Economistas concluyen que no será posible realizar ajuste fiscal porque el presupuesto está desfinanciado en $862 millones

El pasado 11 de marzo llegó a El Salvador una misión del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de evaluar las finanzas públicas del país. La instancia financiera recomendó que es necesario hacer un ajuste fiscal del 2% del Producto Interno Bruto

Por Ivonne Renderos

Los economistas e investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Luz María de Portillo y Andrés Oliva, sobre la recomendación del FMI al Estado salvadoreño, coincidieron en que no podrá realizarse el ajuste fiscal debido a que el Presupuesto General de la Nación está desfinanciado, lo que generaría más deuda para el país.

Esta recomendación es una de las que se ha hecho desde hace varios años al gobierno, sin embargo, el Ejecutivo aclaró que para la evaluación de este año, las recomendaciones debían ser atendidas por la nueva gestión.

Andrés Oliva aseguró por su parte, en FOCOS, que se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. y los miércoles a las 6:00 p.m. por Canal 33, que el actual gobierno no cumplió nunca con la Ley de Responsabilidad Fiscal que permitía un ajuste del 3% del PIB.

Al respecto, Luz María de Portillo, planteó que la economía salvadoreña no ha mejorado debido a las remuneraciones que el Estado entrega, las cuales el año pasado fueron de $130 millones de dólares. También hizo referencia a la contratación de bienes y servicios que hace el Ejecutivo y que en 2018 llegó a los $60 millones.

Los estudios realizados por Fusades señalan que hay un «patrón acentuado de bajo crecimiento» en El Salvador debido a que desde hace varios años la tasa de crecimiento económico ronda el 2.5%.

Portillo asegura que este porcentaje es insuficiente para que en el país se puedan generar empleos para toda la población salvadoreña.

Para optimizar los gastos del Estado, Fusades propone que se mejoren las compras de bienes y servicios, a través de la subasta en reversa, que consiste en que los los oferentes compiten con un precio más bajo. También propone que se realicen compras de bienes homogéneos y que en lugar de que haya un presupuesto por área de gestión, se haga uno de acuerdo a los programas que el Estado implementa y sus resultados.

Por otra  parte, con respecto al aumento del Fodes  en 2%, aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, y sancionado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, los economistas han asegurado que “este no era buen un momento para realizar este ajuste”.  

Bajo el mismo argumento de que el presupuesto está desfinanciado, los especialistas aseguraron que este incremento en el Fodes, solo generará más deuda al Estado o se tendrá que quitar presupuesto a otra área para cubrir la demanda de las municipalidades.

Portillo afirmó que los parlamentarios no establecieron de dónde se obtendrían los fondos para poder financiar esta medida. Además hizo énfasis en que las municipalidades no cumplen con la Ley del Fodes, que establece que el 75% de los fondos deben ser destinados a proyectos de inversión y manifestó que las alcaldías por el contrario gastan más en remuneraciones y en bienes y servicios.

“¿Si la mayoría de fondos se están orientando a gastos corrientes cuál es la contribución al desarrollo?” Se preguntó la economista respecto al uso de estos fondos.

Ambos investigadores advirtieron sobre la ausencia de rendición de cuentas por parte de las alcaldías respecto al uso de este financiamiento.

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