusiva al presidente del IAIP y que antes eran de todo el pleno. El artículo 61 del Reglamento establecía que el Instituto elaboraría las normas de funcionamiento interno, pero ahora todas esas atribuciones, como solicitar destituciones de empleados y custodiar la información que genera la institución, pasan al presidente de manera exclusiva.

Escobar dijo que esa reforma le da mayor notoriedad al presidente y le quita potestad al carácter colegiado de la institución, lo que afectaría la “autonomía administrativa” con la que el IAIP fue creado.

Yanira Cortez dijo que es imposible negar que con estas reformas, más la reducción presupuestaria de $65,000 anunciada en agosto, se intenta minimizar las funciones de una institución que ha sido clave durante los últimos para el control ciudadano. “Estamos viviendo un momento especial y particular. Actualmente los señalamientos por corrupción en el gobierno son diarios y salen a la luz gracias en parte al uso de la Ley del Acceso a la Información Pública. Esto (reformas y menos presupuesto) lo que está promoviendo es duda sobre la legitimidad de muchas instituciones del Estado”, declaró.

Presidente del IAIP sugiere más análisis

Minutos después de la primera conferencia hubo una segunda, en la que el actual presidente del IAIP, Ricardo Gómez, dio su versión sobre las reformas anunciadas por el Ejecutivo. Gómez fue juramentado a mediados de agosto por el presidente Nayib Bukele.

El magistrado presidente explicó por qué no apoyó la postura del resto de sus compañeros en el pleno, aunque aseguró que no está cerrado a sus comentarios. “Coincidimos en que hay que analizar las reformas jurídicamente y para eso requerimos tiempo. Las reformas nos llegaron a todos de manera sorpresiva y requieren un análisis a profundidad”, dijo Gómez.

El ex procurador adjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos le restó importancia a las nuevas atribuciones que el Ejecutivo le ha encomendado con el Decreto 34 y dijo que muchas de ellas ya le correspondían a su cargo, como la de conducir las relaciones oficiales de la institución.

“El IAIP es un órgano colegiado y las decisiones seguirán tomándose por mayoría, por votación. Puede haber diferencia de criterios, pero hay respeto”, añadió.

Gómez dijo que no apoyó la idea de un pronunciamiento porque no comparte la idea de “generar sosobra”, pero aseguró que, a falta del análisis, la presidencia de la república tiene la potestad para hacer las reformas por ley y que además los mismos comisionados son nombrados por el presidente.

Sobre la modificación para resolver controversias en el caso de información reservada, Gómez dijo no estar en contra del paso extra que se ha creado con el nuevo decreto y que se debe analizar si eso verdaderamente ocasionará un contratiempo a las personas solicitantes. “El Instituto como tal no participa en la fase de reserva, así que (la reforma) no nos quita nada”, expuso.

“Yo no puedo decir que apoyo o no apoyo. Hemos iniciado un proceso de estudio de las reformas. Yo llevo 15 días en el Instituto y no se me ha cuestionado por capacidad o transparencia”, añadió cuando le preguntaron su opinión personal y profesional sobre el tema.

Acá podrás ver la conferencia completa que dio el magistrado presidente del IAIP.